El juez acusa a seis hijos de Ruiz Mateos de estafa y blanqueo de capitales
Al menos 4.110 inversores tuvieron los pagarés de Nueva Rumasa Emitieron pagarés por 385,35 millones y solo se abonaron 96,24 millones
El juez de la Audiciencia Nacional José de la Mata ha concluido la investigación del caso Nueva Rumasa y ha procedido sobre 15 personas, entre los que están seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos y Ángel Cabo por delito continuado de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
Las diligencias se han abierto contra Álvaro Ruiz Mateos Rivero y sus hermanos Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso. El juez ha optado además por sobreseer el caso contra la mujer del empresario, Teresa Rivero, y otras cinco personas.
En la investigación, De la Mata explica que en 2009 la situación de práctica insolvencia de las empresas del Grupo Nueva Rumasa, sus responsables optaron por captar fondos "apelando al ahorro del público mediante agresivas campañas en los medios de comunicación"
En las diligencias practicadas por el juez se deja constancia de que "mostraron una imagen de solvencia y bonanza empresarial del grupo Nueva Rumasa que en ese momento carecía de sustento real".
El mecanismo creado por los hermanos Ruiz Mateos, su padre y Manuel Sánchez Marín, consistió en la obtención de préstamos de los inversores mediante la entrega de "pagarés de empresa" o "pagarés corporativos" emitidos y avalados por sociedades del grupo Nueva Rumasa. Unos pagarés que para sortear el control de la CNMV tenían una inversión mínima de 50.000 euros.
En el auto se afirma que hubo un total de 4.110 inversores que adquirieron dichos pagarés, por importe de 337,37 millones de euros. Según el juez, del análisis de las cuentas bancarias del grupo se ha identificado al menos 243 millones procedentes de los adquirientes de los pagarés entre febrero de 2009 y febrero de 2011.
En total, 13 de las empresas del grupo Nueva Rumasa emitieron pagarés por 385,35 millones de euros, de los que solo se abonaron 96,23 millones y quedaron sin pagar 289,11 millones, según destaca la resolución judicial.
El juez explica que los fondos captados se destinaron casi en su totalidad a una caja común desde la que se redistribuía al resto de sociedades del grupo, en cuya estructura también había una división internacional con el objetivo de obtener la mayor opacidad posible para proteger las propiedades inmobiliarias y las marcas comerciales más relevantes.
En el mismo auto, el juez procede contra 89 sociedades como responsables civiles y otras dos como partícipes a título lucrativo.
El juez concluye afirmando que la pertenencia de sociedades mercantiles a otras extranjeras, unido al uso de testaferros y despachos fiduciarios "no tenía más finalidad que dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad estando bien claro en todo momento que el mismo pertenece en última instancia a la familia Ruiz Mateos".
El banquito de Jerez
Parte del dinero captado se obtuvo a través de una oficina que tenía el grupo Nueva Rumasa en la calle Porvera de Jerez de la Frontera (Cádiz). La oficina es denominada por los investigados como "el banquito de Jerez" y estuvo operando desde años antes de la emisión masiva de pagarés.
Entre 2009 y 2011 la oficina se dedicó a captar dichos fondos bajo la fórmula de préstamos retribuidos, con intereses del 9 al 10%. Si bien, en algunos casos podía registrar "ficticiamente" un interés inferior, entre el 4% y el 5%.
Según el auto, mientras que José Ramón Romero López estuvo al frente de esta oficina obtuvo ingresos que no declaró a Hacienda.
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