La factura de la parálisis política crece

El bloqueo político e institucional que vive España comienza a generar facturas concretas y riesgos ciertos. Es el caso de los más de 8.000 consistorios que integran la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que reclamaron ayer una reunión urgente con el Ministerio de Hacienda para trata de cortar un nudo gordiano: la imposibilidad de poder cerrar sus presupuestos para 2017. Los ayuntamientos se quejan de que les faltan datos fundamentales para poder aprobar las cuentas, entre ellos, conocer su participación en los recursos del Estado, delimitar su techo de gasto y contar con mecanismos que les permitan usar el superávit fiscal que generarán este año.

Esos recursos extras de la administración local son el resultado de la gestión saneada –marcada por la austeridad y el rigor– que los municipios han aplicado en los últimos cuatro ejercicios y que les ha permitido obtener cada año un superávit fiscal de medio punto. Las previsiones apuntan a que una vez más se repetirá ese esquema y que los ayuntamientos dispondrán para el año que viene de un remanente cercano a los 5.500 millones de euros. Una cantidad que la Ley de Estabilidad Presupuestaria permite dedicar a un capítulo de “inversiones financieramente sostenibles” que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado. La ausencia de cuentas para 2017 es lo que ha llevado a la imposibilidad de dedicar el remanente a actuaciones como el saneamiento de aguas, los tratamientos de residuos, el alumbrado público, la industria, la energía, el transporte, los parques y los jardines.

El bloqueo financiero y presupuestario que están sufriendo los consistorios es un daño colateral más –pero un daño serio– de la insólita parálisis que parece haberse instalado en la vida política española y cuya factura pagarán los ciudadanos. Si los ayuntamientos tienen las cuentas en una suerte de barbecho, a la espera de esa solución por parte de Hacienda, las comunidades autónomas no han podido ratificar en el Parlamento el acuerdo que alcanzaron con el Gobierno el pasado mes de abril para flexibilizar su objetivo de déficit público. Ello hace previsible que las autonomías tengan o bien que realizar nuevos recortes de gasto o, lo que es más probable, que opten por financiarse con sus proveedores y carguen así la factura del ajuste del déficit sobre los hombros de los empresarios. Un escenario que constituye en sí mismo una seria anomalía política e institucional que puede agravarse aún más si España se ve abocada a convocar otras elecciones generales. Pese a que la recuperación todavía no muestra signos alarmantes de debilidad, comienzan a apreciarse señales de desconfianza y pesimismo entre las empresas. Un aviso a los navegantes que las fuerzas políticas no pueden ni deben seguir ignorando más.