Una provisión conservadora por las cláusulas

Las seis grandes entidades bancarias que comercializaron cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios (CaixaBank, BBVA, Bankia, Sabadell, Popular y Liberbank) reconocen un impacto máximo en sus cuentas de 4.001 millones de euros, siempre que todos los afectados reclamen la devolución de lo pagado por encima de lo que habrían marcado los tipos de referencia en cada momento. Dado que Sabadell insiste en que sus cláusulas son de todo punto legales y transparentes, y considera que los 490 millones de euros que en caso de tener que resarcir a los clientes debería desembolsar no deben computarse, el impacto total puede llegar a los 3.511 millones. De esta cantidad, han provisionado tras la sentencia de diciembre pasado de los tribunales europeos y tras los ajustes posteriores un total de 1.932 millones de euros, que supone el 55% de la cantidad máxima a devolver reconocida. No hay indicación alguna por parte del supervisor acerca de qué cuantía deberían provisionar, y prácticamente todas las entidades han optado por porcentajes similares sobre la pérdida supuesta, que en todos los casos quieren dejar resuelta en las cuentas de resultados del ejercicio de 2016, pues es una cuestión que se arrastra desde hace varios años.

Esta misma semana algunas entidades han actualizado sus provisiones y mientras las hay que han elevado la cantidad, otras la han reducido, utilizando como criterio el efecto que están teniendo los acuerdos a los que ya están llegando en la negociación bilateral con la clientela. Esta puede ya acudir al banco para utilizar el mecanismo extrajudicial puesto en marcha por el decreto del Gobierno que entró en vigor el pasado sábado, y dado que existen varias posibilidades de resarcimiento, desde el pago en efectivo hasta el cambio de condiciones hipotecarias por el resto de la vida de la hipoteca, lo que puede suponer una novación del contrato, los cálculos de la provisión pueden resultar complicados, tanto como la imputación de los costes. Puede hacerse contra el ejercicio 2016, ya concluido, o diluirlo a lo largo de varios años si se trata de cambios de condiciones de cantidad o de plazo de amortización.

Aunque las entidades han reaccionado con cierta celeridad a la hora de poner una cantidad significativa a disposición de la clientela para no dañar sus niveles de solvencia, podrían ser conservadoras en sus cálculos teniendo en cuenta que la vía de reclamación habilitada por el Gobierno carece de coste y en condiciones normales movilizará de forma generalizada las demandas en la red de oficinas. Y deben tener en cuenta que aunque han iniciado una política proactiva de limpieza de comisiones que podrían ser consideradas abusivas, sigue sobrevolando el conflicto recientemente activado de los gastos imputados a los clientes en la formalización de escrituras hipotecarias.