Una solución para resolver dos problemas

El texto de la futura ley de reformas urgentes para los autónomos que se está tramitando en el Congreso está teniendo más problemas de lo que su brevedad –son solo seis artículos– podría hacer prever. Tras varias ampliaciones del plazo de enmiendas, todo apunta a que la situación puede desbloquearse la próxima semana y seguir adelante. Entre las medidas conflictivas del texto figura una modulación del recargo por retraso en el pago de las cotizaciones de los autónomos que la Seguridad Social no ve con buenos ojos. La propuesta aboga por sustituir ese recargo, que actualmente es del 20% de la deuda desde el primer mes de retraso, por una escala que comience en el 3% –si ha transcurrido un mes–, se eleve al 5%, si son dos, al 10% si asciende a tres, y al 20% cuando supere las tres mensualidades. La Seguridad Social, que considera excesiva esta modulación, afirma que la medida mermará “notablemente” la recaudación del sistema. También sostiene que los recargos propuestos, considerablemente menos severos que el sistema actual, no son disuasorios, lo que incitaría a los trabajadores autónomos a financiarse con el retraso en los pagos de las cotizaciones. El tercer argumento tiene que ver con la lucha contra la morosidad. Los datos del organismo indican que la tasa de impagados está actualmente en el 1,7%, un porcentaje que llegó a situarse en el 4,5% en los primeros años de la crisis. Precisamente fue la adopción del recargo del 20% en 2013, lo que aceleró la disminución de esa tasa de morosidad, aunque esta había ya comenzado a descender desde julio de 2012. Desde el Ministerio de Empleo recuerdan, además, que una reforma de esta naturaleza debería aplicarse no solo a los autónomos, sino a todo tipo de empresas para evitar la discriminación.

Entre ambas posturas hay una solución que el Gobierno ve con buenos ojos. La propuesta consiste en establecer solo dos tipos de recargo: uno inicial, superior siempre a los tipos de interés y que podría fijarse en un 10% o un 15% para el primer mes, y otro de un 20% para el segundo. De esta forma se suavizaría el severo régimen actual y al tiempo se mantendría un sistema lo suficientemente disuasorio como para mantener a raya la morosidad.

En la reforma del recargo por impago de las cotizaciones de autónomos existen dos bienes a proteger. Por un lado, es necesario respaldar la actividad de los pequeños empresarios y profesionales como medio de favorecer la recuperación económica y la creación de empleo; por otro, hay que tener en cuenta la precaria situación financiera de la Seguridad Social y la disciplina presupuestaria que España debe acatar para cumplir con los objetivos de déficit público. El modelo del Gobierno no es la única solución posible, pero tiene en cuenta ambos aspectos del problema.