Las comunidades eliminan 537 organismos públicos desde 2012
Casi 50 entes autonómicos pagan a sus proveedores a más de 100 días
La crisis económica puso en el foco el sobredimensionamiento del sector público a través de Consorcios, sociedades mercantiles, fundaciones, organismos autónomos o entidades públicas empresariales. El anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inició un proyecto para reducir el número de entes dependientes de las comunidades autónomas a partir de 2010 que el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy amplió. Los últimos datos de Hacienda indican que, a 1 de enero de 2012, las comunidades contaban con 2.307 organismos públicos. A 1 de julio de este año, la cifra se ha reducido a 1.770, lo que supone la supresión de 537 organismos en cinco años.
Baleares ha reducido sus entes públicos un 55%, seguida por Murcia y Castilla-La Mancha (42%). En el lado opuesto, Andalucía es la segunda comunidad que menos entes ha reducido. Entre 2012 y 2016, su sector público solo ha menguado un 10,8%. Andalucía también es la comunidad con un mayor número de organismos públicos. Suma 321. Lidera el ranking Cataluña, con 397 entes, un 20% menos que hace cinco años. Andalucía y Cataluña, que también son las comunidades más pobladas, se sitúan muy por encima de Madrid, que ocupa la tercera posición con 148 empresas públicas.
Los datos a julio son todavía provisionales. El último informe completo sobre la reordenación del sector público recoge el estado de la situación al cierre del ejercicio anterior. Según el informe de Hacienda, entre 2011 y 2015, la reducción de entes públicos ha permitido un ahorro de 2.123 millones. Madrid, con 862 millones es la comunidad que más ha logrado recortar el gasto por la reducción de su sector público. Le sigue la Comunidad Valenciana (705 millones) y Cataluña (299 millones).
Más allá de la exigencia de reducir el número de entes dependientes de las comunidades, Hacienda puso en marcha a partir de 2012 medidas para atajar la morosidad pública. A través del plan de pago a proveedores se activaron préstamos a las comunidades para atajar la deuda. Y la Ley de Estabilidad también contempla medidas contra las comunidades morosas y que, que en última instancia, pueden llevar a la intervención de una autonomía. Si bien los periodos medios de pago de las comunidades se han reducido, hay muchos organismos públicos que abonan sus deudas con un elevado retraso. Según los últimos datos de septiembre publicados por Hacienda, casi 50 organismos públicos pagan a sus proveedores en un plazo superior a 100 días. Aeropuerto de Castellón, la sociedad mercantil dependiente de la Generalitat valenciana lidera el ranking de morosidad y paga sus facturas a 739 días. El Legado Andalusí, una fundación pública de Andalucía y participada por el Gobierno central también figura como uno de los entes menos cumplidores y abona su deuda a los proveedores en 490 días. Le sigue Puerta del Atlántico, un consorcio de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles para impulsar un centro logístico en la ciudad madrileña y que presenta un ratio de 468 días.
Aun así, el listado de entes públicos con una elevada morosidad es mucho más elevado del que figura en la estadística de Hacienda. Ello es así porque muchos de estos organismos no dan información sobre sus períodos de pago. Los últimos datos de la Agencia Tributaria reflejan que 274 compañías públicas no facilitaron la cifra. Buena parte de este grupo son entes que se encuentran en una situación precaria y abonan muy tarde sus facturas. Por ejemplo, Canal Sur Radio era en 2014 el ente público que abonaba con mayor retraso su deuda de España. Hoy ya no figura en la estadística por el mero hecho de que ya no ofrece información.
El periodo medio de pago de las comunidades autónomas fue de 41 días, 14 días menos que un año antes. Si bien se ha reducido, aún se mantiene por encima del nivel de los 30 días que exige la normativa. Aragón y Extremadura son las dos comunidades que ya han sufrido la retención de fondos por parte de Hacienda por el retraso en el pago de facturas. Ambas comunidades duplicaron reiteradamente el límite de 30 días para pagar a proveedores, lo que abrió la puerta a la intervención del departamento de Cristóbal Montoro. Son las únicas comunidades que han sufrido esta situación. Baleares y la Comunidad Valenciana también han recibido ultimátums de Hacienda para reducir sus períodos de pago. En caso contrario, correrán la misma suerte que Aragón y Extremadura.
