El promotor podrá vender o alquilar en el mercado libre las VPO en stock
Los empresarios o entidades financieras que se acojan a la medida deberán devolver las ayudas estatales obtenidas El real decreto que regula el plan entró ayer en vigor
El Ministerio de Fomento está decidido a intentar reducir el stock de vivienda existente con todos los medios a su alcance. Descartada la posibilidad de crear con parte de esas casas un parque público para alquilar a precios sociales (el Ejecutivo admite que no cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo esa iniciativa), ha optado por una alternativa mucho más barata, ya que no tiene coste alguno para la Administración.
El Real Decreto aprobado el viernes pasado en el Consejo de Ministros que regula el Plan Estatal 2013-2016 entró ayer en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además de las ayudas directas que contempla conceder para el fomento del alquiler y la rehabilitación, incluye una disposición según la cual se podrá descalificar una vivienda protegida (VPO) con el objetivo de conseguir que se venda o alquile cuanto antes.
Así, el plan da varias opciones. La primera de ellas es modificar la calificación provisional o definitiva de las VPO en régimen de venta para que pasen a ser consideradas casas de protección oficial para arrendar. Si un promotor o una entidad financiera con esta clase de casas en cartera optan por este cambio no podrán acceder a ayudas adicionales a las que ya se les concedió en su día y sí estarán obligados a respetar las normas que rigen para todas las VPOen régimen de alquiler, que básicamente limitan la renta a cobrar. Otra posibilidad de modificación que prevé el plan es a la contra: es decir, en lugar de pasar una VPO en venta a otra en alquiler, también se permitirá que pisos protegidos en principio destinados al arrendamiento, puedan ser puestos a la venta. En ambos casos, está prevista la devolución de las ayudas o la interrupción de su cobro.
Procesos desiertos
Pero es que además de cambiar el régimen de tenencia, de la compra al alquiler y viceversa, el programa permitirá descalificar por completo la vivienda y que deje de ser protegida para ser considerada de renta libre. En este caso, como es lógico, habrá que devolver todas las ayudas estatales cobradas.
El texto publicado en el BOE establece que “excepcionalmente, durante el plazo máximo de tres años, se podrán descalificar las viviendas protegidas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación y destinadas a la venta, siempre que hayan transcurrido al menos seis meses desde su calificación definitiva y concurran dos supuestos”. El primero es que dichas casas hayan sido sometidas al procedimiento de selección de adquirentes o adjudicatarios correspondientes y haber resultado desierto aquél, como mínimo en un 80% del total de las viviendas. Y la segunda circunstancia es que se encuentren en un ámbito territorial en el que pueda acreditarse que “existen suficientes viviendas procedentes de la promoción libre, de similares características, tamaño y precio, terminadas en los dos últimos años y sin vender”. Con esta iniciativa se trata de facilitar la compra de estos pisos, ya que al ser de protección oficial sus potenciales propietarios debían inscribirse en un registro y cumplir con unos límites de ingresos. Al descalificarse podrán ser adquiridos por cualquier ciudadano.
Las autonomías deberán justificar todo su gasto
Otra de las novedades que incluye el plan de vivienda es el férreo control que prevé realizar de los fondos públicos que transfiere Fomento a las regiones.
Como si no se fiara del uso que hacen las autonomías del dinero que reciben del Gobierno central para acometer sus políticas de vivienda, el plan establece que parte de sus recursos presupuestarios podrán destinarse a la dotación “de sistemas informáticos para la gestión, el seguimiento y control del mismo”. Ya en tiempos del PSOE se quiso establecer un registro central donde cada comunidad comunicara mensualmente todas las ayudas que había otorgado en materia de vivienda. El proyecto nunca logró ver la luz.
Pues bien, ahora Fomento pretende rescatar aquella vieja idea. Así, el plan explica que una vez vencido el trimestre natural y antes del día 10 del mes siguiente, cada comunidad deberán dar cuenta del número de solicitudes recibidas por cada programa, detallando cuántas de ellas se resolvieron favorablemente y cuántas no. También estarán obligadas a consignar los datos de los beneficiarios que han recibido las ayudas y la cuantía de esas subvenciones. Deberán demostrar, incluso, que han utilizado todos los medios a su alcance para verificar que esos beneficiarios cumplen todos los requisitos para serlo.
Desde el departamento que dirige Ana Pastor, sin embargo, argumentan que lo regulado en el Real Decreto “trata de cumplir con el control del gasto público, intentando realizar de manera consensuada y coordinada con las comunidades autónomas un mayor control en las transferencias que se realizan, al ser subvenciones finalistas, ante nuestra obligación prioritaria de rendir cuentas del gasto publico”.
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