Reválida fiscal

La financiación de los derechos que configuran el Estado social ha obligado a diseñar sistemas tributarios que garanticen los recursos públicos necesarios que, en el devenir de los años, se han ido incrementando. Tal vez por ello, el azote de la crisis económica ha cuestionado su sostenibilidad. Sin embargo, el problema es que hemos transitado de un Estado en el que lo que se cuestionaba era su grado de intervención como tal, a un modelo en el que lo que se debate es la dimensión de su carácter social; cuestión que hubiese obligado a una reflexión previa que la transición democrática y el crecimiento social y económico evitó plantear: su financiación.

Este, y no su sostenibilidad, continúa siendo el problema cuya solución exige dejarnos de parcheos y afrontar la reforma integral de un sistema fiscal agotado que presenta graves déficits redistributivos además de vivir a espaldas de nuestro actual contexto social, económico e internacional. Para ello, es imprescindible definir los límites de nuestro Estado social, su financiación e invertir en educación. Pero educación, no tanto en impuestos, sino en el propio desarrollo de la persona en el contexto de nuestra actual sociedad. Estoy convencido de que el enorme déficit educativo en lo concerniente al desarrollo personal está implícito en muchos de nuestros males actuales y es, a su vez, la clave de nuestra recuperación. En este sentido, uno de los errores del Estado social ha sido el de transmitir la hipócrita idea de la gratuidad de lo público y la de la necesidad de un Estado que actúe de forma solidaria y no subsidiaria. Y voy a poner un ejemplo.

Hace unas semanas, y consecuencia de lo que hoy se denomina pobreza energética, falleció en Reus una anciana. La reacción política y social no se hizo esperar: culpabilizar a la empresa suministradora y enfatizar la necesaria intervención de las Administraciones ante un problema sin duda tan real como preocupante. Y no digo que no. Pero sí me atrevo a afirmar que casi nadie ha comentado la responsabilidad principal que al respecto tiene la familia de la difunta, en concreto, sus hijos e hijas. El Estado tiene, claro está, una responsabilidad subsidiaria cuando quien la ha de asumir como propia no lo hace. Y todo, sin duda, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que las empresas de suministro tienen también al respecto. Se altera pues la prioridad de las cosas. Lo mismo ocurre con la percepción social a un derecho ilimitado al proteccionismo gratuito del Estado. No es de extrañar pues que la principal reivindicación sea la de reivindicar cada vez más cosas y, claro está, gratis. Pero no hay nada gratis. En este planteamiento ayuda, y mucho, la falta de visibilidad de los impuestos. No me refiero a qué en concreto se destinan, sino a quién los paga y a cuánto nos cuesta el pastel.

De eso ni se dice nada, salvo datos muy genéricos que además pocos entienden, ni el diseño de la gestión de nuestro sistema tributario está concebido para que el contribuyente perciba de verdad el coste que en su economía doméstica tienen los impuestos. Vivimos, eso sí, de percepciones. Pero no siempre de realidades. La verdad es que nadie nos dice con números en la mano que la realidad, y siempre que el mercado lo permita, es que todos los impuestos los soportan los ciudadanos de a pie, esto es, aquellos que no pueden repercutirlos o trasladarlos a terceros. Y digo todos. Los que se ven, los que no se ven y los que se intuyen. Sin embargo, el diseño del sistema nos hace sentir felices. Ni el IRPF lo pagamos directamente cada uno de nosotros. Lo ingresan en su gran parte unos intermediarios llamados empresas. Sí, es cierto, cada mes se nos retiene un determinado importe de la nómina. Pero la verdad, este no se interioriza. Lo que se interioriza es el neto y la devolución del mes de junio. Tampoco se interioriza el IVA que pagamos al consumir, los impuestos especiales que pagamos al comprar, por ejemplo, la cajetilla del tabaco, o los impuestos que se nos trasladan vía precio.

Pero nadie nos dice la cifra mágica. Es pues imprescindible poner coto a ese círculo vicioso y debatir de forma transparente sobre el coste de nuestro modelo de Estado, su dimensión, su financiación y su necesaria visibilidad, debate desde el compromiso social que los impuestos tienen en el marco de ese Estado en concreto y de un esfuerzo educativo importante más allá de la reválida: el desarrollo y responsabilidad de la persona como tal.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé es Profesor de la UPF y Socio-Director de DS Abogados y Consultores de Empresa