Hacia una reformulación del sistema de pensiones
La experiencia europea evidencia que hay que buscar un mayor equilibrio entre el sistema público y el de capitalización privada
Los elevados niveles de desempleo, el descenso de los salarios por la precariedad laboral y el aumento de la esperanza de vida –unido a la disminución de la natalidad– están planteando dudas sobre la viabilidad futura del sistema de pensiones. En este contexto, el Gobierno da por sentado que el fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, se agotará este año. Al finalizar 2016 contaba con 24.200 millones de euros, mientras que en 2011 tenía más de 66.000 millones. Desde el inicio de la crisis se han recuperado 1,7 millones de empleos, pero gran parte son temporales o precarios, por lo que ha caído la base de cotización, y desde 2007 el número de jubilados ha crecido en un millón.
El secretario de Estado de Presupuesto, Alberto Nadal, afirmó recientemente que cuando se agote la hucha de las pensiones se recurrirá a las emisiones de deuda del Tesoro para financiar los desfases de la Seguridad Social. Sin embargo, esta situación exige de un cambio más profundo, basándonos en la premisa de replantear definitivamente el sistema actual para garantizar el bienestar social.
La experiencia europea evidencia que hay que buscar un mayor equilibrio entre el sistema público y sistemas de capitalización privada, para diversificar las fuentes de ingresos de los pensionistas. Dinamarca, Finlandia, Holanda o Suecia han evolucionado para que su modelo pueda ser sostenible y responda a los retos futuros, tomando como base –en algunos casos– la totalidad de las cotizaciones laborales e, incluso, permitiendo al trabajador escoger a qué sistema quiere acogerse según sus aportaciones, con el objetivo de que puedan mantener su estilo de vida previo a la jubilación.
El cambio hacia un sistema de capitalización debería implicar un proceso de transición, la implantación de un sistema mixto en el que se combine la parte de la solidaridad intergeneracional o reparto (sistema actual) con un modelo de capitalización donde cada beneficiario o pensionista debería recibir una pensión según la cotización de toda su vida laboral. Este cambio también debería partir de una mayor concienciación social, de la comunicación a los ciudadanos de la pensión esperada en su jubilación, en base a los datos que posee la Seguridad Social, para resaltar la importancia de fórmulas complementarias, como planes de pensiones corporativos o planes de ahorro particulares. Las medidas tomadas actualmente pasan por alargar la edad de jubilación, extender el cómputo de años de cotización e incluir el factor de sostenibilidad, sin abordar una reforma profunda del sistema.
"Los planes de pensiones empresariales deberían convertirse en un elemento básico del sistema de previsión social"
Actualmente la contratación de planes de pensiones cuenta con varias barreras en las que se debería trabajar, como la escasa concienciación de la población sobre sus pensiones futuras, el bajo incentivo fiscal tanto en aportaciones como en el momento del cobro de las prestaciones, e incluso el temor de parte de la población a perder la prestación pública en caso de poseer sistemas privados complementarios.
En los últimos años, además, los planes de pensiones corporativos o empresariales han quedado rezagados en España, principalmente por dos motivos: en primer lugar, por la crisis económica que ha llevado a muchas empresas a considerar como secundario y olvidar esta posibilidad; y, en segundo lugar, por la falta de incentivos fiscales a su contratación por parte de las compañías. Los planes de pensiones empresariales deberían convertirse en un elemento básico del sistema de previsión social, contando con incentivos fiscales y con el respaldo de una regulación obligatoria o semiobligatoria para lograr que su contratación experimente un aumento decisivo y suponga un punto de inflexión para la sostenibilidad del sistema.
Desde el Gobierno deberían empezar a plantearse medidas que contribuyan a la contratación de estos productos de previsión social por las corporaciones, con la incorporación de incentivos fiscales a las empresas, y los particulares, con el aumento de los límites de deducción fiscal, la eliminación del límite financiero en las aportaciones, mejoras evidentes en el momento de cobro de las prestaciones y una mayor seguridad o certeza jurídica a largo plazo que permita realizar la planificación financiera de la jubilación de forma sistemática. El nuevo escenario económico y social, unido a los nuevos retos demográficos, urge a seguir la estela de Europa y establecer una nueva hoja de ruta para asegurar el futuro de las pensiones, garantizando prestaciones para todos los ciudadanos.
Alfonso Castro Acedo es director de Arquia Gestión.