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CSI-F exige la devolución de los días libres ganados por la antigüedad

Los funcionarios reclamarán en los tribunales los días 'canosos'

Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas.EFE

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha iniciado este miércoles una campaña para recuperar los días libres de los que disponían los empleados públicos por los años de antigüedad al servicio del Estado, los conocidos coloquialmente como canosos.

Para ello, ha anunciado que presentará un conflicto colectivo en el caso del personal laboral, y reclamaciones individuales del los funcionarios en todos los ámbitos y sectores de la Administración. En concreto, presentará demandas en tribunales de toda España, como ya ocurrió con la paga extra de Navidad que eliminó el Ejecutivo en julio de 2012 para contribuir a la lucha contra el déficit.

En la misma norma en que se suprimía la extra de Navidad a los empleados públicos, el Gobierno redujo a la mitad (de seis a tres) los días por asuntos particulares (los llamados moscosos) y eliminaba los días adicionales por antigüedad, los canosos.

El sindicato entiende que el decreto antidéficit de julio de 2012 se aplicó de manera retroactiva, algo que prohíbe expresamente el artículo 9.3 de la Constitución Española.

De hecho, CSI-F se remite a una sentencia reciente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao en la que se señala que la eliminación de los días por antigüedad no puede aplicarse con carácter retroactivo, de manera que no puede afectar a aquellos trabajadores que habiendo cumplido los 15 años de servicio o más hubieran causado derecho a disfrutar de los días adicionales de vacaciones.

“Con este mismo argumento, jueces de todo el Estado se han pronunciado para reconocer el derecho a la paga extra devengada y el Tribunal Constitucional tiene varias cuestiones encima de la mesa”, recuerdan desde CSI-F.

Los canosos fueron reconocidos a los empleados públicos como una medida compensatoria por las sucesivas congelaciones salariales que sufrieron con gobiernos de diferente color político desde los años 80.

 

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