De la ‘flexiseguridad’ y el sector público

El fallo de la sentencia del TJUE sobre la equiparación de la indemnización por despido de una trabajadora interina de la Administración volvió a abrir el debate sobre la extendida práctica administrativa de realizar nombramientos de empleados públicos interinos por un largo periodo de tiempo o encadenar contratos temporales. No cabe la menor duda de que esta sentencia supuso una enmienda a la contratación de personal interino por parte de las Administraciones.

Esta semana se ha publicado una importante noticia en relación a este asunto. Tras varios meses de reuniones y negociaciones, el grupo de expertos creado para analizar la problemática planteada respecto a los contratos de interinidad en España ha emitido sus conclusiones, mostrando unanimidad en cuanto a la revisión del contrato de interinidad y en el establecimiento de límites temporales a dicho tipo de contrato, así como la inclusión de una indemnización al término del mismo (no se ha aclarado si esta sería de 12 o 20 días).

Como ya es sabido por todos, el sector público español ha contado desde siempre con un alto grado de temporalidad y es evidente, por tanto, que se enfrenta a importantes dificultades para su gestión. Traducido a términos numéricos, y según el último dato de la EPA, del total de empleados públicos, 686.800 trabajadores (21,4%) tienen un contrato temporal, de los cuales, aproximadamente, un tercio son interinos. A muchos les puede llamar la atención estas cifras puesto que el pensamiento generalizado de la población es creer que la Administración solo cuenta con funcionarios, pero, tal como indican las cifras, esto no es así.

La falta de eficacia en la gestión de la temporalidad de la que venimos hablando queda reflejada en el debate existente a pie de calle, donde se plantea que es una tarea pendiente del Gobierno y una necesidad real el modernizar el empleo público y facilitar la acción de las Administraciones públicas, mediante la flexibilización, a través de la especialización, agilidad y regulación específica de la temporalidad. Queda así patente la necesidad de un cambio en el tratamiento de las políticas seguidas hasta ahora.

La solución pasa por liberar a la Administración de una tarea para la que no resulta eficaz su gestión, delegando dicha función a empresas profesionales especializadas en procesos de selección y búsqueda de talento, y conseguir de esta forma alcanzar la máxima flexibilización y eficiencia en el empleo público, con resultados óptimos para la Administración, con impacto positivo en la gestión del empleo, en los costes, productividad y eficacia.

La gestión de la temporalidad en el sector público en España debería aproximarse a los modelos adoptados por otros países de la UE, donde aprovechan las ventajas de dichas empresas especializadas. En Países Bajos, por ejemplo, es generalizado el uso de empresas de trabajo temporal, especialmente para abordar las necesidades temporales (estacionales) de trabajo y las bajas de enfermedad. Este es el caso del sector de la educación, donde queda reflejada la necesidad de encontrar a personas para sustituir a los trabajadores que están de baja. Estos sustitutos y los sistemas de flexibilidad interna establecidos en los Países Bajos permiten a los colegios cubrir las vacantes de aquellos que han resultado estar enfermos o han tenido que abstenerse por otros motivos. Estos sistemas proporcionan el mejor ejemplo práctico de flexibilidad en el sistema de educación del sector público.

La utilización de la experiencia de empresas especializadas supondría aprovechar su capacidad para tratar con este tipo de procesos y contribuir así a la mejora de la formación y reciclaje profesional de las personas desempleadas.

Debido a los recursos que disponen, al contacto directo que mantienen con el actual mercado laboral, así como la profesionalización de dichos procesos de selección y contratación, su intervención supondría un importante ahorro en recursos humanos. También permitiría mejorar y facilitar los servicios de contratación, lo que mejoraría la calidad del servicio público prestado a los ciudadanos y su eficiencia

Con la profesionalización de la gestión de la contratación temporal en el sector público podríamos combatir el doble problema que es responsabilidad de la Administración: por un lado, la necesidad de ser más eficiente en su gestión y, por otro, como herramienta de eficacia presupuestaria, porque a todo el mundo le gusta que su inversión sea la mejor posible.

Luis Perez es director de Relaciones institucionales de randstad España.