Hacienda eleva en 4.650 millones los impuestos a las empresas

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la primera gran batería de medidas que incluye subidas fiscales en el impuesto sobre sociedades, el alcohol, el tabaco o las bebidas azucaradas. El ajuste asciende a 7.000 millones y ha sido negociado en parte con el PSOE, con quien el Ejecutivo alcanzó un pacto sobre los objetivos de estabilidad y el techo de gasto. España debe reducir el próximo año el déficit público del 4,6% al 3,1% del PIB, lo que equivale a un ajuste de 16.000 millones.

De alguna forma, el Gobierno empezó este viernes a aprobar los Presupuestos de 2017. No cuenta con una mayoría suficiente en el Congreso y ha pactado con el PSOE el respaldo a la nueva senda de consolidación fiscal. A cambio, concede un incremento del 8% del salario mínimo. También negoció el decreto con medidas fiscales que deberá ser convalidado en el Congreso y que incluye un incremento de la fiscalidad sobre las grandes empresas, una medida que cuenta con el beneplácito del PSOEy también de Ciudadanos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, compareció tras el Consejo de Ministros y aseguró que el Gobierno no está incumpliendo lo prometido en la campaña electoral. Argumentó que el incremento tributario no afecta a las familias, que era el compromiso que Montoro asegura que adquirió Rajoy. Hacienda mantiene que la intención es reducir dos puntos el IRPF cuando exista margen presupuestario.

Las subidas impositivas se incluyen en un decreto que entrará en vigor tras la publicación en el BOE el sábado. El techo de gasto y los objetivos de estabilidad se remitirán al Congreso, aunque Montoro recordó que el Parlamento solo debe votar la senda de consolidación fiscal, pero no el techo de gasto sobre el que se articula el Presupuesto de 2017. Estas son las medidas más relevantes que sacó adelante el viernes el Consejo de Ministros.

Sociedades

La recaudación del tributo que grava los beneficios empresariales se desplomó en la primera parte del año, una senda que el Gobierno logró revertir con el incremento de los pagos fraccionados. Para 2017, el Ejecutivo plantea limitar la compensación de bases imponibles negativas, restringir el acceso a la exención por doble imposición internacional o declarar la no deducibilidad de las pérdidas de las transmisiones de fondos propios. Montoro defendió que estas medidas permitirán recaudar 4.650 millones y acercarán el tipo efectivo del impuesto al tipo nominal, que se mantiene en el 25%.

Impuestos especiales

El decreto ley del Gobierno contempla elevar la fiscalidad sobre el tabaco. En concreto, el impuesto específico aumentará un 2,5% que, en el caso de la picadura, será del 6,8%. El Ejecutivo también elevará el impuesto sobre el alcohol un 5%, un incremento que afecta a las bebidas espirituosas como la ginebra, el whisky o el ron. El impuesto sobre la cerveza se salva del aumento fiscal y el tributo especial sobre el vino mantiene el tipo del 0%.

En el caso del tabaco, el tipo específico pasa de 24,1 euros por cada 1.000 cigarrillos sube a 24,7 euros. El gravamen ad valorem se mantiene en el 51%. Hacienda también establece un gravamen mínimo para impedir que el tabaco se venda por debajo de determinado precio. Así, el importe del impuesto no podrá ser inferior al tipo único de 131,5 euros por cada 1.000 cigarrillos frente a los 128,65 euros vigentes hasta ahora. En el caso de la picadura de liar, el tipo específico aumenta hasta los 23,5 euros frente a los 22 euros. Cabe esperar que las empresas tacaleras trasladen al precio de la cajetilla el aumento fiscal la próxima semana.

El impuesto sobre el alcohol alcanzará los 913,28 euros por hectolitro frente a los 913,28 euros actuales. El sector de bebidas espirituosas considera que Hacienda discrimina su mercado y beneficia a las empresas cerveceras y vinícolas.

Montoro también anunció que a imagen de otros países como Francia o Reino Unido, se establecerá un impuesto sobre las bebidas carbonatadas azucaradas que permitirá recaudar en torno a 200 millones de euros. Un impuesto no se puede crear por decreto y el Gobierno ha incluido la medida en un proyecto de ley que se debatirá en el Congreso de los diputados.

Impuesto sobre el Patrimonio

El Ejecutivo también comunicó la prórroga de la vigencia del impuesto sobre el patrimonio, un tributo que ingresan las comunidades autónomas y que, con carácter general, abonan los contribuyentes con un nivel de riqueza superior a los 700.000 euros. La legislación vigente del impuesto sobre el patrimonio contempla una bonificación del 100%, cuya aplicación el Gobierno de Rajoy lleva retrasando anualmente desde 2012. La intención es reformular este tributo en el marco de la reforma del modelo de financiación.

