La estrategia nuclear de España, en suspenso

La primera impresión que se lleva el visitante al poner un pie en Villar de Cañas es desoladora. A las tres de la tarde no hay un alma en la plaza mayor. En medio del silencio reinante, unas pancartas verdes gritan a los cuatro vientos que los vecinos están de acuerdo con la construcción de un cementerio nuclear a escasos metros del pueblo. Pero nadie quiere hablar del tema, ni siquiera la dependienta de la tienda en cuya fachada cuelga uno de los carteles.

El nombre de este municipio perdido en las llanuras de Cuenca ganó notoriedad hace cinco años cuando el Gobierno lo escogió entre ocho candidatos para acoger el almacén temporal centralizado (ATC), nombre técnico de la instalación. El anuncio provocó un aluvión de gente en busca de empleo y locales para negocio. Hoy, de esa fiebre solo quedan las pancartas.

Los trámites para la obtención de los permisos han avanzado más lento de lo previsto y se han encontrado con la oposición de grupos ecologistas, de al menos cinco municipios vecinos y de la misma Junta de Castilla-La Mancha. El pulso en torno a este proyecto es solo uno de los varios frentes abiertos a los que España se enfrenta en materia nuclear.

La polémica sobre el uso de esta energía se ha reavivado este mes tras el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a favor de renovar la licencia de funcionamiento de la central de Garoña, en Burgos, siempre y cuando se invierta en la modificación de su diseño y otras medidas de seguridad para prevenir accidentes como el de Fukushima.

La renovación supondría extender la vida útil de la planta más antigua de España hasta 2031, cuando cumpliría 60 años, lo que de paso sentaría un precedente para el resto de centrales. Ahora la decisión final deben tomarla el Gobierno y la empresa operadora, Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola.

El Gobierno ha ofrecido al Partido Nacionalista Vasco cerrar Garoña, ubicada en el límite entre Burgos y Álava, a cambio de su apoyo en la votación de los Presupuestos de 2018. Sería el cierre definitivo porque Nuclenor paró la planta en diciembre de 2012, seis meses antes de que se venciera la licencia, argumentando que no era rentable.

En un foro sobre el sector celebrado al día siguiente de conocerse la opinión del CSN, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, dijo que analizarían el dictamen y tomarían una decisión. “Una vez que valoremos qué tipo de inversiones hay que hacer, veremos si es rentable o no”, afirmó.  

Pero su socio en Nuclenor parece tener una posición ya tomada al respecto. En abril del año pasado, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró a los sindicatos de la eléctrica que la reapertura era inviable.

El CSN no ha estimado las inversiones que serían necesarias en Garoña para que volviese a funcionar. “A diferencia de otros organismos homólogos, como la NRC de EE UU, el CSN no incluye datos económicos en sus informes, se limita a establecer las medidas que considera necesarias para la seguridad nuclear sin tener en cuenta su coste”, aclara Cristina Narbona, miembro del CSN que votó en contra de la renovación (el dictamen salió adelante con cuatro de cinco votos).

Sin embargo, reconoce que, si la vida útil de las siete centrales en funcionamiento se prolonga de los 40 años inicialmente previstos a los 60, el volumen de residuos aumentará alrededor de un 50%.

El manejo de estos desechos es clave porque deberán permanecer confinados miles de años hasta que dejen de emitir radiaciones. Actualmente cada central deposita sus propios residuos en piscinas especiales que ya están al límite de su capacidad.

Hace 10 años Enresa, la empresa estatal responsable de gestionar los residuos radiactivos, propuso la construcción de un almacén para guardar los desechos más peligrosos de todas las centrales de España durante un periodo de 60 años, mientras se les encuentra una instalación definitiva.

Esta solución temporal, que debería de haber estado disponible en 2010 y para el que se escogió el terreno de Villar de Cañas, ha quedado bloqueado en medio de un litigio entre el Gobierno central y el autonómico.

En julio de 2015, la Junta de Castilla-La Mancha, bajo el control del PSOE, amplió una zona protegida para aves de modo que abarcase la parcela destinada al ATC.

Tras varios meses de litigio, en enero pasado el Tribunal Supremo suspendió de manera cautelar la ampliación, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se pronuncia sobre el decreto autonómico. En su fallo, el Supremo consideró que la seguridad nuclear, en tanto ampara al medio ambiente en general, prevalece sobre la protección de una o varias especies en peligro de extinción.

Junto con el desenlace final de este litigio, falta que el Ministerio de Agricultura valore el impacto ambiental del proyecto (un trámite que Enresa acaba de reactivar) y que el municipio apruebe un nuevo plan urbanístico, ya que el que hacía posible la construcción del cementerio fue anulado por la Junta. 

La parcela, de 32 hectáreas, se encuentra vallada y señalizada. En algunos puntos del terreno se observan unos sensores. Enresa informa que estos aparatos miden los niveles piezométricos, es decir, la presión que ejercería el terreno sobre los cimientos del edificio.

