Energía, un ministerio muy fraternal

Aunque la denominación del nuevo ministerio fruto de la segregación de Industria comienza por Energía, está por ver que vaya a ser un departamento energético al uso en otros países del mundo. El proyecto, promovido desde la propia Secretaría de Estado de Energía, dirigida por Alberto Nadal, hermano gemelo del que ha resultado ministro, era mucho más ambicioso y adecuado a los tiempos, pues incluía las competencias sobre cambio climático. De esta manera, España se habría alineado con la estructura de la propia UE, que cuenta con un comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, curiosamente, íntimo del nuevo titular de Energía, Álvaro Nadal.

Incluirl Medio Ambiente en la nueva cartera tenía dos ventajas:aunar dos competencias estrechamente ligadas, pues de las políticas contra el cambio climático (impuestas desde Bruselas en aras de los acuerdos internacionales)dependerá la planificación energética a medio y largo plazo y las medidas para impulsar las renovables en España. Lo que se ha dado en llamar la transición energética.

Otra ventaja política que esgrimían los promotores de la idea es que bajo el paraguas medioambiental siempre se podrían disimular las antipáticas medidas relacionadas con el sistema eléctrico y las tarifas y precios de la luz. Un engorro con el que han tenido que bregar históricamente los ministros de Industria, que dedicaban a esta tarea casi todo su tiempo y dedicación, aunque hasta el segundo Gobierno de Zapatero la de Energía no tuvo rango de Secretaría de Estado.

Sobre por qué el nuevo departamento no ha incluido las competencias climáticas, la razón más plausible está en el poder de negociación (o simplemente poder) de Isabel García Tejerina frente a Nadal, que, con el argumento de la competitividad, ha preservado Medio Ambiente en su cartera de Agricultura, la cual, precisamente, heredó de Arias Cañete.

Sea como fuere, y mientras no se demuestre lo contrario, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital es el viejo Ministerio de Industria con una pata amputada (la de Industria que pasa a Economía). Quizás Mariano Rajoy no quiso ceder más poderes a Guindos o, al no traspasar a Nadal las competencias medioambientales, el ministerio que le había tocado en suerte resultaba raquítico.

Con esta la jugada, ambas carteras quedan en el mismo edificio, en la madrileña plaza de Cuzco, que comunicarán un ala o planta (la de Industria) con Economía.

Por el momento, según el organigrama publicado el viernes en el BOE, la cartera de Nadal mantiene tres Secretarías de Estado (las de Energía; Agenda Digital, o antigua Telecos, y Turismo). De no otorgarse más medios a Energía, todo seguirá igual. El extinto Ministerio de Industria practicaba desde hace años la costumbre de usar los medios de los supervisores (ahora, la CNMC), mucho más dotados técnicamente.

Aunque está por ver si mantiene a su hermano como secretario de Estado de Energía, su ausencia en la toma de posesión del viernes se interpretó como una renuncia (en este caso, su propio hermano firmaría su cese, “con el consiguiente conflicto familiar”, ironizan en el sector). Con o sin él, Álvaro Nadal se enfrenta a urgentes tareas, en buena medida, derivadas del año de Gobierno provisional, de la dimisión de José Manuel Soria y de las inhibiciones continuas de su sucesor, Luis de Guindos, que, con mucho tino político se ha negado a firmar cualquier norma que afectase a las eléctricas. Alegando que había sido consejero de Endesa, Guindos ha evitado cualquier atisbo de incompatibilidad para seguir en el Gobierno o acceder a alguna compañía.

La primera de todas, en la que ya avanza el ministerio, es la elaboración de una propuesta de peajes de acceso para 2017 que, a priori, se quieren congelar. Este deseo, no obstante, choca con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la obligación de las grandes eléctricas de financiar el bono social de la tarifa y le obliga a indemnizar a las compañías que lo han sufragando desde 2014 algo más de 500 millones de euros que, si el Gobierno no lo remedia, se convertirá en un coste del sistema en 2017. Además, de no modificarse la polémica regulación del bono antes de fin de año, los consumidores deberán pagar la partida correspondiente al próximo ejercicio:otros 200 millones.

También debe proceder de inmediato a la refacturación pendiente del recibo de la luz de 13 millones de usuarios, en aplicación de la ejecución de otra sentencia del Supremo del pasado junio.

Por encima de estas tareas está la de solucionar el callejón sin salida de los 1.600 millones del superávit del sistema eléctrico de los dos últimos años que, salvo una modificación de la Ley Eléctrica, solo puede destinarse a amortizar la deuda eléctrica (unos 24.000 millones). Liberar esta cantidad le permitiría absorber el coste del bono.

Pero la lista de deberes es más amplia. Por ejemplo, desenredar la polémica regulación del autoconsumo, diseñada y defendida a ultranza por el todavía secretatrio de Estado de Energía, y que ha exaltado a las renovables, y decidir el futuro de Garoña (algo que no plantea dudas para un firme defensor de la energía nuclear). También se las verá, como le ha recordado Cañete, con la transposición del paquete energético “más importante de esta legislatura comunitaria”: las directivas de mercado y eficiencia energética que el parlamento europeo aprobará este mismo mes.