Conflicto por los aranceles de la nueva Ley Concursal

Superado lo peor de la crisis económica, y aunque cada día unas 13 compañías siguen declarando su entrada en concurso de acreedores, a tenor de las últimas cifras publicadas por PwC con el cierre de 2015 (cuyo total de insolvencias para ese año fue de 4.779 concursos), continúa la polémica por los efectos que puede provocar a corto y medio plazo la enésima reforma de la Ley Concursal. Las constantes modificaciones que el Gobierno del PP ha llevado a cabo del marco regulatorio que rige en los antiguos procesos de insolvencia tienen en común un mismo objetivo: procurar reducir una cifra demoledora, como es que más del 90% de los procesos concursales culminan con la liquidación y desaparición de la compañía declarada en quiebra.

Hasta aquí tanto desde el Ministerio de Economía como desde la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) el consenso es absoluto. Ambos consideran que se debe avanzar hacia un sistema en el que las compañías con dificultades financieras puedan superarlas y proseguir con su actividad. Sin embargo, las reformas legislativas emprendidas relativas al modo de acceso a la profesión de administrador concursal y las retribuciones que deben tener estos gestores mantienen enfrentados a este colectivo con el actual Ejecutivo en funciones.

Sin duda, el aspecto más controvertido es el del salario del administrador concursal. La última modificación aprobada, que ya ha entrado en vigor, establece que la cantidad que percibirá el gestor del proceso concursal no podrá exceder la menor de estas dos cantidades: o el 4% del activo de la compañía concursada o 1,5 millones de euros. En este sentido, la nueva norma establece que el administrador deberá aportar el 2,5%, 5% o 10%, dependiendo del sueldo percibido, para dotar la cuenta arancelaria. Una especie de fondo de garantía de donde se retribuirá a los administradores de los conocidos como concursos sin masa, aquellos en los que todos los activos de la compañía fueron liquidados en una fase anterior. Desde Economía prefieren denominarlos procesos concursales con “insuficiencia de masa”, en los que se produce solo una parte del pago.

El vicepresidente de Aspac, Áticus Ocaña, explica que el legislador, al imponer esos límites, parece que haya diseñado la nueva ley pensando en que todos los concursos de acreedores son de macroempresas como Martinsa Fadesa o Pescanova, cuyos activos son millonarios. “Cuando la realidad de las cifras nos dice justo lo contrario. Este país es una economía de pymes, cuyos activos en demasiadas ocasiones son mínimos. Si a eso le unimos la aportación que hay que realizar a la cuenta arancelaria, puede darse la circunstancia de que en algún concurso el saldo neto para el administrador sea negativo”, asegura Ocaña.

Por su parte, desde Economía recuerdan que la retribución del administrador concursal constituye un crédito contra la masa y, por ello, se sitúa en lo más alto del orden de prelación de créditos. Además, las mismas fuentes insisten: “Una remuneración superior al 4% del activo podría desvirtuar el sentido último del procedimiento concursal, impidiendo la satisfacción de los acreedores concursales”. El departamento que dirige en funciones Luis de Guindos señala que los costes del procedimiento concursal son relativamente elevados en España en comparación con los estimados en otros países.

El informe Doing Business del Banco Mundial dedica uno de sus indicadores a ponderar la calidad del procedimiento de resolución de insolvencias empresariales en cada país. Para el año 2016, España se sitúa en el puesto 25 del índice. A su vez, este indicador se compone de varios subindicadores: en el apartado de coste del procedimiento concursal, la clasificación de España baja hasta el puesto 81, con un coste estimado del procedimiento del 11% de la masa del concurso, frente al 3%-4% que se calcula para los países mejor clasificados en este aspecto.