martes, 24 de enero de 2017

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Tarjeta Laboral Europea

Ingenieros, informáticos, obreros... La CE os abre el mercado europeo

  • La CE crea una tarjeta electrónica para poder ofertar servicios en cualquier país de la UE
  • Bruselas calcula que el nuevo sistema reduce a la mitad el coste de los papeleos
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Ingenieros, informáticos, obreros... La CE os abre el mercado europeo

Un obrero trabaja en la construcción de una vivienda. EFE/Archivo (EFE)

La Comisión Europea ha aprobado hoy la creación de una e-card o tarjeta laboral electrónica que facilitará a las empresas y autónomos del sector servicios (como ingeniería, informática, limpieza, arquitectura...) y del sector de la construcción cumplir los requisitos administrativos para operar en la UE fuera de su país de origen.

La nueva tarjeta se solicitará por internet en el país  de residencia y en su lengua oficial. Las autoridades nacionales serán las encargadas de verificar la solicitud y enviar la información al país donde se desea prestar servicios. La traducción de los documentos será automática.

Bruselas calcula que el nuevo sistema reducirá a la mitad los costes de los trámites actuales, que pueden suponer unos 10.000 euros por permiso y país e incluir procedimientos tan engorrosos como cumplimentar todos los documentos en la lengua del país de destino o presentar una traducción jurada de toda la documentación original.

La e-card estará disponible para actividades como ingeniería, arquitectura, construcción, limpieza, gestión de viajes, etc. Esos sectores, según los datos de la CE, suponen un negocio de más de 2,5 billones de euros, equivalente al 20% del PIB europeo. A pesar de ese ingente volumen, la actividad y la inversión transfronteriza en ese tipo de servicios es muy escasa y apenas llega, por ejemplo, al 4% en el caso de la arquitectura o el 5% en ingeniería.

"El sector servicios supone dos tercios de la economía europea y genera el 90% de los nuevos empleos, pero el mercado único no funciona adecuadamente", ha señalado la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, durante la presentación de la e-card y de otras iniciativas para impulsar la acticidad en ese área, como el impulso a la liberalización de las profesiones.más reguladas.

A propueta de Bienkowska, la CE ha aprobado hoy un proyecto de directiva y un proyecto de reglamento que será la base de la nueva tarjeta laboral electrónica, que se pondrá en marcha una vez que concluya la tramitación legislativa de ambos textos.

Una tarjeta por actividad

La Tarjeta laboral europea incluirá los datos sobre la identificación de la compañía o del trabajador autónomo, como el número de IVA o de Seguridad Social, así como información sobre la cualificación o certificación requerida para ofrecer el servicio en que opera.

La e-card también recogerá la información adecuada sobre la cobertura aseguradora de que dispone el trabajador o la empresa.

La tarjeta será válida para el país que se solicita y para el servicio en concreto que se desea ofrecer. Si se tiene actividad en varios Estados, deberá solicitarse una tarjeta para cada uno de ellos. Del mismo modo, la tarjeta no podrá utilizarse para ofrecer varios servicios a la vez (de construcción y limpieza, por ejemplo), sino que deberá solicitarse una para cada uno de ellos.

Una vez obtenida, la tarjeta tiene vigencia indefinida, salvo que el país expedidor o el de destino detecten irregularidades y decidan suspenderla o cancelarla.

Derecho de veto

Algunas actividades, como abgogacía, notaría, auditoría, sanidad, telecomunicaciones, transporte o seguridad, quedan excluidas del ámbito de la e-card.

La CE subraya, además, que el país de destino tendrá siempre la última palabra sobre la autorización de la prestación de un servicio en su territorio.

Bruselas insiste sobre ese punto para evitar que la nueva tarjeta se interprete como una reedición de la polémica y frustrada directiva Bolkestein, que hace una década intentó introducir el principio del país de origen en el proceso de autorización en cualquier tipo de servicios. Varios países se movilizaron en contra, muy en particular, en Francia, donde causó pavor la competencia
exterior idenificada con los fontaneros polacos.

La CE subraya, además, que el país de destino tendrá siempre la última
palabra sobre la autorización de la prestación de un servicio en su
territorio. Bruselas insiste sobre ese punto para evitar que la nueva
tarjeta se interprete como una reedición de la polémica y frustrada
directiva Bolkestein, que hace una década intentó introducir el
principio del país de origen en el proceso de autorización en
cualquier tipo de servicios. Varios países se movilizaron en contra,
muy en particular, en Francia, donde causó pavor la competencia
exterior idenificada con los fontaneros polacos.

Nueva ofensiva contra los colegios profesionales

La Comisión Europea también ha retomado hoy su vieja batalla contra la
regulación excesiva de ciertas profesiones, canalizada a menudo a
través de colegios y asociaciones profesionales, un problema que,
según Bruselas, afecta a actividades tan variadas como la contabilidad
o la carpintería, la enfermería o el entrenamiento de ciertos deportes. 

Bruselas lleva años intentado, con desigual éxito, acabar con algunas de esas regulaciones que, a juicio de la CE, a menudo solo sirven para cerrar el mercado a la competencia y establecer barreras artificiales entre los 28 países de la UE.

La nueva ofensiva consiste en un “test de proporcionalidad”, que obligará a los Estados miembros a verificar la idoneidad de cualquier regulación laboral antes de aplicarla.

El test deberá comprobar, en concreto, si la profesión que se pretende regular comporta algún tipo de riesgo para los consumidores y qué grado de especificidad tiene la norma para salvaguardar la seguridad del consumidor.

Las administraciones también deberán evaluar el impacto de la regulación en las empresas y en la creación de empleo. Y verificar, por último, que las diversas normas regulatorias cumplen siempre el objetivo de evitar los riesgos detectados.

Bruselas asegura que no pretende acabar con ninguna especificidad nacional en vigor. Pero confía, al menos, en evitar la proliferación de unas regulaciones que, en el conjunto de la UE, atañen a más de 5.500 profesiones. “Estas regulaciones afectan al 22% de la mano de obra,
casi 50 millones de personas”, señaló la Comisión.



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