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Supervisión financiera

Bruselas plantea la disolución de la EBA a raíz del ‘brexit’

La CE abre una consulta urgente sobre el futuro de la Autoridad Bancaria Europea París y Fráncfurt esperan asumir las competencias del supervisor tras su salida de Londres

Oficinas de la EBA en Londres
Oficinas de la EBA en Londres

La Autoridad Bancaria Europea, nacida en 2011, e instalada desde entonces en Londres, parece condenada a la desaparición tras la salida del Reino Unido de la UE. El brexit había desencadenado la carrera entre varios países por hacerse con la sede de la EBA (según las siglas en inglés de la agencia).

Pero, de momento, ganan peso los partidarios de suprimir el organismo para simplificar la estructura de vigilancia financiera y reducir el número de organismos satélites de la UE, que ya cuenta con 45 agencias externas con más de 5.500 empleados en total.

La disolución de la EBA favorecería a París y Fránkfurt, porque todo apunta a que los organismos europeos instalados en esas dos capitales absorberían a los 165 empleados de la Autoridad Bancaria.

La Comisión Europea ya ha dado el primer paso en esa dirección. La semana pasada, el vicepresidente de la CE y responsable de mercados financieros, Valdis Dombrovskis, abrió una consulta pública sobre el futuro de las tres agencias de supervisión financiera (la EBA, la de mercados bursátiles y la de seguros) en la que plantea abiertamente la disolución de la autoridad bancaria y la transferencia de sus competencias a las otras dos.

165
empleados tiene la Agencia Bancaria Europea, ubicada en londinense
barrio de Canary Wharf. .

33,4
millones de euros es el presupuesto anual de la EBA, con un 40% a
cargo del presupuesto de la UE. Bruselas quiere reducir esa
aportación.

El documento sugiere la posibilidad de que la EBA se fusione con la Autoridad de seguros y pensiones (EIOPA, por sus siglas en inglés), situada en Fráncfurt, “para maximizar sinergias”. Al mismo tiempo, “las competencias relacionadas con protección del consumidor pasarían a la Autoridad de Mercados bursátiles (ESMA, en inglés)”, instalada en París.

Urgencia

La solución sugerida por el documento de Dombrovskis permitiría a la CE mantener parte de la supervisión del sector bancario, aunque no fuera una agencia específica. Bruselas evitaría así el otros escenario que se baraja, que otorgaría al BCE toda la supervisión y regulación del sector bancario (a través del Mecanismo Único de Supervisión) sin ninguna competencia para la CE.

La consulta forma parte de la revisión periódica del marco regulador. Pero la coincidencia en el tiempo con el brexit (que se activará pasado mañana, según ha anunciado el gobierno de Theresa May) y con el debate sobre la nueva sede de la EBA, convierte este ejercicio en el comienzo de una reorganización mucho mayor.

“El traslado de la EBA una vez que el Reino Unido salga de la UE (...) supone una oportunidad añadida para reflexionar sobre la idoneidad del actual esquema de supervisión”, señala el documento de Dombrovskis.

La CE, de hecho, ha recortado de 12 semanas a ocho el período de la consulta (hasta el próximo 16 de mayo). Bruselas justifica la premura en el hecho de que las partes interesadas ya han tenido varias ocasiones recientemente para pronunciarse sobre los organismos de supervisión. Pero las prisas se ajustan a la urgencia de la propia Comisión, que desea tomar una decisión sobre el futuro de las dos agencias radicadas en Londres (la EBA y la de Medicamentos) en los primeros compases de negociación del brexit. Para la Agencia de Medicamentos ya se busca nueva sede. Para la EBA, quizá no haga falta.

Muchos supervisores y poca supervisión

La supervisión del sector financiero en Europa se ha convertido en una sopa de siglas tras las que figuran numerosos organismos, centenares de funcionarios... y pocas medidas de vigilancia efectiva. Un estudio sobre la eficacia de los sistemas de control del sector bancario, encargado por el Parlamento Europeo y publicado la semana pasada, concluye que los solapamientos entre las diversas autoridades europeas (nacionales y comunitarias) impide un control efectivo. En cambio, en EE UU, donde las competencias y poderes de cada autoridad están bien delimitados, la vigilancia es mucho más contundente. Cada año, según el estudio, EE UU aplica unas 500 medidas correctivas. Y en 2014 y 2015, cuando el pico de la crisis ya había pasado, EE UU impuso multas a la banca por valor de más de 2.000 millones de dólares. A raíz de la crisis iniciada en 2008, Europa intentó también endurecer la vigilancia. En 2011, se establecieron la EBA (autoridad bancaria), la ESMA (mercados bursátiles) y la EIOPA (seguros y pensiones). Poco después se creó el Mecanismo Único de Supervisión, dependiente del BCE y con más de un millar de empleados, y el Mecanismo único de resolución. Y a todo ello se añaden las autoridades nacionales en cada uno de los 28 Estados miembros de la UE. La miríada de organismos no parece haberse traducido en una vigilancia más estricta.  El BCE ni siquiera da información sobre sus actuaciones disciplinarias. Y un informe del Tribunal de Cuentas europeo criticó duramente a finales de 2016 el nuevo modelo de supervisión y señaló que en el 92% de las inspecciones no participa ni un solo funcionario del BCE.

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