Un ejemplo de por qué Europa no es competitiva

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha declarado todo ufano que “papel o digital, un libro es un libro y un periódico sigue siendo un periódico”. Muchos años han tardado las mentes pensantes de la Comisión Europea en darse cuenta de esta obviedad, auténtica perogrullada. La declaración se hace al anunciar que la Comisión propone “permitir a los Estados miembros reducir los tipos de IVA aplicados a las publicaciones digitales, como los libros electrónicos y los periódicos en línea”.

Toda la prensa se ha hecho eco de la noticia y se ha encargado de subrayar que una vez aprobada por todos los Estados miembros, la nueva estructura permitirá a los Estados ajustar los tipos de las publicaciones electrónicas a los de las publicaciones impresas, aunque no será obligatorio que lo hagan. Es decir, nos encontramos en pleno proceso de toma de decisiones en el ámbito de la Unión Europea. Conviene recordar, como ha señalado el diario El País, que la cerrazón de la Comisión Europea ha obstaculizado esta medida, que “rectifica así una posición que tiempo atrás le enfrentó en los tribunales con Francia y Luxemburgo, a los que denunció por bajar el impuesto a las publicaciones digitales”.

Y conviene también subrayar que para que se lleve a cabo tal obviedad, la llave del proceso ha estado siempre en manos de la Comisión, pues esta institución tiene el derecho de iniciativa para proponer la adopción de legislación al Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Antes de hacer una propuesta, la Comisión lleva a cabo extensas consultas para tener en cuenta la opinión de los interesados. Generalmente las propuestas se publican acompañadas de una evaluación de los posibles efectos económicos, sociales y medioambientales del acto legislativo en cuestión. Una vez que se ha adoptado la legislación de la UE, la Comisión garantiza su correcta aplicación por parte de los países miembros.

Pues bien, en julio de 2016, la Comisión lanzó una de esas extensas consultas públicas “sobre los tipos de IVA reducidos en las publicaciones proporcionadas electrónicamente”, cuyo resultado debe haber abierto los ojos a los comisarios para comprender esa identidad entre el formato papel y el digital. Parecería que el proceso se ha llevado con cierta celeridad, pero no sería ajustado a la realidad. Antes, en octubre de 2012, la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra Francia y Luxemburgo para que modificaran los tipos de IVA que aplicaban a los libros digitales, pues estos países habían entendido perfectamente la referida identidad entre ambos formatos. Y en ese mismo año lanzó otra consulta pública denominada “estudio de la legislación existente sobre los tipos reducidos del IVA”, que, entre otros asuntos, establecía como principio rector que los bienes y servicios similares deben estar sujetos al mismo tipo del IVA, entendiendo que requerían un examen detenido las publicaciones electrónicas frente a publicaciones impresas (libros, periódicos, revistas, etc). Parece que en aquella ocasión las aportaciones a la consulta no fueron capaces de convencer a los comisarios de tal obviedad. Por tanto, han transcurrido más de cuatro años desde entonces y ahora nos encontramos en el inicio del proceso legislativo. Para este viaje ¿hacen falta tantas alforjas?

Como se ha indicado, aparte de la iniciativa legislativa, una vez que se ha adoptado la legislación, la Comisión debe garantizar su correcta aplicación por parte de los países miembros. La Comisión suele tardar años en tramitar los procesos de infracción del derecho de la UE, lo que origina graves perjuicios a ciudadanos y empresas. El buen funcionamiento del mercado interior necesita de una transposición y aplicación puntual y correcta de la legislación europea por parte de los Estados miembros. El Consejo Europeo de febrero de 2016 concluyó que “el establecimiento de un mercado interior en el que esté garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales constituye un objetivo esencial de la Unión. A fin de asegurar este objetivo y de generar crecimiento y empleo, la UE debe fomentar la competitividad. Para ello, las instituciones de la Unión pertinentes y los Estados miembros harán cuanto puedan por lograr la plena consecución y el refuerzo del mercado interior”. Si la Comisión no cumple con eficacia su misión de guardiana de los tratados, el mercado interior no se realizará correctamente.

Parece que el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea está muy esclerotizado y cuando avanza lo hace a paso de tortuga. ¿Puede ser así Europa competitiva?

Isaac Ibañez es abogado