Una solución consistente para las pensiones

El Gobierno y el Parlamento han consumido demasiado tiempo en advertir que las finanzas de la Seguridad Social estaban en alerta y han hecho muy poco por recomponerlas. El análisis engañoso que el flujo de los ingresos por cotizaciones genera en los gestores de la Seguridad Social (puesto que los parados siguen cotizando) retrasó el diagnóstico hasta 2015, cuando ya convocadas las elecciones estériles de diciembre, el presidente del Gobierno alertó de que el gran reto de los españoles para su segunda legislatura era una solución para el sistema de pensiones. Concedamos que el ajuste fiscal de los primeros cuatro años de Rajoy fue tan intenso y duro para los españoles que quizás no era procedente incluir también el de la Seguridad Social, máxime cuando a la postre el Estado, que en 2011 estaba en riesgo cierto de quiebra, es el garante último del sistema de pensiones. Concedamos también que la clase política ha consumido un año completo, 2016, en decidir cómo se gobernaba el país tras dos procesos electorales con resultados endemoniados.

Pero superadas ambas cosas, Gobierno y partidos deben poner sobre la mesa ya una solución estructural para el creciente déficit que se avecina en el modelo de pensiones por un envejecimiento de la población creciente y sobradamente conocido, y en el que el nuevo empleo no alcanza, por cantidad y calidad, para proporcionar una solución consistente. Numéricamente este año, como el pasado, el déficit ordinario del sistema será de unos 17.000 millones de euros (1,5% del PIB), dado que las nuevas cuotas, pese a ser numéricamente elevadas, no pueden compensar las cuantías de las nuevas pensiones, forjadas ya con contribuciones altas y dilatadas carreras de cotización. Pero este déficit no ha surgido de un día para otro: está crónicamente instalado en el sistema desde 2013 y ha consumido casi en su totalidad el fondo de reserva de la Seguridad Social que fue capitalizado con excedentes de aportaciones desde el año 2000.

Este año, para abonar las dos pagas extras (julio y diciembre), con un coste de 16.000 millones, la Tesorería agotará las reservas, o, lo que es peor, deberá emitir deuda adicional para abonar las prestaciones de los jubilados. Es buena idea pagar con el mecanismo con menos costes, que es emitir barato en el mercado para seguir cobrando un cupón generoso por la deuda emitida hace varios años. Pero es una malísima señal para los mercados (nuestros financiadores) que se emita deuda para pagar pensiones, salvo que se haga muy puntual y limitadamente y, en paralelo, o con generosa anticipación, se presente una solución estructural consistente, consensuada y de aplicación inmediata para disponer de los 17.000 millones que le faltan a los ingresos para este año y siguientes. Subir cotizaciones laborales, trasvasar la carga de la viudedad a los Presupuestos del Estado, recortar la tasa de retorno de la pensión, etcétera.