Gobierno y PwC, pendientes del juez para medir el agujero de Acuamed

El escándalo de Acuamed, que estalló a primeros de año y mereció detenciones de altos cargos de la empresa pública y una sonada dimisión en el Gobierno, va a volver de los tribunales al Ministerio de Medio Ambiente en forma de madeja financiera por desliar. Se trata de trasladar el esperado agujero a las cuentas de la compañía.

La operadora pública de infraestructuras hidráulicas cerró el ejercicio 2015 en falso, con salvedades del auditor PwC, después de que fuera desvelada a mediados de enero una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que destapaba presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos entre 2007 y 2014.

La memoria del citado 2015 no hace mención alguna al caso, ni ha recogido reformulación alguna, pero presenta ya cautelas como la ausencia del informe de gestión, que ha venido acompañando a los informes anuales anteriores, y también falta la diligencia de firmas por la que el consejo de administración, formado principalmente por altos cargos de la Administración, daban el visto bueno a la operativa llevada a cabo por la cúpula directiva. Basta un simple vistazo para comprobar que la memoria ha pasado de más de 200 páginas a justo la mitad.

La citada PwC, que captó Acuamed para la auditoría de sus cuentas en 2014 (anteriormente estaba en manos de KPMG), expresa salvedades a los resultados y memoria correspondientes a 2015, a la vista del registro acometido por la UCO el 16 de enero de 2016 en varias sedes de la compañía y la detención de varios ejecutivos “ante la existencia de indicios racionales de comisión de una presunta actividad delictiva”, cita el auditor. Como cabecillas se señaló al director general, Arcadio Mateo y a la jefa de Ingeniería y Construcción, Gabriela Mañueco, que fueron apartados de sus funciones y enviados a prisión. Posteriormente salió del Gobierno el subsecretario de Presidencia y ex presidente de Acuamed, Federico Ramos.

Con el asunto en la Audiencia Nacional, en manos del juez Eloy Velasco –llegó a citar una “organización criminal” en su auto–, el órgano de decisión de Acuamed espera el levantamiento total del secreto de sumario para tener información del proceso judicial y determinar de forma fiable los potenciales impactos directos sobre distintos epígrafes del balance, como el que hace alusión al inmovilizado material (2.524 millones de euros en el activo no corriente) y al de “Clientes, empresas del grupo y asociadas” (477,5 millones en el activo corriente). También se esperan impactos indirectos sobre distintas partidas de las cuentas anuales.

De este modo, los resultados de 2015 y ejercicios anteriores podrían ser reformulados, al tiempo que el auditor expresa que no ha tenido a su disposición la información necesaria para realizar su examen. Y es que se trata de supervisar la gestión y contabilidad de Arcadio Mateo al frente de uno de los principales brazos de Medio Ambiente para la promoción de proyectos.

En medio de la ventolera, tras las primeras Elecciones del actual ciclo de comicios, el Gobierno anunció que se analizaría proyecto por proyecto para determinar si Acuamed y contratistas como FCC Aqualia, Acciona Agua, Altec o Abengoa, entre otras, han jugado limpio durante los últimos años. De momento, no hay noticia pública sobre ese examen pormenorizado, aunque Medio Ambiente ha remitido al juez Velasco una auditoría sobre distintas obras.

Es en las cuentas de 2015, en sus notas 19 y 21, donde Acuamed resalta como hechos posteriores al cierre del ejercicio las pesquisas de la Guardia Civil y los ceses en el equipo directivo.

• 3.600 millones de inversión

Acuamed es el principal instrumento del Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo del Programa de Actuaciones en las cuencas mediterráneas, con inversiones por más de 3.600 millones a lo largo de su trayectoria. De este modo, contrata, construye, adquiere y explota obras en las cuencas Segura, Júcar, Ebro, Cuenca Mediterránea Andaluza y Cuencas Internas de Cataluña. Entre sus actuaciones, 12 desaladoras por 1.700 millones y 22 grandes proyectos de distribución de agua por casi 1.300 millones.

El magistrado Velasco abrió investigación sobre siete contratos: la desaladora de Bajo Almanzora en Almería, obra de FCC y Abengoa en la que el juez percibió una compensación indebida de 40 millones de euros; la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona (FCC); la presa de la rambla Gallinera, en Valencia (Sogeosa y Torrescámara); la desaladora de Torrevieja (Acciona); las conducciones de la desaladora de Campello-Mutxamel, en Alicante (Altec-Altyum); la presa del río Serpis (Altec) y el Cerro Colorado de Murcia (Altec).

La empresa cerró 2015 con una cifra de negocio de casi 85 millones de euros, muy por encima de los 61 millones de 2014. El resultado neto del ejercicio fue de 13,4 millones en positivo y la compañía cuenta con un patrimonio neto que roza los 3.500 millones de euros.