Seguiremos hablando de impuestos, aunque...

Tanto en las negociaciones para llegar a un acuerdo para formar Gobierno como en las que tengan lugar para aprobar los Presupuestos, como en una improbable nueva campaña electoral, seguirá saliendo el tema de los impuestos. Y sí, los economistas tenemos que estar de acuerdo en que los tributos son una variable importante cuando se intenta articular la política económica de un país. De hecho, en el seno de la UE es una de las pocas herramientas de que disponen los ejecutivos cuando quieren incidir en el devenir económico de su territorio. Desde luego, los tributos que aportan la mayor parte de los ingresos públicos son de una importancia evidente cuando, como es el caso del Reino de España, tenemos que cuadrar nuestros Presupuestos para no salirnos de la senda de reducción del déficit que nos han/hemos marcado: máximo del 4,6% en 2016, 3,1% en 2017, y 2,2% del PIB en 2018.

Asimismo, tienen importancia porque detraen renta, riqueza o encarecen las compras de los contribuyentes, incidiendo por ello en el comportamiento presuntamente racional de familias y empresas y, como es obvio, y esto quizás es el motivo de que siempre estén en el punto de mira de la política, porque los sufrimos cada uno de los votantes.

El mejor ejemplo de impuesto que todos somos conscientes de pagar es el de la renta –incluso más que el IVA, que pagamos varias veces al día pero que se enmascara con los precios–. El IRPF, además de obligar a empresarios y profesionales a retener cuando realizan determinados pagos y a ingresar dichas retenciones a la Hacienda pública periódicamente, obliga a buena parte de la población, al menos una vez al año, a presentar una declaración de cierta complejidad.

Por eso no es extraño que al final de cada legislatura se reforme este impuesto con bastante parafernalia publicitando una rebaja del mismo. Desde luego, las subidas, por el contrario, se producen de manera rápida, con precisión quirúrgica y, a ser posible, por decreto-ley.

Aunque hace año y medio concluyera la última reforma fiscal de moderada profundidad –renta, sociedades, algo de IVA y Ley General Tributaria–, cuando todavía está transcurriendo el segundo año de su aplicación y por los motivos apuntados se volverá a hablar de impuestos.

Pero es que además existen otros motivos para ello. Aparte de retoques técnicos que siempre es necesario hacer, incluso en tributos que se acaban de reformar, parece imprescindible revisar buena parte de la tributación ligada al sistema de financiación de las comunidades autónomas que se debió modificar en la anterior legislatura, y no solo porque tocaba, sino también por necesidad: insuficiencia de recursos, desigualdades territoriales aleatorias o falta de transparencia del sistema. Esta revisión alcanzará a la tributación de la riqueza –renta, sucesiones y donaciones y patrimonio– y también debería ponerse un poco de orden en los tributos propios de las comunidades, la mayor parte de ellos ligados a la llamada tributación medioambiental.

Seguramente tampoco se debería olvidar que la Ley del IVA acumula demasiados parches por la transposición de normativa de la UE y por múltiples adaptaciones a la jurisprudencia comunitaria, aparte de cuestiones puntuales como la obsolescencia de la modalidad de actos jurídicos documentados o que la llamada plusvalía municipal parece un tributo insostenible al tener varios frentes judiciales abiertos.

Apuesto cualquier cosa a que se seguirá hablando del fraude fiscal y de la forma de atajarlo. Y asimismo es un tema importante en el que no se puede dejar de trabajar, es cierto, si se avanza en este frente, además de mejorar la equidad, se consiguen ingresos sin exprimir a los contribuyentes cumplidores y se elimina otra distorsión en la competencia.

Por último, no podemos olvidar que nuestro sistema de pensiones es deficitario y, como en breve se agotará el remanente con el que se cierra el agujero, será preciso tomar una decisión sobre los ingresos que destinaremos a este fin.

Así que es cierto, será inevitable seguir hablando de impuestos, aunque siendo una variable importante en la economía de un país, no es lo más importante, desde luego. Como economistas pensamos que lo verdaderamente importante es el modelo económico que nos permita incrementar el PIB de forma sostenida. Ese crecimiento es lo único que podrá hacer que financiemos nuestro Estado del bienestar, que se reduzca el déficit y que se pague la deuda pública. El crecimiento del PIB, con los mismos ingresos tributarios, por sí mismo reducirá el porcentaje de déficit, y con los mismos tipos impositivos provocará mayor recaudación al aumentar las rentas de los agentes económicos y el número de personas empleadas y de empresas.

No solo tenemos que hablar de impuestos, nos engañaríamos si pensásemos que esa es la variable más importante que tenemos que despejar de cara al futuro. Hay que hablar asimismo de productividad, de tejido industrial, de modelo energético, de funcionamiento de los mercados, de distribución de la renta y de la riqueza, de crecimiento equilibrado, de las desigualdades regionales, de la creación de empleo, de la igualdad de oportunidades, de la generación de conocimiento, en definitiva, de un entramado económico que pueda afrontar con cierta holgura los vaivenes de la economía. En este sentido, como se ha demostrado en la crisis que aún estamos padeciendo, los países que tienen una estructura económica más desarrollada, más diversificada y con capacidad de adaptarse con rapidez a los cambios que exige la evolución de los tiempos han capeado el temporal con más solvencia. Sabemos que la economía depende de multitud de variables, tanto internas como externas, pero cuanta más capacidad se tenga de respuesta mejor se soslayan los problemas. Debatamos sobre los impuestos, pero en sus justos términos.

Jesús Sanmartín Mariñas es Presidente del REAF-REGAF, del Consejo General de Economistas