La banca andorrana identificará a cada cliente desde enero e informará a sus países de origen
Tendrá 2017 para registrar a clientes de más de un millón de dólares y 2018 para el resto
La banca andorrana afronta el mayor reto de su historia. Tras sufrir golpes comunes a los del resto de entidades financieras internacionales, como el impacto de la crisis y una regulación creciente, o propios, como el efecto contagio que desató el escándalo financiero de blanqueo de capitales para redes criminales internacionales que acabó con Banca Privada de Andorra (BPA), el sector encara ahora la abolición definitiva del secreto bancario y con ella el fin del que durante décadas fue su principal factor diferencial.
Así ocurrirá a partir del próximo 1 de enero, cuando entre en vigor el acuerdo de Intercambio Automático de Información firmado con la Unión Europea que Andorra transpuso como ley el pasado 30 de noviembre.
Esta norma obligará a los cinco bancos andorranos, MoraBanc, Andbank, Crèdit Andorrà, Banc Sabadell d´Andorra –filial de la entidad española– y Vall Banc, la escisión del negocio sano de BPA vendida al fondo J. C. Flowers, a identificar pormenorizadamente a cada cliente y a remitir toda la información relativa a ellos al Ministerio de Finanzas de Andorra.Este, a su vez, compartirá la información sobre los clientes extranjeros con las autoridades de sus países de origen, en el caso de España informando al Ministerio de Hacienda.
El escándalo BPA
La acusación de EE UU, en marzo de 2015, de que Banca Privada de Andorra (BPA) blanqueaba dinero para mafias rusas y chinas, oligarcas venezolanos o el cartel de Sinaloa, supuso la resolución de la entidad y la apertura de 11 causas judiciales. Más allá, extendió la sospecha sobre un sector financiero que gestiona 45.000 millones de euros en un país de menos de 80.000 habitantes en el que supone un 21% del PIB. Desde la Asociación de Bancos Andorranos aseguran que tras un esfuerzo por mejorar la transparencia y dar muchas explicaciones, el escándalo no salpica ya más que a BPA.
La banca debe recopilar el nombre del cliente, o del principal beneficiario si se trata de una empresa, su fecha de nacimiento, país de residencia, domicilio e identificación fiscal junto al número de cuenta, su saldo, rentas e ingresos. El acuerdo solo permite omitir información sobre un puñado de productos relacionados con planes de pensiones o seguros de ahorro –con aportaciones anuales de menos de 50.000 dólares (47.200 euros) o saldos inferiores al millón– y cuentas de hasta 1.000 dólares.
Las entidades tienen 2017 para identificar a todos los clientes con saldos de más de un millón de dólares y un año más para registrar al resto, dejando en manos de las autoridades qué hacer con los clientes que rehusen facilitar la información requerida. En el primer semestre de 2018, Andorra comenzará a remitir anualmente la información al resto de países sobre el ejercicio vencido.
“Llevamos tiempo amoldándonos al intercambio automático”, asegura en encuentro con prensa Esther Puigcercós, directora general de la Asociación de Bancos Andorranos (ABA), la patronal bancaria, explicando que este es solo el último paso de una serie de acuerdos normativos y que hace tiempo que la banca andorrana no vive del secreto bancario.
Una transformación apoyada en ofrecer 90 años de experiencia en banca privada y una fuerte internacionalización en los últimos años que el sector confía le permita paliar ahora una potencial fuga de clientes. Obviando la filial de Sabadell y la extinta BPA, los tres grandes bancos, Andbank, Crèdit Andorrà y MoraBanc, tienen filiales en EE UU, Luxemburgo, Suiza y Uruguay.
Además, AndBank está presente en Brasil, España (desde que adquirió Inversis en 2012), Bahamas, México, Mónaco y Panamá mientras que Crèdit Andorrà opera en España (como Banco Alcalá desde 2011), Chile, México, Panamá y Perú.
Desde ABA aseveran que es pronto para cuantificar el impacto que puede tener el intercambio automático de información en volumen de clientes si bien las últimas cifras de la Agencia Tributaria, de cierre de 2015, muestran que desde 2012 el patrimonio de los españoles en Andorra ha caído en 700 millones de euros (desde los 4.480 millones).
