El reflejo nacionalista también agrieta el espacio Schengen

Primero, el euro. Y ahora, Schengen. Las dos grandes conquistas de la Unión Europea sufren tensiones entre los socios que amenazan con resquebrajar ambos proyectos de integración apenas 20 años después de su puesta en marcha. En ambos casos, el reflejo nacionalista impide o retrasa la gestión colectiva de problemas supranacionales, cuya dimensión se agiganta ante la falta de respuesta.

La zona euro (nacida en 1999) ya suma dos corralitos (Chipre, terminado, y Grecia, en vigor) y Alemania ha dejado claro que la primera expulsión de un socio podría consumarse si Atenas no cumple lo previsto en el tercer rescate recién aprobado.

La Europa sin controles fronterizos internos también presenta peligrosas fisuras. Y la canciller alemana, Angela Merkel, ha advertido de que será necesario revisar el acuerdo de Schengen (léase restringirlo) si los socios no se reparten los refugiados, con Hungría esta vez en el punto de mira de Berlín.

El foco de ambas crisis está muy localizado. Y, a primera vista, parece menor. En la crisis migratoria, las peticiones de asilo (626.065 en 2014) equivalen al 0,12% de la población de la UE (504 millones de habitantes). Y el número de peticiones aceptadas (162.770), al 0,03%. En el caso del euro, Grecia representa el 2% del PIB de la zona euro, menos que la Comunidad de Madrid.

Pero la envergadura de ambos problemas no depende de las cifras, sino del conflicto político que genera su gestión, agravado por la desconfianza mutua entre los socios y por las crecientes dudas de una parte de la opinión pública sobre las ventajas de haber suprimido las monedas y las fronteras nacionales. A derecha e izquierda se acusa a la UE de funcionar solo en tiempos de bonanza y en beneficio de los grandes operadores económicos. Cuando surgen problemas, llámense paro o deuda, la Unión se vuelve de espaldas y cada país debe asumir su factura.

La pesadilla se repite ahora con la llegada de personas procedentes de zonas en guerra en Siria, Eritrea o Irak, que han disparado las peticiones de asilo en un 44% en 2014 y se espera que aún más en 2015. En este caso, y a diferencia del paro, la deuda o la emigración económica, Berlín sí que apoya la comunitarización del problema, porque Alemania es el destino predilecto de los huidos, hasta el punto de que este año espera 800.000 peticiones de asilo, cuatro veces más que el año pasado.

Merkel, con el apoyo de Bruselas, pretende establecer un sistema permanente y obligatorio de reparto de esos refugiados, lo que trasladaría parte de la presión a otros países, incluidos los periféricos, como España, encargados ya de vigilar la frontera exterior. El pasado mes de julio, se pactó el reparto voluntario de 40.000 personas en dos años, de los que España solo aceptó 1.300. Con la nueva fórmula, se quiere multiplicar por cuatro, hasta 160.000, y la cuota obligatoria para España superaría las 15.000 personas.

La respuesta a ese plan de comunitarización está siendo entre los socios menos afectados tan insolidaria como la de los países acreedores (Alemania, Holanda, Finlandia, etc.) durante la crisis de deuda del euro. “Alemania tiene un problema y quiere que los demás abramos el paraguas”, espetaba la semana pasada el primer ministro húngaro, el conservador Viktor Orbán, tras reunirse en Bruselas con las autoridades europeas.

Orbán ha llegado a cancelar los trenes que salen de Budapest hacia Occidente para demostrar a los refugiados que Hungría es un callejón sin salida hacia Alemania y que deben buscar otra vía de acceso. Otros socios, como Grecia o Austria, parecen haber optado por la solución opuesta.Relajar los controles para que cientos de familias sirias o iraquíes pasen rápidamente camino de Alemania, Suecia o Francia. Esos tres países copan el 55% de las peticiones de asilo, a pesar de que no son la frontera exterior más próxima con las zonas de conflicto, lo que muestra que los refugiados evitan registrarse en el país de entrada (como establece el convenio de Dublín desde 1990) y esperan a llegar al destino preferido.

“La división es muy profunda y no cabe excluir el riesgo de ruptura”, advertía el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, socialista y alemán, tras reunirse con Orbán. En ese escenario, las críticas al euro y a Schengen arrecian y arraigan con facilidad, sean infundadas o no. Se achaca al euro tanto la supuesta subida de precios (aunque todos los países, incluso Alemania, tengan ahora menos inflación que con su antigua moneda) como la degradación real de las condiciones económicas en algunos socios (en el sur, según el BCE, se firman contratos con salarios equivalentes a los de hace 30 años).

La sensación de inseguridad también cunde y la amenaza del terrorismo yihadista deteriora la convivencia en el seno de urbes hasta ahora multiculturales y laicas. Pero los índices de violencia han descendido. Y las investigaciones y detenciones transfronterizas se han acelerado gracias a las alianzas de colaboración judicial y policial que complementan los acuerdos de Schengen.