Un plan de choque por el empleo y la sostenibilidad social

Hace casi un mes acababan las vacaciones de la inmensa mayoría de los españoles que pueden disfrutar de ellas. El final de agosto ha marcado también el final del trabajo para esa gran parte de la población española, desgraciadamente cada vez más amplia, que está instalada en la estacionalidad y la precariedad de nuestro mercado de trabajo como único sistema de subsistencia.

Concretamente, este año, en agosto, se han producido 282.298 bajas y aunque la cifra pueda parecer una mejora respecto a las 333.107 bajas del mismo mes del año anterior, realmente no lo es, pues lo único que indica es un menor movimiento de contratos, de esos que rotan y rotan alrededor de una misma persona para completar su ocupación durante el periodo estival.

Este año, además, ese mes nos dejaba una bajada en la afiliación media de 144.997 ocupados, dato demoledor para quienes defienden que nos encontramos ante una recuperación del empleo en nuestro país. Según estas cifras, este verano no ha existido creación de empleo neto, solo el movimiento de contratación propio de la época, que lleva asociada una clara vocación de extinguirse desde el mismo momento de su generación en el inicio de la temporada.

La cruda realidad de nuestro mercado de trabajo y de la situación del empleo en España es esa, que nada cambia. La estacionalidad o, como se daba en llamar antes, los temporeros es un fenómeno tan arraigado en nuestra sociedad que es, desde hace mucho, un modo de vida en precario de un gran número de españoles y españolas. En los últimos tiempos, y desde la promulgación de las reformas laborales, a la estacionalidad/temporalidad del empleo se le ha añadido la parcialidad, que se está consolidando como otro de los elementos de precariedad estructural de nuestro mercado de trabajo, especialmente la parcialidad no deseada, es decir, aquellos que aceptan un contrato a tiempo parcial por no encontrar uno a tiempo completo. Y a su sombra, la opacidad de los contratos fraudulentos y la economía sumergida.

Las reformas laborales logran resultados perversos para los trabajadores: tres de cada diez contratos son inferiores a siete días y solo cuatro de cada cien contratos celebrados en agosto eran indefinidos a tiempo completo. Por más que el Gobierno se empeñe en decir que el empleo mejora, lo cierto es que en tanto no cambie nuestro mercado de trabajo, nada cambia, pues el diseño del mismo está deliberadamente fijado para producir la situación actual. Y es que esta era la verdadera intención de quienes diseñaron y promulgaron las reformas laborales: que el mercado laboral fuera exactamente así, tal cual es. Por eso no hay ninguna iniciativa política destinada a cambiar esta realidad, por eso los datos de desempleados (3.697 millones, de los que 1.693 millones no perciben ninguna ayuda) son interpretados con tintes positivos por alarmantes que sean las cifras.

Las reformas laborales han marcado una estructura del mercado de trabajo que lleva aparejada una gran carga de cambio social, un cambio social en negativo, por supuesto, ya que supone casi un adoctrinamiento de la clase trabajadora que debe asumir y resignarse a vivir en precario como única opción a sus vidas. Y desde luego están consiguiendo el objetivo, pues van pasando los años desde las reformas, y la contestación ciudadana a estas normas es obvio que no se refleja en las urnas. Esta resignación sí que tiene un reflejo en la desesperanza, la falta de confianza en el futuro y la abstención.

Parece evidente que no es posible construir el futuro de un país maltratando y desesperanzando a su clase trabajadora –y buena parte del resultado electoral actual está cifrado en esta clave–. Sin embargo, quienes diseñaron esto no tuvieron en cuenta que el mercado de trabajo actual es altamente insostenible en el tiempo. Entre otras cuestiones, por la sencilla razón de que no permite vivir, en su significado más básico y literal, además de que excluye día a día a cada vez más miembros de la sociedad.

La pobreza en nuestro país ha crecido desde 2009 un 4,5%, alcanzando el 29,2%, el cuarto nivel más alto de toda la UE. El 45% de los desempleados se encuentra en situación de pobreza monetaria, subiendo esta cifra 14 puntos desde 2009. El gasto en políticas activas de empleo, por el contrario, ha descendido en un 40%.

Es la ineficacia calculada, la política del no hacer, de recortar presupuestos y gasto en desempleados. O de presupuestar para el desempleo y dejar de gastar hasta 1.000 millones de euros que se destinan a equilibrar el déficit del Estado. No hacer nada porque este era el objetivo: cambiar el mercado de trabajo para modificar el estatus de una clase trabajadora que gozaba de derechos, jornada completa, contratos de duración indefinida y salarios dignos.

El 10% de los salarios que menos ingresan han perdido un 23% de poder adquisitivo con la crisis, puesto que España es el país donde más ha crecido la desigualdad en este periodo, incluso considerando el conjunto de países rescatados. Mientras los asalariados, en términos de renta, han perdido 5.000 millones, las empresas han ganado 40.000 millones en el periodo 2009-2016. Esta última cifra no es casual, refleja claramente cuál era el objetivo. El problema es que no calcularon la insostenibilidad de este sistema, que se va a llevar por delante no solo vidas vividas en la penumbra de la precariedad y la miseria, sino al propio sistema en sí y hasta el país. Pero poco parece importarles.

Por eso, en este momento más que nunca es necesario seguir insistiendo en la denuncia social, en la propuesta reiterada de soluciones, porque muchos olvidan que la terrible realidad que les toca vivir es fruto única y exclusivamente de malas políticas, de la falta de interés en una clase trabajadora que nadie debería olvidar que es la que sostiene el país. Necesitamos de manera urgente un verdadero plan de choque por el empleo en un mercado de trabajo donde las reformas laborales sean ya pasado. Un plan de choque como factor de sostenibilidad social, que restituya el equilibrio y la racionalidad en el empleo y salvaguarde el futuro de nuestro sistema público de Seguridad Social.

Mari Carmen Barrera es Secretaria de políticas sociales, empleo y seguridad social de UGT