Un techo de gasto más elevado para los municipios saneados
El presidente de la FEMP, Abel Caballero, también reclamará que los consistorios puedan reinvertir el superávit de 2016.
Las cuatro o cinco décimas de superávit con las que las administraciones locales van a cerrar el ejercicio presupuestario son fundamentales para que España pueda cumplir, tras una legislatura entera desviándose, con las exigencias del déficit que marca Bruselas. La meta para este año es del 4,6% y los últimos datos de ejecución presupuestaria revelan que se cumplirá, pese al abultado déficit de la Seguridad y el incumplimiento de las comunidades autónomas.
Pobreza energética y policía local
La reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP también se pronunció con respecto a dos temas que afectan directamente a los municipios: la pobreza energética y la jubilación anticipada de la policía municipal.
Respecto a la primera, puesta de relieve tras la muerte de una ciudadana en Reus a la que le habían cortado la luz, Caballero pidió que se tomen medidas mediante la reglamentación correspondiente “que impidan cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad económica sin un informe previo que verifique la situación socioecónomica del afectado antes se conozcan las necesidades económicas que hayan podido ocasionar el impago”.
En relación a la jubilación anticipada de los policías locales, Caballero anunció una nueva reunión con las plataformas de policías ante la falta de implicación del Ejecutivo.
Conscientes del papel balsámico que van a jugar en las negociaciones con Bruselas para la reducción del déficit, los alcaldes quieren hacer valer su rigor fiscal y quieren obtener algunas contraprestaciones a cambio. El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, anunció que exigirá dos reivindicaciones en la reunión que mantendrá el miércoles con la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría. La primera se refiere al techo de gasto (el límite máximo en el que se puede incrementar el gasto no financiero) que el Ejecutivo debe fijar para el conjunto de Administraciones Públicas. “No podemos estar sujetos a un techo de gasto que es una precaución para incumplimientos futuros con el mismo lema que los que incumplen, porque nosotros estamos cumpliendo desde hace cuatro años”, remarcó en comparecencia pública tras la reunión de la junta del Gobierno. Dicho de otra manera que reclama que el techo de gasto sea más flexible para los ayuntamientos y en especial a aquellos más saneados.
Ante la posibilidad de que el Ejecutivo retrase la presentación de los Presupuestos Generales del Estado a los primeros meses de 2017 con el fin de ganar margen para la negociación con la oposición, Caballero aseguró que pedirá a Sáenz de Santamaría que, si finalmente se presenta un decreto ley de prórroga presupuestaria (en él se incluirían las grandes partidas de gasto como el incremento salarial de los funcionarios o la revalorización de las pensiones) también se refleje la prerrogativa de que de los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit del pasado año. “Tenemos un superávit permanente y lo queremos invertir”, apuntó.
El alcalde de Vigo reiteró otra de las peticiones tradicionales de la FEMP, que pasa porque la reforma de la financiación autonómica y local se haga al mismo tiempo. “Queremos que se haga de forma simultánea o paralela, no queremos ser el elemento residual después de la financiación autonómica y la del Estado”, insistió.
Dos reivindicaciones muy ligadas a la reunión que Hacienda mantendrá con las comunidades autónomas mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que está previsto discutir los objetivos de deuda y de déficit para las comunidades autónomas. La meta para este año es del 0,7% y el objetivo inicial para el próximo ejercicio es del 0,5%, aunque desde las filas socialistas presionan al Ejecutivo para que lo flexibilice y lo deje en el mismo nivel que este ejercicio. El interés socialista está justificado por el hecho de que de que preside siete comunidades autónomas (Aragón, Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura) y está presente en al menos otros dos Ejecutivos de régimen general (Canarias y Cantabria). También lo está en el País Vasco, aunque está última es de régimen foral.
Los gobernantes socialistas son conscientes de que habrá que hacer nuevos ajustes, bien a través de reducciones de gasto o subidas de impuestos, y por ello quieren minimizar el impacto del ajuste fiscal para el próximo año. El presidente de la gestora que preside el PSOE, Javier Fernández, ya ha avanzado el interés socialista por apoyar con una abstención la negociación del techo de gasto (siempre y cuando no sea lesivo para las autonomías) y también a apoyar los nuevos objetivos de deuda y déficit regionales en el CPFF, siempre y cuando responda a sus demandas.