Empleo ha repartido casi todos los 139 millones de las ayudas anuladas

A última hora del lunes se supo que la Audiencia Nacional había anulado la convocatoria de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, para trabajadores prioritariamente ocupados de 2014. Los magistrados de la sala cuarta de lo Contencioso-Administrativo, estiman así una demanda de tres patronales (del metal, hostelería y dependencia) y consideran que la Comisión Estatal de la Formación para el Empleo –dependiente del Servicio Público de Empleo– debería haber emitido un informe preceptivo, tras informar a las organizaciones patronales y sindicales de la distribución de las ayudas. Así, entienden que la omisión de este informe “ha supuesto la privación del derecho de participación de los trabajadores y empresarios a través de los agentes sociales que les representan”.

Es por este motivo que la Audiencia anula las ayudas que, según la resolución ministerial a la que se refiere, ascienden a 139 millones de euros. ¿Qué pasa entonces con este dinero? ¿A quién se ha repartido y deberá devolverse? Fuentes del Ministerio de Empleo explicaron ayer a CincoDías que “con este recurso se ha puesto en riesgo la convocatoria de ayudas del año 2014, que está en estos momentos ejecutada y en fase de abono por el SEPE del tercer anticipo, una vez que los beneficiarios justifiquen la ejecución de la misma”.

Esto significa que ya se han repartido casi todos los 139 millones presupuestados ya que, tal y como prevé la ley, se ha abonado el primer anticipo del 50% de los fondos antes de empezar la formación; y el segundo, del 25%, que se paga una vez que se ha justificado la realización de más de la mitad del curso formativo. Por lo tanto, el SEPE estaría repartiendo ahora el último 25% de estas ayudas, a medida que los beneficiarios justifican la finalización de los cursos.

Aproximadamente la mitad de estas ayudas se habría repartido entre patronales y sindicatos y la otra mitad entre centros formativos del sector privado.

Si bien desde el Ministerio de Empleo confían en que no llegue la sangre al río y los abogados del Estado puedan corregir el vicio procesal y no tengan que devolverse estas ayudas. Así, recuerdan que la propia Audiencia Nacional en su sentencia deja una puerta abierta para la subsanación del motivo que originó el recurso, al señalar que acuerdan la anulación de la convocatoria “sin perjuicio de que pueda, en fase de ejecución de sentencia, solicitarse dicho informe”.

Por ello, los expertos consultados aseguran que, después de que el SEPE aporte el informe preceptivo, el asunto quedará resuelto y los beneficiarios no deberán devolver las subvenciones. Una vez comunicada la sentencia al SEPE, éste tendrá dos meses para aportar el informe y subsanar lo que se le solicita.

Una vez comunicada la sentencia al SEPE, este tendrá dos meses para el cumplimiento de la misma. La socia de Litigación y Arbitraje de Garrido Abogados, Silvia Ara, explica que, “si transcurrido este plazo, las patronales demandantes consideran que no se ha cumplido con el fallo de la sentencia por considerar que la subsanación no implica el cumplimiento del mismo (que obliga a la anulación de la Resolución), podrán presentar una demanda de ejecución exigiendo su cumplimiento, o en su caso promover incidente para decidir cuestiones relacionadas con la ejecución”.