Solucionar las pensiones, no poner parches

El Gobierno llevó ayer a la inauguración de los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, en la que tienen presencia todos los grupos parlamentarios, cuatro propuestas para recuperar el equilibrio financiero de la Seguridad Social, que arrastra unos números rojos equivalentes al 1,6% del PIB y cuyo fondo de reserva se agotará, previsiblemente, el año que viene. La tarea que debe acometer la comisión durante los próximos meses será debatir los cambios necesarios para cubrir ese agujero y hacer sostenible financieramente el sistema.

Pese a las reformas realizadas en 2011 y 2013, pensadas para insuflar oxígeno a medio y largo plazo, la Seguridad Social podría cerrar este ejercicio con un desequilibrio de alrededor de 17.000 millones de euros. La búsqueda de ingresos que complementen a las cotizaciones –que ahora mismo financian nueve de cada diez euros destinados a pagar las prestaciones– es el objetivo de los trabajos, que se plasmarán en un documento de reforma que se quiere tener listo para mayo de 2017.

De las cuatro fórmulas que explicó ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, una es bien conocida, dado que está presente ya en los presupuestos generales de 2016: la posibilidad de que las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares, que cuestan al sistema de 24.000 millones de euros anuales, se financien con cargo a impuestos. La medida supone un paso más en el proceso de separación de las fuentes de financiación –que se inició con el traspaso a tributos de la sanidad y los pagos de los complementos a mínimos de pensiones– y obliga a cargar sobre los ingresos tributarios una factura considerable. Otra de las opciones señalada por Báñez consiste en transformar las actuales reducciones de cotizaciones en bonificaciones a la contratación, lo que permitiría a la Seguridad Social recuperar solo en este ejercicio 1.900 millones de euros y cubrir el roto que han hecho a los ingresos las tarifas planas para incentivar la contratación. La ministra se refirió también a mejorar la lucha contra el fraude.

Pero la medida más polémica –que remite a un viejo problema que hasta ahora no se ha logrado abordar con seriedad– pasa por aumentar las cotizaciones de los autónomos a la Seguridad Social, cuyo régimen especial (RETA) tiene un déficit superior a 7.000 millones. Pese a que Báñez recordó que un autónomo genera tres veces más déficit al sistema que un asalariado, la propuesta nace coja, dado que deja a la “pedagogía” y a la voluntariedad del colectivo el aumento de las cotizaciones. Es cierto que la de ayer fue solo la primera de muchas jornadas de trabajo de la comisión, pero sea cual sea el perfil de la reforma acordada, el objetivo del Pacto de Toledo debería ser solucionar el problema de las pensiones y no poner parches que, antes o después, acaban resultando insuficientes.