La refundación del Banco de España, cuestión de Estado

Sus consecuencias traspasarán incluso las fronteras nacionales. Se ha convertido en una cuestión de Estado “a la que debe darse solución a la mayor brevedad posible”, reclamaba un destacado directivo del sector financiero. Fuentes internas del supervisor, externas e incluso algunas políticas opinan que hay que refundar el Banco de España.

Varias fuentes aseguran que la mala imagen reputacional por la que atraviesa ahora el Banco de España puede pasar factura a las aspiraciones que tenía España de conseguir algún puesto de influencia en organismos internacionales que elevara el peso del país en las decisiones trascendentales regulatorias o de otra índole.

Uno de los puestos que debe renovarse en un año a nivel internacional es el de la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), ocupada por el portugués Vítor Constâncio. Se da la circunstancia de que España no tiene representantes en sus órganos decisorios, pese al peso de su sistema financiero en Europa y de su economía.

Distintas fuentes afirman que el Gobierno español ha exigido un sillón en el BCE para compensar las bonanzas del rescate de la banca en Italia, mucho más laxo que el sufrido cuatro años antes por las cajas de ahorros españolas. Las mismas fuentes aseguran que incluso el Gobierno español aspira, como es lógico, a ocupar la vicepresidencia que dejará Constâncio. Y uno de los candidatos que suenan con más fuerza en España para ocupar ese puesto es Jaime Caruana, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) y exgobernador del Banco de España de 2000 a 2006.

Caruana y Fernando Restoy –desde el pasado 1 de enero presidente del Financial Stability Institute (FSI), exsubgobernador del Banco de España y exvicepresidente de la CNMV– son los dos españoles más influyentes en el sector financiero internacional.

Pero la crisis interna por la que atraviesa el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras la imputación la semana pasada del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el ex número dos de la CNMV y del Banco de España Fernando Restoy, y el que fuera presidente de la CNMV Julio Segura por la salida a Bolsa de Bankia en 2011 ha complicado los sueños de influencia españoles.

Dicen que en el BCE no quieren oír hablar de las aspiraciones españolas hasta que no arregle su casa, o lo que es lo mismo, el Banco de España. Los inspectores de la institución supervisora opinan lo mismo, sean o no de la asociación de este colectivo. Incluso directivos del sector financiero también consideran que hay que aprovechar la caída en picado de la imagen reputacional de este organismo para refundarlo.

Los inspectores, de hecho, van más lejos, al asegurar que ellos ya llevan más de 15 años reclamando cambios sustanciales en el Banco de España. Quieren, entre otras cosas, que se reconozca su profesión, lo mismo que se hace con los inspectores de Hacienda o de otros colectivos. El Partido Popular pareció que recogió el guante arrojado por los inspectores del Banco de España. El PP incluyó esta reclamación en su programa electoral. En ese documento se aseguraba que regularía la situación jurídica de los inspectores de entidades de crédito como cuerpo profesional.

La pretensión de los inspectores es que su firma se incorpore a los informes de las entidades que supervisan pese a que su opinión sea contraria a la de sus jefes. Quieren que se recojan las dos opiniones firmadas y que estas pasen a la comisión ejecutiva del Banco de España. Entienden que así podrían evitarse las dudas que se han planteado ahora con la salida a Bolsa de Bankia, pero también en los informes que han realizado en otras cajas de ahorros en plena crisis del sector.

“Desde hace alrededor de 15 años que nuestras firmas no se incorporan a los informes de las entidades que supervisamos. Además, estos escritos no llegan a la comisión ejecutiva, con lo que en algunos casos puede que sus miembros desconozcan las conclusiones de estos informes y en otros puede que se escuden en que no tienen firmas, con lo que nuestro trabajo pierde valor”, se queja un inspector, quien recuerda cómo en plena crisis este colectivo avisaba de la salud de varias cajas y bancos, pero sin éxito. “Pero no era un problema del PSOE o del PP. Era de cualquiera. Hablaras con quien hablaras no te hacían mucho caso. La política del Gobierno central o el autonómico se había introducido en las venas de las resoluciones del Banco de España. Avisamos, pero no nos hicieron caso. Ahora no hay remedio, salvo que se refunde la institución”, concluye este inspector.

Un destacado político que prefiere mantenerse en el anonimato cree que habría que aprovechar las nuevas normas que prevén sacar por consenso los tres principales grupos políticos como mínimo para reestructurar el Banco de España.

Otras fuentes alertan de que si caen los actuales imputados del Banco de España y los exdirectivos de la CNMV, los tentáculos de la Audiencia Nacional se extenderán a otros expolíticos y a algún que otro directivo de las dos entidades supervisoras, la que vigila la solvencia de los bancos y la que vigila los mercados.