Las autonomías perderán 1.000 millones con la supresión de Patrimonio

No todas las comunidades autónomas pueden despreciar 660 millones de euros en ingresos impositivos como hace Madrid con el impuesto de patrimonio. Esa es la cantidad que deja de ingresar al año al establecer una bonificación del 100% al impuesto que grava el patrimonio. Y ese es el escenario en el que se pueden encontrar el resto de autonomías a partir del 1 de enero de 2017. Desde que llegó al Ejecutivo, Mariano Rajoy lo ha prorrogado de forma automática cada año y el próximo año no será una excepción.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se establecía la prórroga del tributo, con una modificación en el artículo 33 que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2017. “Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del 100% a los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir”.

La actual situación de bloqueo político, con todos los partidos políticos esperando al resultado de las elecciones gallegas y vascas, invita a pensar que no habrá Ejecutivo hasta el próximo ejercicio y que todas las comunidades estarán obligadas a bonificar este impuesto a partir del 1 de enero de 2017. El Ejecutivo de Rajoy estableció ese cambio con la posibilidad de modificarlo doce meses después ante la presión de las autonomías por no perder recursos. Pero no contó con el hecho de que habría un Ejecutivo en funciones.

Y eso supondrá un agujero de 937 millones en las arcas autonómicas, todavía muy dañadas por el impacto de seis años continuados de crisis. La más perjudicada será Cataluña, que se lleva 429 millones al año (un 45,8% del total de la recaudación), según el último informe de declarantes del impuesto de patrimonio, correspondiente al ejercicio de 2014. Esta posición se debe a que el mínimo exento fijado por ley (700.000 euros en patrimonio excluída la vivienda habitual) es inferior en Cataluña, donde están obligados a hacer la declaración aquellas personas con bienes por encima de 500.000 euros.

Unos ingresos que la administración catalana considera fundamentales para tratar de enderezar el abultado déficit público que arrastra Cataluña, que cerró el pasado ejercicio en el 2,70%, y el crecimiento imparable de la deuda pública, que rozaba los 73.000 millones de euros y el 35% del PIB. Aunque de menor cuantía también son vitales los 107,1 millones que recauda la Comunidad Valenciana, la segunda con más déficit y la primera con más deuda con respecto al PIB (41% del PIB).

Se trata del último obstáculo que se le ha presentado a las comunidades autónomas como consecuencia de que el Ejecutivo esté en funciones. El primero surgió con la falta de un techo de gasto y de una previsión de ingresos mínimos para poder confeccionar los Presupuestos autonómicos. El Gobierno de Rajoy lo justifica al decir que está en funciones y eso obligará a las autonomías a dos vías: prorrogar sus cuentas o elaborarlas con previsiones para posteriormente rectificarlas. El segundo obstáculo, que tendrá un mayor impacto, es el hecho de que el objetivo de déficit para este año no será el 0,7% pactado con Hacienda en abril, sino el 0,3% fijado con anterioridad. Esos cambios se acordaron con los responsables autonómicos de Hacienda y tan solo quedaba el trámte de ser aprobados en el Parlamento y en el Consejo de Ministros para su posterior publicación en el BOE. La meta del 0,3% es imposible de alcanzar para casi todas las autonomías y especialmente para el grupo de cinco (Cataluña, Extremadura, Murcia, y Aragón), cuyo desfase entre gastos e ingresos superó el 2% del PIB.