Baleares quiere abrir al paso las fincas de los March en un área protegida

Un nuevo proyecto de ley medioambiental que tramita el Gobierno de Baleares, presidido por el PSOE con el respaldo de Podemos y los Verdes, ha generado polémica en la isla. Organizaciones conservacionistas y dueños de fincas privadas rechazan la normativa porque consideran que “rebaja la protección” de las reservas naturales. Mientras que desde el Ejecutivo balear argumentan que la legislación “preservará mucho más el entorno”. Uno de los principales afectados es la familia March, propietaria de varias fincas en la zona protegida de la sierra de Tramontana donde viven los buitres negros en peligro de extinción.

El proyecto de Ley 4939 de 2016, de Evaluación Ambiental de las Islas Baleares, publicado en abril en el Boletín Oficial autonómico, busca “regular los proyectos (públicos o privados) que puedan tener efectos sobre el medio ambiente”, sustenta en su artículo 1. La finalidad es adaptar la legislación autonómica a las estatales y comunitarias, así como determinar qué impactos son asumibles en la isla, es decir, qué proyectos son sostenibles, explican desde el Gobierno autonómico a CincoDías.

Además, introduce varias disposiciones que modifican a la Ley 5/2005 sobre la conservación de espacios protegidos. Por ejemplo, prohíbe las fiestas en barco en zonas marinas vulnerables o autoriza el acceso a pie a sitios de dominio público por caminos o senderos de áreas protegidas. Aquí está el punto de conflicto.

• Un pulso público-privado

La Fundación Vida Silvestre Mediterránea, que preside Jesús Garzón, denunció la semana pasada ante la Comisión Europea dicha intención del Gobierno balear de “tramitar una ley por la vía urgente que pretende rebajar la protección medioambiental del paraje natural de la Tramontana de Mallorca”.

Una sierra muy sensible, en el noroeste de la isla, declarada en 2011 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por ser el hogar de especies autóctonas en peligro de extinción, como el buitre negro, el halcón Eleonora y el águila pescadora, entre otras, y que están incluidas en los programas de conservación prioritarios de la UE. Pero donde coexisten también fincas de particulares.

“Este proyecto viola las normas comunitarias, nacionales y autonómicas, al reducir la protección sin justificación científica alguna y sin la obligatoria participación ciudadana. Un claro ejemplo de arbitrariedad, desviación y abuso de poder”, alegan.

Aunque la norma, en fase parlamentaria, no especifica parajes concretos, sino que habla de impactos ambientales negativos y de hacer compatibles los usos públicos con el medio natural, la Fundación Vida Silvestre destaca, entre las zonas más afectadas, la finca de Ternelles, perteneciente a la familia March, que ostenta varias propiedades en una de las mayores reservas del lugar y que abarca desde la Tramontana, El Pla, hasta la costa. Más de 5.522 hectáreas en total. Y, en concreto, afecta a los municipios de Pollensa (donde ha veraneado el primer ministro británico, David Cameron), Fornalutx y Escorca.

El director de la fundación, Juan José Sánchez, explica que en la isla ha habido una explosión turística (13 millones de viajeros al año) para la que no estaba preparada. Y ahora utiliza el paraje natural para atraer visitantes más allá del sol y playa.

“No es tanto que la gente no vaya como que el Gobierno balear no ha señalizado las zonas de exclusión. O que los fines de semana hay un solo agente para los 100 km de largo por 20 de ancho de la Tramontana”, mantiene. Pero en el Ejecutivo autonómico aducen: “No se puede poner como excusa la conservación para prohibir el acceso a caminos públicos que se han cerrado”. Y aseguran que exigirá autorización para acceder al lugar.

Las reivindicaciones de paso por fincas privadas y áreas protegidas para ir a lugares públicos es una constante en la isla. De hecho, en 2015, la agrupación política Més (PSOE, Iniciativa Verdes y Entesa Mallorca) reclamó en una marcha la apertura de caminos que se encuentran “secuestrados en manos de particulares”, denunciaba públicamente el actual presidente del Consejo Insular de Mallorca, Miquel Ensenyat.

Este conflicto por el acceso al mar a través de Ternelles llegó incluso al Tribunal Supremo. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó una sentencia que obliga a proteger dicha finca, al ser una zona de máxima exclusión, y donde se prohíbe cualquier uso recreativo y de ocio por ser una reserva biológica. Un fallo que causó malestar en gran parte de la sociedad civil.