El Gobierno balear aprueba la polémica ley de evaluación ambiental

El Parlamento de Baleares ha aprobado este jueves, durante un pleno extraordinario, la polémica Ley de evaluación ambiental, que permitirá, entre otras disposiciones, el paso de turistas y locales por zonas protegidas, unos caminos que discurren en su gran mayoría por propiedades privadas, al que solo tenían acceso científicos y ecologistas.

La norma prohíbe también las fiestas en barco (party boats) en costas vulnerables, que se han popularizado sobre todo en Ibiza y Formentera, y regula aquellos proyectos que considere insostenibles. Así, queda derogada la medida que permitía la construcción de un campo de golf en Son Bosc, un entorno natural de humedales amenazados que había sido declarado de interés autonómico. Esta legislación fue aprobada con los votos en contra del PP y pese a las alegaciones presentadas en el Parlamento autonómico por los ecologistas.

El acceso a senderos públicos por espacios de conservación, que atraviesan fincas privadas, ha sido una de las medidas más controvertidas. Y es que la regulación afecta, en concreto, a la familia March, cuya propiedad en Ternelles, al noroeste de la isla, en el municipio de Pollença, es un lugar de nidificación de aves amenazadas, como son el buitre negro, el águila pescadora o el halcón de Eleonora.

Además, debido a la masificación turística de la isla, los propietarios temen una estampida de visitantes sin control. No obstante, desde el Gobierno, formado por el PSOE, Més (ecologistas y nacionalistas) y Podemos, aseguran que pedirán una autorización previa.

Ecologistas, como la Fundación Vida Silvestre Mediterránea o el grupo Ornitológico Balear (GOB), han advertido que la norma rebaja la protección de las zonas de exclusión, que incluyen a la sierra de Tramontana, el 95% en manos privadas.

Aunque el GOB argumenta que, en el caso de Ternelles, la limitación ha sido injustificada al considerar que se ha recuperado la población de buitre negro. Las parejas han pasado de una en los años ochenta a 30 en la actualidad, y suman 130 ejemplares. Sin embargo, desde la Fundación Vida Silvestre la ven todavía en peligro y se quejan de la falta de agentes y de señalización en torno a este paraje.

Esta ley viola una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que prohíbe cualquier uso recreativo y de ocio en dicha finca por ser una reserva biológica. Un fallo que ha fracturado a la sociedad y que ha reabierto un conflicto antiguo en la isla sobre el uso del territorio. De hecho, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, anunció durante el debate parlamentario el “fin de una legislación a la carta”, en alusión a Ternelles.

Los ecologistas han denunciado dicha norma ante la Comisión Europea, preparan otra queja para el Defensor del Pueblo y han encargado un informe de impacto ambiental sobre las zonas de exclusión a la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá (UAH), para contar con una valoración independiente. La ley perjudica también a las zonas protegidas de Fornalutx y Escorca.