Las tareas pendientes de Báñez

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, estaba ayer visiblemente contenta. Las cuentas de su Departamento, que fue el hueso más duro de roer durante la crisis, le dieron ayer una alegría. Como esgrimieron ayer sus número dos de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y de Seguridad Social, Tomás Burgos, 2016 fue el tercer año consecutivo con vigorosas creaciones de empleo.

Sin embargo, Báñez no se puede olvidar (y así lo reitera constantemente) de que en España aún hay 3,7 millones de parados. Abordar la reincorporación de estos desempleados al mercado de trabajo será aún más difícil si cabe, que lo hecho hasta ahora, porque los perfiles de los desempleados son cada vez más complicados (parados de muy larga duración, sin formación, mayores de 50 años...).

A esto hay que añadir que para aprobar cualquier medida orientada al empleo el Gobierno necesita el respaldo parlamentario de un buen número de escaños de la oposición, fundamentalmente del partido socialista, que está férreamente amarrado (al menos públicamente) a su demanda de derogar las dos últimas reformas laborales, incluida la socialista de 2011. Por ello, en este escenario, Báñez deberá retomar en los próximos meses sus habilidades negociadoras cosechadas antes de ser ministra, cuando era junto con el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fiel escudera parlamentaria de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados.

Así deberá convencer a los socialistas de las bondades de la reforma laboral, sin cerrarse a introducir cambios en el ordenamiento jurídico laboral. Así lo planteaba ayer Báñez al asegurar que está dispuesta a “mejorar, pero no a derogar, una reforma laboral que funciona”, porque ha cambiado el mercado laboral “a mejor”. Y, por ello, su derogación “es algo que los españoles no le permitirían”, añadió.

La tarea de convencer al PSOEde que no es conveniente derogar la reforma laboral será complicada, pero no será la única. Así, convendría que antes de marzo, los responsables de Empleo negocien otras cuestiones que será necesario incorporar en los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Es el caso, por ejemplo de la prórroga de la tarifa plana para la contratación indefinida. Se trataría de mantener la exención del pago de cotizaciones a la Seguridad Social por los primeros 500 euros de salario de los nuevos contratados de forma indefinida.

Desde Empleo han defendido el mantenimiento de esta tarifa plana, así como la ampliación a cuatro años de la actual tarifa de 50 euros para los nuevos trabajadores autónomos. Sin embargo, desde la oposición no terminan de ver tampoco las bondades de dichas tarifas, por lo que suponen en cuanto a reducción de ingresos de la Seguridad Social.

Asimismo, Báñez tendrá que negociar con los grupos parlamentarios la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que lleva varios años congelado. Este indicador es que se utiliza para otorgar determinadas ayudas y subsidios públicos como becas, ayudas de comedor, alquiler o de otro tipo.

El Gobierno ha desvinculado el Iprem de la subida del 8% del salario mínimo para 2008 pero ahora deberá pactar su revalorización para que salga adelante en los Presupuestos.

En materia de Seguridad Social, Báñez también tendrá que abordar temas espinosos con el resto de grupos parlamentarios. Es el caso del destope de las pensiones máximas, tras el último incremento del 3% de las bases máximas de cotización. El Gobierno ya aplicó fuertes subidas a estas bases máximas del 5% en 2012 y 2013 y en aquellas ocasiones no amplió las pensiones máximas. Esto hace que los trabajadores con mayores bases de cotización aporten más al sistema pero luego no reciban pensiones mayores.

Si bien, desde Empleo creen que ha llegado el momento de incrementar también la pensión máxima, para mantener la proporcionalidad del sistema de pensiones. Pero determinar en qué porcentaje suben las pensiones máximas será algo también difícil de negociar y al Gobierno le gustaría que la eliminación de esos topes se hiciera ya este año.

Igualmente, dentro de las negociaciones del Pacto de Toledo y en la subcomisión parlamentaria para la reforma del régimen de autónomos de la Seguridad Social, el Gobierno tendrá la nada fácil tarea de diseñar un sistema de cotizaciones para estos trabajadores que, con toda seguridad, incrementará las aportaciones que hace mensualmente la mayoría del colectivo.

Con este horizonte, los empresarios salieron también a la palestra con su histórica reivindicación de que se aplique una rebaja generalizada de cotizaciones, si el Gobierno quiere mantener el actual ritmo de crecimiento en el empleo.

En cualquier caso, toda medida orientada a mejorar el mercado laboral requerirá ahora negociación con la oposición. Y cualquier negociación implicará cesiones. Es de esperar que todos estos procesos, como mínimo, no dañen la creación de empleo y tampoco se demoren porque, como no olvida Báñez, sigue habiendo 3,7 millones de parados.