El bono social dependerá de la renta, salvo para familias numerosas y pensionistas

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, mantuvo ayer una reunión con los portavoces de energía de los grupos políticos para presentarles su plan de desarrollo reglamentario del nuevo bono social de la tarifa eléctrica.

Aunque se trata del desarrollo de una norma que no necesita del consenso parlamentario, Nadal quiso escenificar y hacer un gesto, especialmente con el PSOE y C’s, partidos que se comprometieron en diciembre a respaldar la convalidación de la citada norma. El real decreto ley fija el nuevo mecanismo de financiación del bono (que pagarán todas las comercializadoras eléctricas) y medidas para evitar los cortes de luz a personas en riesgo de exclusión social, en donde tendrán un papel clave los servicios sociales de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

El RDL, que aprobó el Gobierno el 23 de diciembre,será convalidado por el Congreso a finales de enero o principios de febrero.Para sorpresa de los asistentes, el titular de Energía no puso propuesta alguna encima de la mesa, sino que les pidió “sus aportaciones, opiniones y papeles”, lo que le da una gran ventaja, y los emplazó para dentro de 15 días.

Según aseguran varios de los asistentes, se trata de aprobar tres reglamentos: uno con la definición de consumidor vulnerable; otro, sobre los procedimientos para los cortes de luz y un tercero, sobre transparencia y garantías de los clientes frente a las comercializadoras (el bono solo se disfruta si el cliente está en el mercado regulado, o PVPC, pero las compañías están trasvasando a muchos beneficiarios al mercado libre y los dejan sin el descuento del bono).

Aunque no hubo nada por escrito, el ministro reiteró su propuesta de que el bono esté ligado a la renta de los consumidores frente al actual sistema en que el derecho lo tienen quienes formen parte de cuatro colectivos (familias numerosas, las que tienen a todos los miembros en paro, las pensiones mínimas y quienes tienen menos de 3 kW de potencia contratada). No obstante, el PP mantiene, “al menos como propuesta negociable”, que sigan como beneficiarios las familias numerosas y los pensionistas.

En el encuentro, definido como “caótico, confuso y genérico” por los representantes de Podemos, se trató nuevamente sobre la cofinanciación de las facturas de quienes no puedan pagar la luz y tengan derecho a que no se les corte: al 50% las comercializadoras y las comunidades autónomas y ayuntamientos, según quiere el Ministerio. Se calcula que en esta situación se podría encontrar 100.000 usuarios y que el coste del impago será de 30 millones de euros al año. Otro punto tratado es el del establecimiento de un “sistema de alerta temprana” para advertir a los clientes que no están pagando.

En cuanto a la vulnerabilidad, se plantea fijar distintos grados: los que tengan derecho al bono social y los que se encuentren en situación de pobreza extrema. La única aportación que hizo C’s en diciembre fue la de un tercer tipo: la del que, no llegando a la situación de estos últimos, no pueda pagar, y se le dé el mismo plazo de preaviso de cuatro meses antes de cortarle el suministro. El ministro rechaza un sistema de tarificación, como plantea Podemos, alegando que va en contra de la UE. También ha cerrado la puerta a tramitarla norma como proyecto de ley, como prometió en un principio. En la reunión estuvieron presentes,además del ministro y el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, los portavoces del PSOE, Pilar Lucio; el del PP, Guillermo Mariscal; los de Podemos, Josep Vendrell y Lucía Martín y la de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, entre otros.