Un posible Madrid-Barça en el patio de la cárcel

Dice el artículo 14 de nuestra Constitución que todos somos iguales ante la ley. Si este principio se aplicara a rajatabla, estoy seguro de que de las 64.000 personas encarceladas en España, el número de ellas condenadas por delito fiscal, 150, y por blanqueo de capitales, 87, sería muy superior.

Este escaso número de delincuentes de llamado cuello blanco en prisión es consecuencia directa del trato muy favorable en las condenas, todo lo contrario que ocurre con las que se imponen a los robagallinas, a los que sí se les aplica aquello de que “el que la hace, la paga”, y eso supone una condena con ingreso en prisión.

En estos días, en que el escándalo de los fraudes cometidos por algunos futbolistas, y algún que otro entrenador, cobra todo el protagonismo de la actualidad informativa, llama la atención que estas prácticas se hayan conocido por investigaciones realizadas en los medios de comunicación, y no por investigaciones de órganos del Estado con facultades para ello. Si España fuese un país serio y la ley se aplicara con igual rigor, podríamos ver algún clásico Madrid-Barça retransmitido desde el patio de una cárcel, con entrenador de renombre incluido. Sin embargo, para que ello fuera posible, habría que poner los medios humanos y legales necesarios para descubrir fraudes sofisticados y, una vez descubiertos, aplicarles la misma ley que se emplea para el resto de delincuentes.

Por lo que respecta a los medios humanos, los números hablan por sí solos. Si hace unos años la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) disponía de más de 29.000 empleados, en la actualidad son 24.000 y en los próximos años las jubilaciones alcanzarán a unos 4.000. A pesar de encontrarse en esa situación, y mientras no se disponga de más y mejores medios, la Agencia Tributaria debería reorientar sus objetivos para perseguir fraudes como el del fútbol, y dejar un poco en paz a los asalariados y a las rentas controladas.

En los últimos años se ha exigido un mayor número de inspecciones con ingresos inmediatos en caja, lo que lleva a que la Inspección tenga que hacer inspecciones en moto, incompatibles con la investigación de fraudes de carácter organizado y sofisticado que, eso sí, llevan mucho tiempo y el resultado puede ser incierto. Hay datos muy significativos: cada año se envían a los juzgados menos delitos fiscales y de los 1.014 expedientes y 909 millones de cuotas en 2011 se ha pasado a 341 expedientes y 442 millones en 2015.

Se necesitan también reformas legales que le atribuyan a la Agencia otras facultades, como la de poder actuar de incógnito, potenciar la denuncia, crear la policía fiscal o poder investigar delitos fiscales o de blanqueo de capitales asociados a los mismos, entre otras muchas posibles.

Resultaría también imprescindible combatir la utilización de los paraísos fiscales, si bien este tipo de medidas deberían ser aprobadas por los organismos internacionales, que hasta el momento han demostrado escaso interés en ello.

Pero quizás la reforma más importante y necesaria es la relativa a la tipificación del delito fiscal en nuestro Código Penal, deshaciendo las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años y que han supuesto un trato muy beneficioso para los delincuentes de cuello blanco. Y es que en el Código Penal se establece que aquel que pague lo defraudado antes de ser citado por la Inspección “no ha cometido delito fiscal”, ni tampoco un delito de blanqueo de capitales. Pero aún hay más, ya que aunque la Inspección descubra el fraude y remita el expediente al juzgado, el defraudador dispone de dos meses para reconocer los hechos y pagar lo que defraudó, logrando así una rebaja de la condena que impide su entrada en prisión. Pero por si ello fuera poco, aún queda un escalón más, y en el último momento, antes del juicio, se puede llegar a un pacto con la fiscalía para rebajar la condena, como ha ocurrido recientemente en un caso de fraude muy importante, cuya condena por 13 delitos fiscales, con utilización de paraísos fiscales, no ha supuesto el ingreso en prisión de nadie.

A partir de ahora, a estos futbolistas de élite descubiertos en estas prácticas se les abren una serie de posibilidades legales que les aseguran que, a pesar de la gravedad e importancia de los fraudes cometidos, van a seguir pegándole patadas al balón fuera del patio de la cárcel.

Si llegara el día en el que todos esos futbolistas defraudadores compartieran el balón en ese patio con los robagallinas, se podría decir que de verdad se combate el fraude y se cumple el principio constitucional de que todos somos iguales antes la ley. Mientras tanto, seguiremos viendo a estas estrellas en los estadios de fútbol, riéndose de los que cumplen con la ley, porque con un poco de dinero han solucionado el problema. ¡Será por dinero!

José María Peláez Martos es inspector de Hacienda del Estado.