La trama ‘Púnica’ y el papel de Cofely en los autos de Velasco

La respuesta llegó el día de Nochebuena de 2013. Fue entonces cuando las autoridades suizas contestaron a una comisión rogatoria de la Audiencia Nacional, que había detectado varias cuentas sospechosas del exdirigente del PP, Francisco Granados, de su esposa, Nieves Alarcón, del empresario David Marjaliza, de la mujer de este, Adela Cubas, y de la sociedad Sheraton Trading. Se descubrió entonces la trama de corrupción de la que se beneficiaron supuestamente varias empresas como la filial de GDF Suez, Cofely España, y políticos, alcaldes y técnicos municipales, entre otros, según recogen las agencias a partir de los autos del juez Eloy Velasco.

La presunta trama de corrupción destapada este lunes por la operación Púnica -37 detenciones y 14 imputados- habría logrado obtener de manera irregular la adjudicación de “numerosos” contratos públicos millonarios. “Las autoridades municipales se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo”, escribe el juez según Efe.

“Los fondos aflorados en las cuentas suizas pueden proceder de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y la contratación administrativa”, afirma el juez. El dinero procedía de “una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada, resultando tales empresas adjudicatarias de varios contratos”. Las comisiones para los políticos se habrían blanqueado a través de un complejo entramado societario.

Según los investigadores, una de las empresas que más se benefició de las licitaciones -que se daban sobre todo para la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética- es Cofely. Su sede madrileña fue registrada el lunes y en la tarde de hoy, jueves, el juez Eloy Velasco podría tomar declaración a su director general, Didier Maurice, y al director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva, ambos detenidos en la operación de anticorrupción. El magistrado tiene previsto interrogar a otros 14 arrestados, tras haber empezado a tomar declaraciones a 12 acusados ayer.

Según un auto dictado este miércoles por Velasco y que recoge Europa Press, el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE), recibió “una donación” por parte de Cofely a cambio de la adjudicación a esta compañía de un contrato de eficiencia energética por valor de 54,6 millones de euros. El único documento del BOE que parece vincular el Ayuntamiento de Parla con la compañía, sin embargo, es un anuncio de contrato por un importe total de 4,4 millones de euros, como ha averiguado Cinco Días.

Sea como fuere, el regidor eligió -siempre según el juez y como recogen las agencias- a Ruta Energética, una compañía vinculada al empresario David Marjaliza, como auditora de la operación, con el fin de encubrir “el pago de una comisión pactada”. El juez dictaminó que Fraile, imputado de integración en organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude, debe seguir en prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros.

Otro alcalde presuntamente relacionado con la trama y vinculado con Cofely es el de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), en libertad bajo fianza de 40.000 euros, al que se atribuye la concertación con la filial de la multinacional francesa un contrato de eficiencia energética por valor de 39,4 millones de euros (aunque el importe total que se publica en el BOE es de casi 43 millones de euros) a cambio del cual los miembros del Consistorio “habrían recibido pagos de 70.000 euros”.

Por su parte, el primer edil de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), en libertad con comparecencias mensuales, se puso “en manos” de Marjaliza y de otro conseguidor de la trama, Alejandro De Pedro, para la redacción de un contrato de eficiencia energética que también se adjudicó a Cofely tras la presentación de una oferta que resultó “laboriosa” debido a las condiciones de esta licitación, según recogen las agencias.

Están imputados también, entre otros, el concejal de Móstoles Alejandro Utrilla (PP), por dar ventaja en la adjudicación de un contrato por valor de 72 millones de euros a Cofely, que a su vez se comprometió a entregarle 240.000 euros; y el técnico de Serranillos del Valle, Marco Durán, que habría favorecido a la empresa en connivencia con el alcalde del municipio.

“Hay contratos de Cofely que no tienen nada que ver con los hechos que investiga la Audiencia Nacional que se podrían perder, lo que supondría un serio impacto en la actividad industrial y en el empleo”, ha señalado este jueves el sindicato Comisiones Obreras de Industria. “El negocio de la gestión y la eficiencia energética por el que la empresa está siendo investigada, no tiene más de dos años y tan solo representa el 5% de su actividad”, ha apostillado el sindicato, al manifestar “que las 2.300 personas que forman parte de la plantilla en España no tienen ninguna responsabilidad por la manera en que sus directivos han gestionado la compañía”. Con palabras muy parecidas se ha expresado sobre el caso también la federación estatal de Metal, Construcción y Afines de UGT.

GDF Suez, matriz de Cofely, ha afirmado respetar “la presunción de inocencia a la que tienen derecho los empleados que están declarando en este caso”, según una nota de prensa publicada este jueves.