Los auditores reclaman al nuevo Gobierno cambiar la ley
Los auditores instan al Ejecutivo a abrir una mesa de diálogo para modificar la ley Idenfican hasta 34 puntos del marco legislativo con dudas de iterpretación
La patronal de auditores reclamó ayer al nuevo Gobierno un cambio en la reciente Ley de Auditoría. Su presidente, Mario Alonso, rechazó también el “modelo abreviado” que acordaron PP y Ciudadanos en el pacto de investidura.
Antes incluso de que Mariano Rajoy haya obtenido el previsto sí del Congreso, los auditores ya tienen recados para el nuevo Gobierno. El presidente de su patronal, Mario Alonso, instó ayer en la inauguración del vigésimo tercer Congreso Nacional de Auditoría al próximo Ejecutivo abrir una mesa de diálogo para modificar la actual Ley de Auditoría, ratificada en julio de 2015. La norma en su opinión presenta carencias en cuanto al contenido y también sobre la independencia del auditor.
Nueva norma
Aspectos a mejorar por la nueva ley, según los auditores
Contenido: reclaman la armonización definitiva con las normas europeas.
Independencia: piden la simplificación en el modo de interpretar los informes.
Comité de auditoría: el ICJCE reivindica la vuelta de sus miembros a este organismo regulador.
Sanciones: deben respetar el juicio personal del auditor y darle valor.
En concreto, Alonso señaló las divergencias con la mayoría de normas de la Unión Europea, así como el régimen de extensiones y el periodo de vigencia. Señaló en este sentido que han identificado hasta 34 puntos del marco legislativo con dudas de interpretación que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas no ha podido resolver.
En cuanto a este organismo regulador, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) calificó su desempeño como “asfixiante”. Como modelo Alonso citó el funcionamiento de otros organismos análogos como la CNMV y pidió que el ICAC deje de depender del Ministerio de Economía, su presidencia sea colegiada y esté sometido al control del Parlamento. Reclamó también que la nueva ley vuelva a incluir a los auditores en el Comité de Auditoría.
Por el lado de la independencia, el máximo responsable del ICJCE fijó como objetivo que la normativa modificada clarifique la figura libre del auditor. Del mismo modo, esta organización puso como tarea pendiente al próximo Ejecutivo potenciar las auditorías a las entidades públicas, al tiempo que rechazó que a las pymes se les exija la misma complejidad en su control “que a las empresas cotizadas”. Finalmente, Alonso pidió cambios en el actual régimen sancionador para que “no cuestione constantemente nuestra autoridad”.
De forma paralela a la modificación de la ley, esta patronal reclamó el desarrollo de una nueva normativa que clarifique los aspectos ya desgranados. “Tenemos una ley nueva que se aplica con el reglamento de la antigua. Instamos al nuevo Gobierno que se ponga a trabajar desde ya en ello”, comentó.
Contra el pacto PP-C’s
Los planes de los partidos políticos sobre el futuro de la Ley de Auditoría tampoco son del agrado de los profesionales del sector. En concreto, Alonso se opuso a las “auditorías abreviadas” que proponen PP y Ciudadanos por “desconocer lo que son”.
El pacto de investidura entre estas dos fuerzas políticas, rubricado en agosto, establece en su primer apartado (el dedicado a empresas y autónomos) la posibilidad de que las compañías con una cifra de negocios entre 5,7 y 8 millones, activos entre 2,85 y 4 millones y menos de 50 trabajadores puedan presentar cuentas abreviadas. Con respecto a este punto –que también estaba incluido en el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos– el presidente del ICJCE alertó: “Cuidado con este tipo de avances”.
“En el siglo de la información y del conocimiento, la auditoría es clave para generar confianza en la ciudadanía y progresar en la transparencia”, reivindicó Alonso. Así, el encuentro entre unos 400 profesionales de toda España y del Arco Mediterráneo de Auditores buscará poner de relieve un sector que, según su patronal, genera 18.000 empleos directos y un 0,8% en el valor añadido bruto del país.
La nueva contabilidad, en el Consejo de Estado
El real decreto que adaptará a España los cambios del Plan General Contable estará listo en menos de un mes. El subdirector general de normalización y técnica contable del ICAC, José Manuel Pérez Iglesias, explicó ayer en el Congreso Nacional de Auditoría celebrado en Málaga que la normativa que regulará el nuevo Plan General Contable se encuentra en las manos del Consejo de Estado. Después, llegará –según calculan en esta Administración supervisora– al primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno para obtener la ratificación definitiva en unas tres semanas.
Mientras tanto, y en caso de que la norma no llegue antes de que las empresas aporten sus cuentas anuales (a partir del 1 de enero del próximo año ya deberán incluir estas modificaciones), el responsable de este organismo instó a las compañías a seguir como disposición transitoria la circular 4/2006 del Banco de España. En ella se apuesta por la retroactividad de la norma con el objetivo de minimizar el cambio en la comparación de los resultados.
El principal efecto que esta norma contable, impulsada desde la Unión Europea, tendrá para las empresas es que el fondo de comercio (los elementos inmateriales que resultan de la compra de una empresa o una marca) pasen a ser objeto de amortización a la hora del cómputo de la deuda. Así era hasta 2007 cuando la anterior modificación del Plan General Contable lo excluyó del balance. En 2014 –según explicó Enrique Asla–, presidente de la comisión técnica del ICJCE, los auditores detectaron 100.000 millones en fondos de comercio del Ibex. “Fundamentalmente estaban concentrados en Telefónica y el Santander”, comentó. Asla explicó también que al incorporar este concepto a las cuentas afectará de forma “muy significativa” al resultado final.
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