Fomento afronta pleitos por más de 6.000 millones por las autopistas

Fomento ha pasado, en solo diez años, de ser el ministerio de las inversiones y el lucimiento, a convertirse en terreno minado por conflictos y pleitos de costosa resolución. El paso de la crisis y la dificultad para mantener el parque de infraestructuras han hecho que se acumulen los problemas, que ahora afloran con virulencia en manos del ministro Íñigo de la Serna. La piedra más ligera en su mochila podría ser la de la reforma de la estiba, que ya ha costado un histórico rechazo a un real decreto en el Congreso y supone una sanción económica, por el momento de 23 millones, del Tribunal Superior de Justicia de la UE.

Solo en carreteras, el ministerio de la obra pública se enfrenta al deber de desembolsar indemnizaciones a corto y medio plazo que podrían superar los 6.000 millones, siendo una de las labores fundamentales de Fomento reducir la factura a través de la negociación o por la vía judicial. En el sector privado de las infraestructuras no son pocos los que meten presión, asegurando que el Estado debe afrontar la factura al estar en juego la credibilidad del país o conceptos capitales para los negocios como la seguridad jurídica.

Este martes se tuvo noticia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que da base a compensaciones a Abertis, hasta el momento por 1.500 millones, por inversiones adicionales a las contempladas en el contrato concesional en la autopista AP-7. La concesionaria, que construyó carriles adicionales por 500 millones, cobraría una vez finalizado el plazo de concesión, en agosto de 2021, en virtud de un convenio de tráfico garantizado. Las expectativas de incremento de tráfico no solo se incumplieron sino que la concesionaria Acesa sufrió durante la crisis el generalizado desplome de usuarios.

A estos 1.500 millones se suman cerca de 800 millones reclamados también por Abertis como indemnización por la apertura de vías gratuitas, no previstas, en el momento de las adjudicaciones de tramos de la AP-7 y AP-4 a la filial Aumar. La solicitud del reequilibrio económico financiero de la concesión, ante el lastre para tráfico e ingresos, fue presentada por la empresa a la Administración General del Estado en febrero de 2011. No ha sido atendida y Abertis pelea desde julio de 2015 en el Supremo por una indemnización que cubra la pérdida de negocio de su concesionaria entre 2002 y la conclusión de la explotación, en 2019.

Son unos 2.300 millones en perjuicios denunciados por la mayor concesionaria de autopistas del mundo, pero posiblemente esa cifra se quede por debajo del cheque que tendrá que afrontar el Estado en el esperado rescate de las autopistas quebradas.

El problema comenzó en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, cuando se trató de reequilibrar una decena de concesiones de autopistas con préstamos participativos y cuentas de compensación en busca de cubrir sobreprecios en las expropiaciones y el entonces incipiente desplome del tráfico de pago. Las fórmulas no resultaron y hasta ocho de esas concesionarias van camino de la liquidación. Con una deuda adosada de 4.500 millones y garantías multimillonarias ante la reversión de las concesiones (responsabilidad patrimonial de la Administración o RPA), De la Serna y su equipo esperan recibir este verano las llaves de las primeras autopistas: R-3 y R-5, agrupadas en la concesión Accesos de Madrid, y la circunvalación de Alicante (Ciralsa).

La patronal de las constructoras y operadoras de autopistas, Seopan, calcula que la citada RPA, pignorada por las operadoras para garantizar la financiación que ayudó a construir esas carreteras, supera los 5.000 millones, mientras Fomento baraja cifras por debajo de los 3.000 millones. La negociación entre acreedores y Gobierno en busca de un rescate ordenado está paralizada en espera de una solución en el caso de la estiba.

Mientras se resuelven estos frentes, el ministerio ha recibido, a través de Renfe, la mayor multa individual impuesta por la CNMC. Son 65 millones por prácticas contra la competencia en mercancías, ante lo que se ha anunciado recurso.

También está abierto el caso de TP Ferro, concesionaria del túnel ferroviario bajo Los Pirineos, que volvió el pasado diciembre a manos de los Estados español y francés. Los bancos y fondos acreedores esperan cobrar los 560 millones de deuda, mientras los titulares de la concesión, ACS y Eiffage, reclaman 450 millones de euros y niegan haber incumplido el contrato de concesión.