Los puertos, al borde de una batalla laboral por la reforma de la estiba

Se avecina tormenta en el sector portuario español. Coordinadora, sindicato mayoritario de la estiba, ha mostrado absoluta sorpresa con lo que aseguran es intención del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de "no iniciar el diálogo y reformar el sistema portuario español de forma unilateral y vía Decreto Ley".

La labor de carga y descarga de barcos, cada vez más mecanizada, da empleo a unos 6.200 trabajadores en los 46 puertos españoles, de los que alrededor del 90% están agrupados bajo el paraguas de la citada central sindical. La mayoría trabajan para la Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), participadas obligatoriamente por las empresas de la estiba y de las que estas deben contratar personal de forma prioritaria, siendo obligatorio para cubrir un mínimo del 25% de la actividad. La Comisión Europea (CE) pone precisamente veto a las Sagep.

El Ministerio ha preparado un borrador de Real Decreto Ley que adaptará la Ley de Puertos de 2010 a las exigencias comunitarias de noviembre de 2011 (diciembre de 2014), así como a sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y Tribunal de Luxemburgo, que aprecian el régimen español de la estiba contrario al artículo 49 del Tratado de la Unión. Desde Bruselas se han dictado sentencias contra la estiba española por las barreras a la libertad de establecimiento de empresa. De ahí, explican fuentes de Fomento, "la necesidad de llevar a cabo una urgente reforma que no se pudo acometer durante el año de Gobierno en funciones por la necesidad de reformar una ley".

La solución del Gobierno, hacer evolucionar las actuales Sagep, que hoy actúan en monopolio como bolsas de empleo, hacia tres opciones abiertas a las empresas estibadoras: Sagep reconvertidas en empresas sin exclusividad, y en las que ya no será obligatorio participar; Centros Portuarios de Empleo (CPE), también de carácter voluntario, y las tradicionales empresas de trabajo temporal. Lo que no recogerá el futuro Real Decreto Ley es el registro profesional que reclamaban los sindicatos. Y habrá un periodo transitorio de tres años para el cambio de modelo laboral frente a los siete que pedían los trabajadores.

Donde Fomento aprecia una flexibilización "que atraerá actividad y ofrecerá mayor competitividad a los puertos", los trabajadores ven una vía abierta para acabar con el empleo estable de las Sagep y dejar a los trabajadores al albur de ser contratados en parecidas condiciones a las actuales.

La respuesta sindical es la puesta en marcha de medidas de presión: "Iniciaremos movilizaciones y acciones sindicales para restablecer la comunicación, exigir de las empresas la culminación del esfuerzo de negociación desarrollado, y exponer a los grupos parlamentarios el error de una norma impuesta que desestabiliza un sector y destruye puestos de trabajo", dice el jefe del sindicato Coordinadora, "defenderemos nuestra profesión por todos los medios. No vemos otra salida. Somos miles las familias que vivimos de este sector, miles los trabajadores que hemos logrado construirlo para que arrojen cifras [los puertos] que baten récords año tras año. No permitiremos que nos erradiquen de la ecuación solo para que se enriquezcan los pocos a los que obedecen los gobiernos, a costa de trabajo en condiciones indecentes”.

• Diálogo frustrado

El Ministerio recuerda que, desde la anterior etapa de Ana Pastor, se ha tratado de incentivar el diálogo entre empresas de la estiba, agrupadas en la patronal Anesco, y sus trabajadores. El objetivo era que consensuaran una reforma que atendiera a los requerimientos de la CE y que el Gobierno pudiera defender como propia. Las conversaciones se han mantenido hasta prácticamente el último minuto sin que se cerrara, según Fomento, una plataforma común que pudiera pasar el examen comunitario.

Ante esta situación, y con el temor de que comiencen a ejecutarse unas sentencias que acumulan 21,5 millones por el incumplimiento del mandato de la CE de cambios en el sector, Fomento presentó anoche su propuesta a Anesco y sindicatos. Los primeros, según apuntan desde el Gobierno, "han visto razonable la reforma", mientras los segundos utilizan términos como "engaño" y "sorpresa".

Desde Coordinadora manifiestan que el PP "se había pronunciado a favor de la legislación aprobada conjuntamente con el PSOE y valoraba el buen comportamiento del sistema portuario español durante la crisis", afirma el coordinador general, Antolín Goya. Este sindicato, CC OO y UGT, sentadas con Anesco, "acordaron un documento de bases para la reforma”, sostiene Coordinadora, e incluso habían alcanzado un preacuerdo con Anesco. Tras ello, hablan ahora de "decisión de ruptura por parte del ministro".

“Nos sentimos engañados”, insiste Goya, “quieren imponer un Decreto Ley en el que dicen que no hay margen para modificación alguna, no facilitan el documento, toda la comunicación es verbal. El ministro pone a España al dictado de los funcionarios de la Comisión porque, según dice, España no puede legislar en materia portuaria sino en los términos que le autoricen en Bruselas".

El sindicato cree que es más dura la postura del Gobierno que la propia sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Coordinadora aprecia "una maniobra de expediente de extinción de empleo en tres años, subvencionada con fondos públicos, a través de las autoridades portuarias, encubierta tras una sentencia que no es eso lo que exige".