Las autopistas radiales seguirán abiertas a la espera de un rescate

El titular del juzgado número 6 de lo Mercantil de Madrid, Javier Vaquer, ha dado un balón de óxígeno al Ministerio de Fomento en el caso de la que iba a ser inminente liquidación de la concesionaria Accesos de Madrid, operadora de las autopistas R-3 y R-5 de Madrid. El juez ha ha dejado sin efecto el cese de la explotación de ambas carreteras, así como de un tramo de 30 kilómetros de la M-50 y la circunvalación de Alicante (Ciralsa), fijado para esta noche, con lo que todas ellas se mantendrán abiertas.

El magistrado ha levantado pese a que considera que la nueva petición de tiempo planteada por Fomento “generará perjuicios ciertos y contretos a los acreedores de las vías, al incrementar la deuda, y al valor de las autopistas, dado que reducirá el importe de la responsabilidad de patrimonial del Estado ante los actuales concesionarios”, según citan fuentes jurídicas. De este modo, siguen siendo los bancos quienes soportan el peso del aplazamiento en el rescate.

A cambio de esta prórroga, Fomento deberá asumir la explotación de las autopistas afectadas en un plazo de 9 meses, que es el periodo solicitado por el Ministerio para acometer un rescate "ordenado". En un principio, la prórroga alcanza hasta el 1 de julio del próximo año.

En todo caso, el juez también se ha otorgado tiempo para emitir el auto en que se fijará la nueva fecha de cese de la actividad y reversión al Estado de las concesiones. Antes quiere escuchar a las partes, incluidos los sindicatos. En dos meses se conocerá el citado auto, que Fomento aceptará o no, si no coincide con la fecha del 1 de julio pactada.

Accesos de Madrid, participada por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia, forman parte de un ramillete de ocho concesiones quebradas y en distintas fases del concurso de acreedores. La gestión está fuera del alcance de los accionistas y en manos de administradores concursales. Su liquidación activaría la Responsablidad Patrimonial de la Administración (RPA), que se calcula en más de 4.500 millones de euros en total. En el caso de la citada Accesos de Madrid, la RPA superaba los 650 millones en el origen del contrato. La RPA entra en funcionamiento en caso de resolución anticipada de un contrato de concesión de infraestructuras. El mecanismo paga el valor que tiene el activo en función de los años que restan de explotación una vez restado el pago de expropiaciones si el Estado ha tenido que acometerlo en lugar de las concesionarias.

El juez Vaquer ha asumido los citados casos, y la aceptación de una prórroga para que el Ministerio de Fomento acometa un "rescate ordenado" de las autopistas paraliza, por el momento, cualquier tipo de pago del Estado a los accionistas de las concesionarias. O, en realidad, a la banca, a la vista de que la garantía que supone tener una RPA en el contrato concesional fue pignorada para levantar los créditos que financiaron la construcción de las carreteras.

Autopistas como las radiales de Madrid (R3, R5, R4 y R2); la AP-36 entre Ocaña y La Roda; la AP-41 que va de Madrid a Toledo; la circunvalación de Alicante, o la M-12 que enlaza Madrid con el aeropuerto de Barajas, se han visto afectadas por distintos fenómenos que han lastrado su tráfico durante años.

El diseño de muchas de ellas fue desacertado, según se reconoce desde el propio sector concesional; la Administración construyó alternativas gratuitas en casos como el de la AP-41; la crisis económica destrozó las previsiones de tráfico realizadas por el propio Ministerio de Fomento, y los sobrecostes en construcción, en ocasiones por solicitudes de obras extraordinarias por parte de la Administración, así como los justiprecios por las expropiaciones que salieron de los tribunales rompieron los esquemas económico-financieros de cada una de las concesionarias.

• Intentos de reflotación y rescate

Ante esta situación, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó orquestar mecanismos como eran las cuentas de compensación y los créditos participativos, y la Administración de Mariano Rajoy trató de pactar un rescate con duras quitas a los accionistas, que perdían el capital aportado; a las constructoras, que veían reducidas a la mitad las facturas por cobrar, y a los bancos, a los que se reducían las posiciones acreedoras de más de 4.000 millones a 2.000 millones.

Con las autopistas rescatadas ya en el perímetro de una empresa pública, a imagen de la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA), la banca recuperaría sus préstamos a través de un bono a 30 años con un rendimiento en el entorno del 1%. El plan se estancó en las negociaciones entre Fomento y la banca extranjera, que apreciaba una nueva quita implícita en el bajo rendimiento del bono.