Cuatro años de cárcel para el brigada que estafaba a empresas alimenticias
El Supremo condena a un miembro del Ejército que cobró 1,1 millones a proveedores de alimentos de Defensa
Pocos en el Ejército han disfrutado tanto del rancho como el brigada responsable de abastecer de alimentos al Cuartel General del Ejército a mediados de los años 2000. Y no fue comiendo. El Tribunal Supremo acaba de condenarle a cuatro años de prisión por estafar 1,1 millones de euros a varias empresas proveedoras de comestibles.
Viandas para un rancho que también tiene los visos de llegar a ser uno de los más caros del Ejército, pues el Ministerio de Defensa ha sido condenado como responsable civil subsidiario de compensar a las empresas afectadas.
En concreto, el Alto Tribunal impone que se abonen 836.424 euros a Gallega de Alimentación S.A. (Galsa); 99.077 euros a Cooperativas Ourensanas SCG; 56.034 euros a Novafrigsa S.A. y 36.542 euros a Industrias Frigoríficas del Louro S.A. (Frigolouro).
La sentencia estima los recursos de las acusaciones, ejercidas por las empresas perjudicadas, y reconoce El fallo reconoce el derecho de los perjudicados a cobrar las cantidades anteriores con los intereses moratorios desde la fecha de la interposición de la querella.
El fallo también condena a una segunda persona, aquella que puso en contacto al militar con las empresas afectadas, a quien se imponen tres años de cárcel y una multa de 4.320 euros.
El brigada, destinado a la sede del Regimiento Inmemorial del Rey en el Cuartel General del Ejército contactó en 2003 con el comercial de las empresas negociando con ellas el suministro de comestibles a precios asequibles como para alimentar a 1.500 militares de las dependencias.
Las entregas de productos cárnicos se sucedieron con normalidad a partir de ahí, entre mediados de octubre de 2003 y el 7 de enero de 2005, cuando las empresas cobraron por su servicio al Ministerio de Defensa mediante ingresos en cuenta o transferencias bancarias.
A partir de entonces, sin embargo, el brigada condenado comunicó a las empresas afectadas que la falta de espacio en el Cuartel General hacía necesario comenzar a hacer las entregas en unas cámaras frigoríficas que el Ejercito tenía en Mercamadrid.
Las facturas, no obstante, se les seguirían entregando a él en mano en la sede del Ejército, donde el militar les recibía “vestido de uniforme, en presencia de personal del Ejército y valiéndose de varios cabos auxiliares” reza el fallo.
Les informaba entonces de que los pagos comenzarían a demorarse pero haciéndoles ver que un servicio al Estado no dejaría de ser abonado y que el Ejército se haría cargo de las facturas pasados nueve meses.
Las empresas continuaron dando servicio con normalidad entregando viandas por valor de 1,128 millones de euros hasta que tuvieron noticia, a través de mayoristas y distribuidores, de que sus comestibles eran revendidos en zonas de Andalucía y Levante a civiles que pagaban menos que el precio ofrecido al Ejército.
Cuestionados por las empresas, el brigada y su socio “ahondando en el engaño”, contestaron que era su labor gestiona el excedente de pedidos alimenticios del Ejército vendiéndolos libremente en el mercado a terceros.
El Alto Tribunal subraya que el condenado aprovechó su condición de militar “en el ejercicio de su cargo, y aprovechándose de los medios, instalaciones alquiladas y de su titularidad, uniformes, sellos y marcas”.
En su sentencia, no obstante, el Supremo estima parcialmente el recurso presentado por el condenado y le rebaja la pena de 5 años y 9 meses de prisión, impuestos por la Audiencia Provincial de Madrid, a cuatro años tomando como atenuante la dilación del proceso.