Las claves del nuevo modelo de financiación autonómica
El Gobierno se muestra dispuesto a respetar el principio de ordinalidad Hacienda apuesta por una mayor armonización en Sucesiones
La negociación del nuevo sistema de financiación autonómica se abre oficialmente mañana con la VI Conferencia de Presidentes. El Ejecutivo de Mariano Rajoy defiende que todos los ciudadanos accedan en igualdad de condiciones a los servicios fundamentales, pero también se muestra dispuesto a aceptar el principio de ordinalidad para que la solidaridad interterritorial no modifique como sucede actualmente el ranking de financiación per cápita. Hacienda defenderá una mayor armonización autonómica en Sucesiones y Patrimonio.
El modelo de financiación autonómica determina cómo se reparten los ingresos tributarios entre las autonomías, que son las que tienen competencia sobre pilares del Estado de bienestar como educación y sanidad. De allí la importancia que tiene lograr una modelo de financiación estable, equitativo y suficiente. Políticos y académicos coinciden en que el modelo actual no funciona. Es oscuro, arbitrario e injusto. El sistema vigente se aprobó en 2009 tras una dura negociación y el acuerdo solo se alcanzó después de que el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pusiera más dinero encima de la mesa, garantizara que ninguna comunidad saldría perdiendo y se aprobaran fondos adicionales para contentar las distintas sensibilidades. Al final, esos fondos terminaron por desvirtuar el modelo. La política venció a los criterios económicos y técnicos, dando lugar a un sistema que genera distorsiones.
El Gobierno de Rajoy iniciará este martes la negociación en la VIConferencia de Presidentes. A pesar de que el proceso está en una fase preliminar, el Ejecutivo tiene ya planteadas algunas de las características del nuevo modelo.
Principio de Ordinalidad
Valencia es la comunidad peor financiaciada y Madrid la que pierde más recursos con los mecanismos de solidaridad
La Fundación Internacional Olof Palme y Fedea llevan más de un año realizando debates por toda España sobre cómo debe ser el nuevo sistema de financiación. Algunos de los analistas que han participado en el proyecto también formarán parte de la comisión de expertos que elegirá el Gobierno y las comunidades autónomas para elaborar un informe inicial. Existe un grado de consenso elevado en que el nuevo modelo debería respetar el principio de ordinalidad. Esto significa que los mecanismos de solidaridad y nivelación no reviertan el ranking de recursos per cápita. Dicho de otra forma, el sistema debe reducir las diferencias entre las comunidades ricas y las pobres, pero no intercambiar sus posiciones. Actualmente, Madrid es la comunidad con mayor capacidad fiscal y, cuando se aplican los mecanismos de nivelación, cae hasta el undécimo lugar en el ranking de financiación por habitante ajustado (ver gráfico).
La idea de que la solidaridad interterritorial no modifique las posiciones de partida en ingresos per cápita cuenta hoy con el beneplácito del Gobierno de Mariano Rajoy y también ha sido defendida por miembros del PSOE y Ciudadanos. El respeto al principio de ordinalidad beneficia a las comunidades con mayor renta y que cuentan con mayor capacidad fiscal como son Madrid o Cataluña. Con toda seguridad, regiones como Extremadura mostrarán su rechazo. Con el sistema actual, Extremadura pasa de la posición 14 en capacidad fiscal a ser la tercera mejor financiada. Gana once posiciones y es la comunidad de régimen común más beneficiada. País Vasco y Navarra cuentan con un régimen foral que el Gobierno seguirá respetando. El respeto al principio de ordinalidad ha sido una reclamación constante por parte de a Generalitat de Cataluña. Sin embargo, a diferencia de negociaciones anteriores, el Ejecutivo catalán no pretende liderar el debate y priorizará el proceso independentista.
