Blindaje de la era Zapatero para el consorcio del AVE a La Meca

Las 12 empresas españolas que participan en la ejecución de la primera línea de AVE en el desierto, en Arabia Saudí, se han hecho con un nuevo blindaje ante los problemas que han jalonado la ejecución del proyecto y que podrían surgir en la recta final del mismo. La armadura, en forma de acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Arabia, viene de 2006 y no ha sido hasta la semana pasada cuando ha entrado en vigor.

En ningún caso, entre las decenas de convenios similares que España ha tejido con otros estados, se ha llegado a tal retraso en la activación. Pero el de Arabia no es cualquier ejemplo. Pese a que el Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce que las relaciones económicas “siguen estando lejos de su potencial”, Arabia es el cuarto suministrador de petróleo a España; el país está regido por una monarquía absoluta, y constructoras españolas ejecutan algunas de sus infraestructuras estratégicas, como también es el caso de FCC con el metro de Riad. En otros campos, como el de la energía o las tecnologías de la información, cuentan con presencia en este territorio Técnicas Reunidas, Iberdrola, Repsol o Indra.

En el articulado del viejo acuerdo, que ahora comienza a rodar, figura la garantía de un “tratamiento justo y equitativo y plena protección y seguridad en todo momento” a las actividades realizadas por inversores de cada uno de los países en territorio del aliado. El convenio también compromete a las partes a no obstaculizar “en modo alguno, mediante medidas arbitrarias o discriminatorias, la gestión, mantenimiento, utilización, disfrute o enajenación de inversiones”. A los particulares y empresas españolas se les prestará un trato “no menos favorable” que el otorgado a las entidades locales, y viceversa.

Otro pilar del acuerdo es la protección contra expropiaciones si no es por causa de utilidad pública y “mediante pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”. Por último, se adoptan estándares internacionales para la resolución de conflictos.

Además de construir la primera línea de AVE, la escuadra española se quedará para operarla durante 12 años en lo que constituye un fuerte reto técnico y económico.

• Alianza al más alto nivel

El acto que tuvo lugar en Riad hace más de diez años dejó la imagen de un vigoroso rey Juan Carlos, acompañado por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en misión diplomática. Ambos supervisaron el apretón de manos. Por la parte española firmó José Montilla, titular de la cartera de Industria, Turismo y Comercio, mientras el representante saudí fue Amr Al Dabbagh, máximo responsable de la Saudi Arabia General Investment Authority (Sagia). Durante los diez años posteriores, la lenta tramitación del pacto ha corrido paralela al proyecto del AVE a La Meca.

La firma de esta entente, en busca de “intensificar la cooperación económica entre ambos países”, se produjo medio año antes de que la Organización de Ferrocarriles Saudí (SRO) lanzara la licitación de la Haramain High Speed Rail. El consorcio español que lideran Renfe, Adif e Ineco se alzó en octubre de 2011 con la adjudicación de la parte mollar de la infraestructura, por 6.700 millones, pero el concierto seguía sin refrendarse.

No fue hasta el 24 de octubre de 2014 cuando el Consejo de Ministros envió el texto a las Cortes Generales, y ha sido en las últimas semanas cuando la diplomacia de ambos países han acordado “el cumplimiento de las respectivas formalidades legales” para darle vida.

En este ínterin han sido públicas y notorias las disputas entre los dos Gobiernos a costa del megaproyecto ferroviario. En la recta final de la obra, que avanza con un grado de ejecución del 70%, el consorcio Al Shoula concluirá con sobrecostes y aproximadamente 14 meses de retraso. Una desviación que han atribuido desde el inicio de la actuación al supuesto mal estado de la estructura, entregada por un consorcio de empresas chinas y árabes.

La parte española ha logrado el reconocimiento de 150 millones fuera de lo presupuestado, así como una ampliación de plazo para la entrega en marzo de 2018. Conseguida la paz, toma vida el acuerdo por diez años, a partir del que se abre otro plazo idéntico en el que cualquiera de las partes puede denunciarlo.