Un plan fiscal para controlar el déficit

El Gobierno aprobará mañana la batería de medidas exigidas por Bruselas para rebajar el déficit público en 2017 y cumplir con el objetivo de consolidación fiscal. Un plan que incluye la creación de un nuevo impuesto para gravar las bebidas con alto contenido en azúcar, una subida de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco y una reducción de los incentivos fiscales para las grandes empresas. El objetivo de estas iniciativas, que se combinarán con la puesta en marcha de un nuevo plan contra el fraude, es recaudar alrededor de 8.000 millones de euros.

La medida más novedosa –y sorpresiva, dado que no había sido preanunciada– es la creación del impuesto a las bebidas carbonatadas y azucaradas. Un tributo que ya existe en otros países, como Reino Unido, y que afectará especialmente a refrescos y bebidas tan populares como la Coca-Cola. El decreto del Gobierno se aprobará después de que la Generalitat de Cataluña haya incluido un tributo similar en sus Presupuestos. Esa duplicidad no provocará un conflicto, dado que el principio que impide gravar dos veces el mismo hecho imponible hará que prevalezca el impuesto estatal. Desde Hacienda se señala que el nuevo tributo no tiene afán recaudatorio –el incremento supondrá algo menos de 200 millones de euros– sino que se justifica por motivos sanitarios. Desde el punto de vista de la salud, existe consenso sobre los perjuicios de un muy elevado consumo de azúcar, aunque existen muchos productos alimentarios con presencia de este ingrediente cuya tributación no se prevé subir. La patronal del sector calificaba ayer de “injusto y discriminatorio gravar una categoría por tener un ingrediente, pero no al ingrediente en sí”. Ese trato fiscalmente diferenciado puede generar dudas razonables y hace inevitable la consideración de si se trata de la mejor opción para abordar el problema.

La subida de los impuestos especiales al alcohol y tabaco no ha sido una sorpresa. La cerveza no se verá afectada, dado que cuenta con un impuesto particular, al igual que el vino, que seguirá bonificado. En el caso del tabaco, el Gobierno cumple con la normativa europea, al eliminar el denominado doble mínimo, una medida que se aprobó para evitar que este producto se vendiese por debajo de un determinado precio. La batería de reformas se completa con una modificación en el Impuesto sobre Sociedades cuyo objetivo es reducir los beneficios fiscales a las grandes empresas y lograr un aumento de la aportación fiscal de las multinacionales. Se trata de una decisión que debe entenderse no como un castigo a la gran compañía, sino como un modo de neutralizar las ventaja competitiva de la alta ingeniería fiscal y de ajustar a la vez la factura tributaria a la realidad.