El sueño de la ilusión fiscal

Hace tiempo que estoy convencido de que el éxito de nuestro sistema tributario es la ilusión financiera, esto es, el desconocimiento real que los ciudadanos tenemos de la cifra exacta que pagamos de tributos. La sutil intervención de los intermediarios recaudadores, es decir, de quienes nos retienen a cuenta de nuestros impuestos (entre otros, empleadores, entidades financieras, sociedades y arrendatarios), el sabio fraccionamiento de las retenciones, el anestésico pago del IVA a través de nuestras compras y consumo, el invisible hachazo de los impuestos especiales, los diversos cánones por suministros y la traslación económica de los impuestos, o de parte de ellos, por parte de las empresas a través del precio de venta de sus productos y/o servicios hace que conocer el importe de la carga fiscal que individualmente soportamos sea imposible. Tenemos, eso sí, la percepción de que pagamos mucho, de que el fraude es elevado y de que las grandes empresas y patrimonios contribuyen menos de lo que deberían. Pero solo son percepciones. Sea como fuere, detengámonos en la presión fiscal per cápita que soportamos, centrándonos en el año 2014, último del que disponemos información.

Aunque no todas las estadísticas coinciden, las diferencias no son significativas. Tomando una como referencia, los ingresos fiscales totales en España, Seguridad Social incluida, ascendieron en 2014 a 356.660 millones. La presión fiscal per cápita –el importe medio que cada español paga en concepto de tributos– asciende a 7.678 euros. Por su parte, la presión fiscal en proporción al PIB es del 34,4%, porcentaje que, siendo alto, está por debajo de la media europea. Sin embargo, los datos no reflejan la realidad, ya que no todos los españoles tienen una renta. En efecto, la tasa de actividad –porcentaje que la población activa (ocupada y parada) representa respecto a la población en edad de trabajar– se situó en 2014 en el 58,24%. Esto quiere decir que el 41,76% de la población en edad de trabajar no obtiene rentas del trabajo y que no contribuye al sostenimiento de las diferentes Administraciones, salvo que obtenga ingresos por una vía distinta a la del trabajo asalariado o por cuenta propia. Del resto de españoles, solo los pensionistas y quienes obtienen ingresos que no proceden del trabajo contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos.

Si tomamos como referencia el Informe anual de recaudación de la AEAT de 2014, la radiografía de la población con rentas sujetas del trabajo, incluidos los empresarios individuales, es la siguiente: 12,6 millones de asalariados, 8,9 millones de pensionistas, 2,6 millones de beneficiarios de la prestación por desempleo y 3,3 millones de empresarios. Por su parte, las personas declarantes por el IRPF fueron 23,3 millones de personas a las que hay que añadir 4,59 millones no obligadas a declarar pero con rentas sujetas. En definitiva, quienes realmente contribuyen a sufragar el gasto público son 27,9 millones personas; es decir, el 60% de los españoles, porcentaje del que cerca de un 41,5% son pensionistas y desempleados.

Pues bien, si tenemos en cuenta que la carga fiscal la soportan 27,9 millones de españoles, quiere decir que la presión fiscal media que soporta cada uno es de 12.742,41 euros, importe que, si descontamos el IS, asciende aproximadamente a 12.000 euros.

Es obvio, pues, que al margen del fraude fiscal, el principal problema es nuestra baja tasa de actividad. Por otra parte, hay que aceptar que un porcentaje importante del desempleo es difícilmente reversible y que, por tanto, tenemos un gran problema de personas vulnerables o con riesgo de exclusión social. Además, el porcentaje de pensionistas sobre el total de los declarantes es desproporcionadamente alto. En este contexto, no es de extrañar, tampoco, el empobrecimiento de las clases medias.

Tales datos no hacen más que confirmar la urgente necesidad de superar un modelo fiscal obsoleto y de crear riqueza y empleo. Pero la reflexión más importante es la de que si tuviéramos que pagar de nuestro bolsillo a la Hacienda pública 12.000 euros anuales, algo más del 45% del salario medio, la revuelta fiscal estaría casi garantizada. Es pues necesario que, antes de despertarnos del sueño de la ilusión financiera se instaure una verdadera cultura tributaria basada en la visualización de los impuestos y en la necesaria solidaridad que el Estado del bienestar obliga en el marco de un nuevo modelo fiscal que se adapte a nuestra actual realidad económica y social. El riesgo de no hacerlo es inasumible.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé es profesor de la Universitat Pompeu Fabra y socio director de DS.