“Las empresas deben tributar en el país en el que generan valor”
"Lo que era habitual hace diez años, hoy está siendo revisado” "El mundo de la transparencia fiscal ha llegado para quedarse"
Montserrat Trapé es una de las grandes especialistas en España en precios de transferencia, es decir, en cómo se valoran las operaciones comerciales dentro de un mismo grupo empresarial. Supone una de las áreas propicias a las planificaciones fiscales agresivas y que centra la atención del proyecto BEPS, el programa más relevante impulsado por la OCDE y el G-20 para luchar contra la erosión de las bases imponibles nacionales y el traslado de beneficios a países de menor tributación. Tras iniciar su etapa profesional en la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda, Trapé se incorporó a KPMG hace diez años y hoy es la socia responsable del área de Precios de Transferencia y Tributación Internacional de la compañía. Defiende que el mundo se dirige hacia un escenario de mayor transparencia fiscal e intercambio de información tributaria, una tendencia que cree que ni la victoria de Donald Trump y su deriva proteccionista detendrá.
¿Las grandes empresas han abusado de las operaciones vinculadas para reducir su factura fiscal?
La gestión de los precios de transferencia es el mayor riesgo fiscal de los grupos multinacionales y las empresas son conscientes de esta realidad. Por esta razón, uno de los retos que están afrontando las compañías es la revisión de sus políticas fiscales. Hay que reconocer que lo que era habitual o aceptable hace diez años atrás, hoy está siendo revisado. En el ámbito de los precios de transferencia hay un principio básico, que se incorpora en las directrices de la OCDE, que sostiene que en precios de transferencia no hay blancos y negros. Si pregunto a cinco personas cuánto vale un lápiz obtendré cinco respuestas distintas.
“El informe país por país supondrá una revolución”
La valoración resulta aún más difícil en productos de alto valor tecnológico, donde los intangibles tienen mayor relevancia.
En el mundo de los precios de transferencia prevalece que las empresas deben tributar en aquellas jurisdicciones donde se genera valor. Este es un principio fundamental del proyecto BEPS [siglas en inglés de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios] y también significa lo opuesto. Es decir, que no hay que tributar o tributar en su justa medida en aquellas jurisdicciones donde el valor que se aporta es más reducido. No es un tema de blanco y negro. Hay una intensa discusión, incluso entre autoridades fiscales.
¿Las empresas ubican su generación de valor allí donde más les interesa en términos fiscales?
Hay que hablar en términos generales y el principio básico de BEPS que consiste en tributar donde se genera valor es algo que las multinacionales tienen muy claro. A partir de allí, cada uno es libre de decidir donde genera valor. Pongo un ejemplo sencillo: si uno quiere pagar pocos impuestos es libre de irse a vivir Andorra, donde la imposición sobra la renta es muy baja, pero lo que no puede hacer –y esto es lo que combate BEPS– es decir que vive en un sitio cuando vive en otro.
“La gestión de precios de transferencia es el mayor riesgo fiscal de las empresas"
¿Cómo ha cambiado la fiscalidad internacional en los últimos diez años?
Ha cambiado mucho y mucho más rápido de lo que podríamos imaginar. Si en 2012 me dicen que el proyecto BEPSestaría en su primera fase de implementación me hubiera costado creerlo. La fiscalidad internacional del siglo XXera la de la OCDE, hoy en día es la fiscalidad del mundo. La OCDE ha sido capaz de transformarse e integrar más países.
¿Cree que la victoria de Trump puede frenar los trabajos en el marco de la OCDE?
Es difícil decirlo, pero creo que el G20 ha tenido un gran poder e iniciativa en BEPS. El proyecto está maduro. Tal y como yo lo veo, el mundo de la transparencia fiscal ha llegado para quedarse. Y transparencia fiscal significa intercambio de información. Tenemos el country by country report [informe país por país] como ejemplo paradigmático de esta transparencia.
¿Cómo afectará el informe país por país a las empresas?
El informe país por país significa que, a partir de 2018, en todos los Estados donde un grupo multinacional tenga presencia, la autoridad fiscal contará con elementos cuantitativos a su disposición para hacer un análisis de riesgo. Esto que se explica de una forma muy sencilla, supone una revolución. Las administraciones van a recibir cada año los datos del informe país por país de las multinacionales que facturan más de 750 millones. Podrán saber el volumen de operaciones, el número de empleados, los impuestos que pagan o los activos que tienen en cada una de las jurisdicciones en las que opera una empresa.
¿Cómo está funcionando la colaboración entre administraciones tributarias?
Queda camino por recorrer, pero BEPStambién ha supuesto una revolución en este sentido. Muchas veces se ha puesto el foco en las empresas, pero también ha habido competencia fiscal desleal dentro de los países de la UE. La transparencia sobre los tax rulings o el hecho de compartir información también es consecuencia de BEPS.
Y, en el día a día, ¿cómo ha afectado este proyecto de la OCDE?
BEPS ha revolucionado la cultura fiscal. Los departamentos tributarios de las empresas ya no son un reducto marginal, ahora deben estar integrados en el negocio. Incluso hay debate acerca de si en el consejo de administración debe haber un miembro del departamento fiscal o, como mínimo, muy cercano al área fiscal.
"Se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica"
El real decreto de medidas fiscales que aprobó el Gobierno en diciembre sigue generando malestar en las compañías. Entre otras medidas, el Ejecutivo decidió a pocas semanas de cerrar el ejercicio restringir todavía más la posibilidad de compensar bases imponibles negativas y exigió que las empresas tributaran por los deterioros de cartera deducidos en períodos anteriores. Ambas medidas tendrán efecto sobre el ejercicio 2016, cuya declaración se presenta en julio. Montserrat Trapé señala que este “real decreto ha sido algo imprevisto y que ha vulnerado el principio de previsibilidad y de seguridad jurídica”. La socia de KPMG señala que las empresas, antes que nada, demandan, “para gestionar sus propios riesgos, seguridad jurídica”. En este sentido, indica que el real decreto de diciembre solo puede “valorarse de forma negativa”.
Trapé sostiene que su impresión personal es que este tipo de medidas no son tan habituales en otros países de la UE. Reconoce que, en conversaciones con clientes y empresas multinacionales, el cambio fiscal causó un efecto negativo. Y más allá del incremento imprevisto de la factura tributaria en el impuesto sobre sociedades, Trapé muestra su preocupación por el poco margen que tendrán las empresas para adecuarse al proyecto SII (Suministro Inmediato de Información), que obligará a partir de julio a remitir a Hacienda información del IVA de todas las facturas emitidas y recibidas en tiempo casi real.