Lucha contra el fraude

Dentro de apartado fiscal, el Consejo de Ministros también dio luz verde a un nuevo plan de la lucha contra el fraude fiscal que incluye limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros. Actualmente, el umbral asciende a 2.500 euros. Así, probablemente a partir de enero, los consumidores no podrán realizar ninguna compra en efectivo superior a 1.000 euros. La medida pretende reducir la economía sumergida y alentar el uso de medios de pago que dejen rastro.

Montoro también anunció un endurecimiento de la concesión de aplazamientos en el pago de impuestos. En concreto, se impedirá aplazar retenciones e ingresos a cuenta, lo que afecta al IVA. Tampoco será posible postergar el pago de “deudas previamente suspendidas mientras se tramita un recurso”.

Proyecto SII

El Gobierno recuperará el proyecto SII (Suministro Inmediato de Información) que obligará a las grandes empresas a remitir a Hacienda el detalle del IVAincluido en todas sus facturas y tiques en tiempo casi real. En un plazo de cuatro días, aunque en los primeros seis meses de entrada en vigor serán ocho. Se trata de una reforma de calado en la gestión del IVAque afectará a 62.000 compañías. Montoro avanzó que el proyecto SIIentrará en vigor en la segunda mitad del próximo año. Ello requerirá que las compañías modifiquen sus software informáticos.

Objetivo de déficit

Las medidas fiscales aprobadas ayer son una respuesta a las exigencias de Bruselas, que reclamó que España adoptara ajustes adicionales para rebajar sus números rojos. El Gobierno cerrará este año con un déficit público del 4,6% del PIB y debe reducir esta cifra hasta el 3,1%. Ello equivale a un ajuste de 16.000 millones de euros. El mayor esfuerzo recaerá sobre la Administración central, que este año incumplirá su objetivo del 2,1%y cerrará con un déficit del 2,6%. Y, para 2017, deberá reducir los números rojos hasta el 1,1%.

En cambio, las comunidades tienen un escenario más factible. Su límite de déficit para el próximo año es del 0,6%, solo una décima menos que el límite del actual ejercicio. La mayor preocupación se centra en la Seguridad Social, que este año cerrará con un desfase de casi 19.000 millones (1,7% del PIB). El objetivo es que el sistema reduzca su déficit hasta el 1,4% el próximo año. Hacienda exige que los ayuntamientos logren equilibrio presupuestario en los próximos años, sin embargo, todo indica que seguirán logrando superávits fiscales que permitirán paliar los desvíos del resto de administraciones. Según la senda fiscal remitida a Bruselas, España reducirá su déficit por debajo del 3% en 2018.

Techo de gasto

El techo de gasto que el Gobierno remitirá al Congreso suma 118.337 millones de euros, un 4%menos que el ejercicio anterior. Sin embargo, Montoro señaló que esa comparación resulta equívoca y reclamó que se relacione el techo de gasto de 2017 con el presupuesto liquidado de este año y que es 5.000 millones menor al previsto inicial mente. Bajo este prisma, Hacienda defiende que no hay ningún recorte en el gasto y mostró su intención de elevar las partidas sociales, tal y como le reclama Ciudadanos para apoyar el Presupuesto del próximo año.

Bases de cotización

Desde el Ministerio de Empleo también han querido hacer “un gesto” ante Bruselas, de forma que no todo el esfuerzo recaudatorio recayera sobre las alzas de impuestos. Por ello, el real decreto de medidas fiscales aprobado ayer recoge también un incremento de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, para que aumenten los ingresos del sistema de pensiones. Ello supondrá entre 300 y 330 millones de euros más de recaudación.

Con este incremento del 3%, la base máxima de cotización a la Seguridad Social pasará de los actuales 3.642 euros a los 3.751 euros al mes en 2017. Esto supondrá que la aportación al sistema de pensiones de un trabajador con esta base de cotización será de unos 1.312 euros mensuales, lo que supondrá 40 euros más al mes que en el presente ejercicio. Este incremento será costeado en su mayoría por el empresario.

Pero, además, fruto del incremento del salario mínimo del 8% aprobado también este viernes, las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social también aumentarán en ese mismo porcentaje. Así, el incremento del 8% de las bases mínimas para 2017 supondrá también un aumento de los ingresos de la Seguridad Social de otros 70 millones al año, según cálculos de Empleo. En total, ambas medidas aumentarán la recaudación del sistema de pensiones en unos 400 millones anuales.

El real decreto de medidas fiscales y laborales incluye, además del citado incremento de bases máximas, una recomendación del Ejecutivo para que el Pacto de Toledo, “diseña un porgrama ás amplio de destope (eliminación del tope máximo) de las bases”, en palabras de Montoro.

Se trata de que esta comsión parlamentaria adecúe la progresiva subida de las bases mínimas y las máximas esperadas para los próximos años. Y, en paralelo, acuerden también subidas de las pensiones mínimas y máximas de forma proporcional para mantener la contributividad del sistema.