Cataluña rechaza esta vez liderar el debate del nuevo modelo de financiación
Igualdad de resultados
El sistema vigente genera desigualdades que, según ha defendido el director de Fedea, Ángel la Fuente, no son justificables. Este experto ha elaborado multitud de informes sobre el reparto de los recursos autonómicos y es un firme candidato a presidir el comité de expertos para la reforma del modelo de financiación. Según sus datos, el modelo reduce las desigualdades de renta, sin embargo, altera de una forma arbitraria el ranking de financiación. En un índice 100, los últimos datos de 2014 reflejan que La Rioja fue la comunidad mejor financiada (122,1), seguida por Cantabria (121,8) y Extremadura (114,3). En el lado opuesto se situaron Valencia (92,5), Murcia (95,4) y Canarias (97,7). Entre la comunidad mejor financiada y la peor hay 29,6 puntos de diferencia. En euros, los recursos por habitante ajustado alcanzan los 2.669 euros en La Rioja y se quedan en 2.020 euros en Valencia.
Supone una diferencia muy notable y que no tiene una explicación racional. Los expertos coinciden en que en un modelo equitativo estas diferencias deberían reducirse. La financiación por habitante ajustado ya tiene en cuenta que, en función de características demográficas y geográficas, las necesidades son distintas. El criterio de población ajustada entiende, por ejemplo, que una comunidad con una mayor proporción de ciudadanos en edad escolar precisa de más financiación que otra con un mayor porcentaje de ciudadanos en edad de trabajar. La dispersión, el número de habitantes mayores de 65 años o la superficie son factores que el modelo actual considera a la hora de determinar la población a efectos del sistema de financiación. Uno de los caballos de batalla de la negociación que ahora se inicia será fijar qué variables tienen más peso a la hora de calcular las necesidades de financiación.
Cataluña, que no quiere participar en el debate y está inmersa en el proceso soberanista, tradicionalmente ha reclamado que se tenga en cuenta el diferencial de precios. El argumento es que en unas comunidades resulta más caro que en otras prestar los mismos servicios. Otro debate será si los mecanismos de nivelación se deben aplicar al conjunto del sistema o limitarse a los servicios básicos del Estado de bienestar como sucede en el modelo actual.
Ganadores y perdedores
El actual modelo de financiación solo salió adelante cuando el Gobierno garantizó que todas las comunidades, en mayor o menor medida, saldrían ganando con el nuevo sistema. De hecho, se mantiene una garantía de statu quo que supone que ninguna comunidad puede recibir menos dinero del que hubiera obtenido con el modelo anterior. Para De la Fuente, este es uno de los elementos que genera una mayor distorsión. En los debates organizados por la Fundación Internacional Olof Palem y Fedea existió consenso en la necesidad de eliminar el statu quo. Esto significa que necesariamente debería haber perdedores reales.
Ello supondría que algunas comunidades, especialmente aquellas que hoy están mejor financiadas, verían mermados sus recursos con el nuevo modelo. De la Fuente propone un régimen transitorio para amortiguar el impacto de esta medida. La posibilidad de mantener un modelo en el que todas las comunidades salen ganando equivaldría, en opinión de los expertos, a perpetuar los errores y vicios del modelo actual.
Fiscalidad patrimonial
Cuando el Gobierno aprobó la reforma fiscal en 2014, dejó en el aire los cambios que afectaban a los tributos cedidos completamente a las comunidades. Hacienda señaló que las modificaciones en el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones y donaciones se discutirían en el marco de la nueva financiación autonómica. Ha llegado el momento. La idea que contempla Hacienda es ir hacia una mayor armonización fiscal que impida las diferencias que se producen actualmente. Por ejemplo, según un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un contribuyente que herede 800.000 euros pagará más de 160.000 euros en Andalucía o Asturias por el impuesto sobre sucesiones. En cambio, la factura fiscal no llegará a 2.000 euros en Madrid. La idea de Hacienda, que cuenta con el apoyo también de C’s, pasa por fijar una escala con un tipo máximo y mínimo. Así, las comunidades se podrían mover entre ambas cifras. El comité de expertos para la reforma fiscal propuso fijar un mínimo exento de 25.000 euros y tipos entre el 4% y el 5%. Aplicar esta medida supondría una subida fiscal en algunas regiones. En el impuesto sobre el patrimonio, que Madrid es la única que no recauda, Hacienda también aboga por la armonización. El Gobierno de Cristina Cifuentes, en cambio, apuesta por mantener la autonomía actual en ambos impuestos.
