Una normativa que respalde el futuro

Implantar con éxito la tecnología de telefonía móvil 5G va a requerir un esfuerzo coordinado entre empresas y municipios en España. El motivo es la obstaculización que puede provocar en este ámbito la complejidad de la normativa municipal y los criterios de inspección de las administraciones locales. Así lo aseguraron ayer representantes del sector de telecomunicaciones en un evento organizado por la consultora Deloitte en el que las compañías reclamaron una normativa clara que respalde el despliegue de las redes 5G. La nueva tecnología requerirá introducir unas infraestructuras más densas, con un número mucho mayor de estaciones base para alcanzar la plena cobertura. Las operadoras tendrán que sumar a las antenas que instalan habitualmente en las azoteas de las viviendas, otras en farolas, marquesinas y elementos similares, lo que puede provocar un mayor impacto presencial en el entorno urbano y dar lugar a más reclamaciones. De ahí la necesidad de adoptar una regulación uniforme que de seguridad a la relación entre las empresas y los ayuntamientos y no convierta la reglamentación en una barrera legal a la implantación de las redes.

Las empresas del sector de las telecos tienen todavía en la memoria las dificultades que tuvieron que afrontar en anteriores despliegues por problemas burocráticos y normativos tanto en concesiones como en licencias. Algunas de esas dificultades desembocaron en demandas judiciales interpuestas por ayuntamientos, organizaciones ecologistas e incluso asociaciones de vecinos. La elevada litigosidad que crearon estos roces se tradujo finalmente en problemas de cobertura en distintas zonas del país.

La llegada de la tecnología 5G no es un proyecto a medio plazo, sino un hecho inminente. Aunque el primer estandar de esta tecnología no se publicará hasta 2018, los datos aportados por Deloitte apuntan a que 28 de los 800 operadores que existen en el mundo realizarán pruebas de servicios 5G este año. En el impulso a la nueva tecnlogía jugará un papel relevante el internet de las cosas.

El despliegue de las redes 5G forma parte de una carrera vertiginosa en la que España no puede permitirse el lujo de perder posiciones o salir con retraso. La apuesta económica que supone para el sector de telecomunicaciones invertir en ese despliegue debe recibir apoyo suficiente por parte del sector público y en ningún caso una obstaculización. La minuciosidad e incluso heterogeneidad de las normativas autonómicas y locales es uno de las asignaturas pendientes del ordenamiento jurídico español. Se trata de un problema que no se circunscribe a las telecomunicaciones, sino que afecta a la actividad económica y el tráfico comercial en general. Avanzar hacia una legislación clara y transparente es un reto urgente en todas las áreas, pero todavía más en una industria en constante evolución.