¿Es posible una política para fomentar la natalidad?

Los nacimientos caen en picado, el número de defunciones sube con fuerza y la inmigración de la época del boom se ha convertido en emigración en la crisis. Todo ello ha llevado a que la población española descendiera tres años consecutivos (de 2013 a 2015) y que haya repuntado levemente en 2016, debido en exclusiva a las nacionalizaciones de personas extranjeras residentes. Ese descenso provocará una reducción de la población activa y ocupada, lo que a su vez rebajará los ingresos por cotizaciones, de donde sale el dinero para pagar las pensiones de una población cada vez más envejecida.

Un reto acuciante, ya que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se acabará el próximo verano y el Gobierno ya baraja la posibilidad de emitir deuda pública para cubrir las necesidades de financiación, evaluadas en 20.000 millones de euros más al año. A la espera de que se negocie una solución definitiva en la Comisión del Pacto de Toledo, los expertos instan al Ejecutivo a poner en marcha medidas que impulsen la natalidad en España como la solución más eficaz para corregir el problema demográfico de la despoblación y el económico de las pensiones. El Ejecutivo acaba de anunciar un plan de natalidad que se incluirá en la ponencia social que se presentará en el próximo congreso del PP, previsto para el mes de febrero.

Un campo en el que España se encuentra a distancia sideral, tal y como reconocen los expertos. Una primera brecha se produce en los permisos de maternidad y paternidad. En España, las mujeres disponen de 16 semanas de permiso y los hombres tendrán, a partir del 1 de enero de 2017, cuatro semanas. Unos plazos muy inferiores a los que plantean los países nórdicos, los referentes en el fomento de la natalidad. Dinamarca ofrece 12 meses a repartir entre los dos conyuges, con un mínimo de dos semanas para el padre y cuatro meses para la madre. Suecia va a más allá y ofrece 16 meses a repartir entre el padre y la madre.

Otro ejemplo que ilustra la distancia de España con respecto a sus socios de la zona euro se produce en Alemania, donde la madre dispone de 42 días de permiso antes del parto, otros 98 días tras el nacimiento y un año percibiendo un 67% de su último sueldo. Por su parte, el padre dispone de un año de permiso con un máximo de 1.800 euros al mes.

Hay países como Francia en el que el trato es menos beneficioso que en España. El permiso de maternidad es de 16 semanas y el de paternidad es de dos semanas. Sin embargo, el tratamiento fiscal que realiza a las familias, a través del denominado “cociente familiar”, es mucho más beneficioso. Este esquema consiste en dividir la renta familiar gravable entre el número de miembros de la familia, que computan de forma diferente. El marido y la mujer se contabilizan como una unidad, cada uno de los dos primeros hijos con medio punto y a partir del tercero suma como otra unidad. Además, la soltería, la viudedad o el divorcio con hijos a cargo aportan más puntos. De esta manera, una pareja casada con tres hijos divide sus ingresos netos entre cuatro. La reducción que se aplican las familias, además, cuenta con limitaciones en el caso de los contribuyentes con rentas elevadas. Con estos límites se trata de evitar situaciones como la acontecida en España con la ayuda de 2.500 euros por nacimiento, instaurada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esta medida se estableció sin limitaciones en los ingresos, lo que provocó que todo el mundo percibiera la ayuda íntegra, sin que se tuviera en cuenta lo que ganaba la madre.

Un informe elaborado por el Instituto de Política Familiar, un lobby que promociona la defensa de la familia, considera que las políticas de ayuda a los hogares deberían ir más allá de los permisos de maternidad y paternidad y el tratamiento fiscal. Una de sus principales críticas se centra en las pírricas ayudas por hijo a cargo, que califica como las más bajas de toda la UE. El estudio apunta que la media se sitúa en 24,25 euros por hijo a cargo, topada hasta un nivel de ingresos de 11.577 euros anuales. “Una familia en la que ambos cónyuges tuvieran unos ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional, no tendría derecho a esta prestación por hijo a cargo por superar el límite de renta familiar anual”, remarca.

El estudio también se centra en la reclamación de medidas que reduzcan la factura que tienen que pagar las familias por la vivienda en la que residen habitualmente o por los gastos en educación. En el primer capítulo, exigen la supresión del impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de viviendas de segundamano o la reducción en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del 50% para familias con hijos. Un beneficio que se ampliaría hasta el 75% en el caso de las familias numerosas. También, reivindican una política de vivienda específica para familias jóvenes y hogares con hijos, a semejanza de la que se aplica en Francia. Allí está en vigor un plan que facilita el acceso al alquiler de las parejas jóvenes.

Otro asunto que considera esencial corregir es la conciliación familiar y laboral, con medidas como la universalización de una prestación por excedencia para el cuidado de hijos hasta los 3 años y la potenciación de la red de guarderías.