domingo, 19 de febrero de 2017

Está pasando:

Caso Abengoa

La fiscalía pide cinco años de prisión para Felipe Benjumea

  • Pide cuatro años para el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega y tres y medio para Fornieles.
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Abengoa

El empresario Felipe Benjumea. (Pablo Monge)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido entre tres años y seis meses y cinco años de prisión para los expresidentes de Abengoa Felipe Benjumea y Antonio Fornieles y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por un presunto delito de administración desleal, según recoge su escrito de acusación.

El fiscal José Perals ha solicitado la apertura de juicio oral contra Benjumea, Fornieles, Sánchez Ortega, y las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde por el cobro de indemnizaciones millonarias cuando dejaron la empresa.

El fiscal pide cinco años de prisión y una multa de 90.000 euros (300 euros diarios durante diez meses) para Benjumea; cuatro años y tres meses de prisión y multa de 72.000 euros (300 euros diarios durante ocho meses) para Sánchez Ortega; y tres años y seis meses de prisión y multa de 36.000 euros (200 euros al día durante seis meses) para Fornieles.

En cuanto a las dos exconsejeras, el fiscal solicita para ambas tres años y seis meses de prisión y multa de 36.000 euros (200 euros diarios durante seis meses).

El fiscal pide que, por su responsabilidad civil, Sánchez Ortega indemnice a Abengoa con 4,48 millones de euros.

A Benjumea, Fornieles, Velarde y Gracia, el fiscal les reclama una indemnización conjunta y solidaria de 11,48 millones.

Para la vista oral, el fiscal propone como pruebas el interrogatorio de los acusados y la declaración de una serie de testigos, entre ellos el exministro y ex consejero de Abengoa Josep Borrell; el expresidente de la compañía José Domínguez Abascal, y el ex consejero delegado de la compañía Santiago Seage.

El pasado 13 de enero, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propuso llevar a juicio oral a Benjumea, Fornieles, Sánchez Ortega, Gracia y Velarde.

Desde ese momento, la Fiscalía y las acusaciones particulares disponían de un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral, el archivo de la causa o la práctica de nuevas diligencias.



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