Hacia un pacto político, económico y social

El diálogo social entendido como una negociación integral en la que participan Gobierno, patronales y sindicatos, aunque practicado en conversaciones poliédricas para adaptar la interlocución a cada materia, desapareció en España en la última legislatura. La dureza de la crisis y la no menos dura medicina para superarla que dispensó el Gobierno de Rajoy desterró todo intento de recomposición del diálogo por bienintencionado que fuese. Cinco años después, tras un desconcertante periodo de desencuentros políticos paralizantes para la actividad económica, parece que las fuerzas políticas, sindicales y patronales coinciden en la necesidad de buscar puntos de encuentro para mantener una vigorosa recuperación de la economía, que logre reequilibrar una desordenada generación de empleo con intensos déficits de calidad.

El encuentro mantenido ayer por el presidente del Gobierno con los líderes sindicales y patronales en Moncloa no es en absoluto ajeno al peligroso zigzag de la política en los últimos meses y a la polarización, dentro de la pluralidad, de la voluntad de los españoles en las urnas. El Gobierno ha entendido que el crecimiento económico tiene que dotarse de un rostro más solidario y distributivo, y ha tendido la mano a las demandas sociales expresadas por unos sindicatos que han perdido musculatura y capacidad de liderazgo social, y que necesitan recuperarlos por la vía más constructiva: el diálogo. Los empresarios han interiorizado también el mensaje y se escapan incluso voces entre sus filas que admiten que la desregulación ha podido ir demasiado lejos, tal como señalaba esta misma semana el presidente de una dinámica cadena hotelera a propósito del mercado laboral. La conversación de ayer en el Palacio de La Moncloa, a juzgar por el sorpresivo comunicado conjunto emitido a mediodía por cuantos se sentaron a la mesa de Mariano Rajoy, si es replicada de buena voluntad, puede cuajar en un gran pacto nacional que acogiese en su seno la política de rentas públicas y privadas, la calidad del empleo, la mejora de la cobertura de los desempleados y el futuro de las pensiones. Una auténtica réplica de los Pactos de La Moncloa firmados en octubre de 1977 que lograron superar la crisis industrial y la zozobra política que la envolvía.

Del encuentro de ayer puede cerrarse un circulo virtuoso en el que se den la mano un pacto de salarios más generoso que lo que la salida inicial de la crisis ha permitido; una escalera de subidas del salario mínimo para varios años (hasta de ocho hablaba ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez); un acuerdo para revalorizar los sueldos públicos; una serie de correcciones formativas (reforma laboral) para mejorar la calidad del empleo, más dañada en la remuneración que en los formatos contractuales; y todo ello envuelto con un pacto que asegure la viabilidad de las pensiones, previamente consensuado por los partidos políticos del Congreso.

El presidente del Gobierno puso ayer negro sobre blanco su disposición a todo ello, con los razonables límites de que no se ponga en riesgo la estabilidad fiscal a la que obliga Bruselas a este o a cualquier Gobierno que pudiera existir, y que no se destruyen las reformas que han contribuido a mejorar la competitividad empresarial, el crecimiento y el empleo. El Banco de España recordaba ayer que debe mantenerse de forma genérica la moderación salarial, pero que las empresas con fuertes avances de la productividad deben mostrar más generosidad, como Telefónica, que parte de un incremento del 1,9% para 2017, el doble de lo pactado para este año en el país.

El ejercicio de sensatez que supondría esta especie de pacto poliédrico con actores económicos, sociales y políticos proporcionaría a España un plus de confianza y solvencia para la inversión y el crecimiento que la dejaría al margen de los vaivenes populistas de uno u otro signo que acosan a varios países europeos. Aquí siempre hemos defendido que la crisis política que arrancó hace un año se habría resuelto con rapidez si se hubiese optado por la vía alemana (Gobierno de coalición) o se hubiese hecho en febrero lo que se consideró bueno en octubre. Ahora solo se precisa la colaboración en asuntos capitales de un PSOE que, como toda socialdemocracia en Europa, debe ser actor protagonista en la neutralización del populismo, como en la postguerra lo fue del comunismo.