Apple y Dublín no quitan ojo a los abogados de Garrigues

El expediente de la Comisión Europea contra los beneficios fiscales de Apple en Irlanda aspira a convertirse en la mayor investigación sobre ayudas de Estado llevada a cabo por Bruselas y amenaza con desencadenar un choque frontal sin precedentes entre la UE y EE UU. Pero bajo los superlativos que acompañan al caso se encuentra la letra pequeña de una jurisprudencia marcada por un litigio entre España y Bruselas en el que el despacho Garrigues ha logrado ya derrotar una vez a la Comisión Europea.

El Gobierno irlandés no quita ojo a ese juicio y cruza los dedos para que el veredicto definitivo, que se espera en torno a finales de año, confirme la victoria de Banco Santander y de Autogrill, las dos empresas defendidas por Garrigues que en 2014 lograron que el Tribunal General de la UE anulase en primera instancia un dictamen de la CE sobre ayudas de Estado. Bruselas recurrió en casación y el Gobierno irlandés (como el español y el alemán) se personaron en ese nuevo litigio en apoyo de las tesis de Garrigues.

Para Apple, que afronta una devolución potencial de 13.000 millones de euros en ayudas de Estado, el desenlace del litigio también resultará decisivo. Aunque no se trata de expedientes exactamente iguales, si la CE pierde definitivamente el caso sobre España, la multinacional estadounidense tendría un valioso precedente al que agarrarse. De lo contrario, los abogados de la multinacional (del despacho Freshfields) se enfrentarán a una Comisión muy reforzada.

“Si los jueces no confirman nuestra victoria, Irlanda y Apple lo tendrán muy difícil porque en nuestro caso la posición de la Comisión es aún más radical que en el suyo”, advierte José Luis Buendía, el socio-director de la delegación de Garrigues en Bruselas y uno de los artífices derrota de la CE en 2014.

Bruselas acusa a Dublín de haber preparado un traje fiscal a la medida (en forma de tax ruling) para la compañía de la manzana. En España, la Comisión fue más lejos y cuestiono una norma general.

La clave del conflicto gira en torno al carácter selectivo de las presuntas ayudas, una condición imprescindible para que los jueces dictaminen que se trata de subsidios ilegales. En el caso español, la Dirección General de Competencia de la CE concluyó que la legislación española ofrecía a las empresas de dimensión internacional una ventaja selectiva, al permitirles desgravarse el fondo de comercio derivado de sus operaciones de expansión fuera de España. Ese régimen favoreció las compras realizadas en el extranjero antes de la crisis por empresas como Banco Santander (Abbey), Telefónica (O2) o Iberdrola (Scottish Power). Bruselas exigió a España la recuperación de parte de esas supuestas ayudas fiscales.

• Desenlace

Los jueces del Tribunal General europeo rechazaron las tesis de la CE y negaron el carácter selectivo del régimen por encontrarse disponible para cualquier empresa que realizase una fusión transfronteriza y generase una desgravación. Pero la CE presentó recurso en casación y todavía confía en darle la vuelta al partido y lograr que la corte europea acepte en última instancia sus planteamientos.

“Si lo logra, significará que cualquier norma fiscal europea es potencialmente una ayuda de Estado”, advierte Buendía. Eso abriría la puerta a una armonización fiscal por la puerta de atrás, objetivo oculto que, según algunos analistas, persigue la CE con sus ataques a través de la normativa sobre ayudas de Estado contra Irlanda (Apple), Holanda (Starbucks) o Luxemburgo (Fiat).

El pasado 28 de julio, el abogado general de la máxima corte europea se decantó a favor de la Comisión y en contra de Garrigues. Todas las partes esperan ahora el desenlace de un caso que ha dejado de ser español para convertirse en universal.