El temor de los medioambientalistas es que, en caso de un vertido accidental, el suelo sea permeable y los residuos contaminen el agua subterránea. A través de los acuíferos, los desechos radiactivos podrían llegar al río Záncara, afluente del Guadiana, que discurre por la zona.

Al frente del emplazamiento, al otro lado de la carretera, se levanta un conjunto de tres edificios ya terminados, donde funcionará un vivero de empresas, aunque Enresa no ha definido todavía qué tipo de compañías se instalarán ahí. Un vigilante custodia el recinto y dos personas se ocupan de tareas de limpieza y mantenimiento. El plan contempla también la construcción de un centro tecnológico donde se realizarán trabajos de investigación.

El alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, defiende el proyecto: “¿Qué peligro puede haber? El ATC no produce nada. Es un almacén donde los residuos van a estar encapsulados y colgados como jamones”.

Saiz, de 52 años y militante del PP, lleva 21 años al frente del municipio, que dispone de un presupuesto anual de 600.000 euros y tres empleados. El alcalde y los otros seis concejales trabajan de manera honoraria. Si el proyecto, como Saiz está convencido, se concreta, el ayuntamiento recibirá una compensación de 2,4 millones de euros anuales durante 60 años. Otros 3,6 millones se repartirán entre los municipios vecinos ubicados en un área de 10 km a la redonda.

El alcalde indica que planea invertir el dinero en la construcción de una residencia de ancianos, una guardería y mejoras del alumbrado público, entre otras obras. Además, espera que el centro tecnológico reciba visitas de investigadores extranjeros que ayuden a reactivar la economía local.

Sin embargo, durante una entrevista en la oficina de su empresa, La Forjadora, una vieja fábrica de aperos, Saiz explica que su principal motivación para defender el proyecto no es económica sino impedir que la gente se siga marchando del pueblo. Desde que tomó las riendas del consistorio en 1995, la población empadronada en Villar de Cañas se ha reducido de 458 a 426 habitantes, de acuerdo con las estadísticas del INE.

"El ATC es la salvación de este pueblo", afirma Saiz. "Sin ATC, Villar de Cañas desaparecerá del mapa en 10 o 15 años. Con el ATC, tendremos vida más de 100 años", vaticina. Y para demostrarlo añade: "Los hijos de esas tres personas que están trabajando en el vivero han impedido que cierre la escuela".

Pero María Andrés, portavoz de la Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca, tiene una visión completamente distinta. La activista replica que en ninguno de los sitios donde se han instalado almacenes o plantas nucleares, la población ha aumentado.

"Por desgracia, la gente no quiere vivir en los pueblos. Profesionales con sueldos de 3.000 euros no van a venir a vivir a Villar de Cañas porque aquí se construya un almacén nuclear", sostiene. "Los investigadores que visiten el centro tecnológico ni siquiera tendrán que pasar por él. Por carretera pueden dirigirse directamente de Madrid al ATC y volver en el mismo día", señala.

Andrés, de 36 años, produce quesos de cabra artesanales en Villares del Saz, un pueblo a 15 minutos de Villar de Cañas. Como a muchos ganaderos y agricultores de la zona, le preocupa el impacto que el ATC puede tener en la imagen de productos típicos de la comarca manchega como el vino de Uclés, el ajo morado de Las Pedroñeras, la carne de cordero, el queso y aceite de oliva. "El campo no es un polígono industrial, sirve para producir alimentos", subraya.      

El Foro Nuclear, una asociación que agrupa a las empresas del sector, está de acuerdo tanto con la construcción del ATC como con la extensión de la vida útil de las centrales, a fin de facilitar la transición energética sin poner en riesgo el suministro.

“Existe la metodología y la experiencia, tanto por parte del CSN como de la industria, para llevar adelante este proceso”, afirma Antonio Cornadó, presidente del Foro Nuclear.

Según esta asociación, 10 años adicionales de operación de los reactores españoles supone producir una cantidad de electricidad equivalente a dos años y medio de consumo nacional, evitaría la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO^₂, aportaría 28.000 millones de euros al producto interior bruto (PIB) y más de 11.000 millones en impuestos, y consolidaría más de 27.000 empleos estables de alta cualificación.

En lo que va de año, el parque nuclear ha generado 7.643 GWh (gigavatios/hora) y contribuido al sistema con algo más del 21% de la electricidad total.

En cambio, los detractores de esta tecnología sostienen que la central de Garoña no debería reabrirse por motivos de seguridad y económicos, ya que elevaría el volumen de residuos a gestionar. Proponen más bien el cierre programado de todas las plantas nucleares españolas, depositando los desechos en almacenes que se construirían en cada una, en lugar del ATC, hasta que se acuerde a través de un debate nacional qué hacer con ellos.

“Lo sensato sería proceder al desmantelamiento [de Garoña] lo antes posible. Para ello hay que terminar de construir el almacén temporal individualizado, que debe usarse solo para eso, para el desmantelamiento”, recalca Francisco Castejón, físico nuclear e investigador miembro de Ecologistas en Acción.

La versión impresa de este artículo se publicó el 23 de enero de 2017 en el suplemento Entorno de Cinco Días.