Fomento empieza a vetar las ofertas temerarias en sus concursos

El sector de la obra pública, acostumbrado en los últimos años a una espiral de precios a la baja por los contratos de obras y servicios de ingeniería, está asistiendo a incipientes modificaciones en los pliegos de los concursos del Ministerio de Fomento al fijarse exigentes umbrales de temeridad para las ofertas.

La tradicional laxitud con las llamadas bajas temerarias, así como la preponderancia de la vertiente económica sobre los aspectos técnicos en la valoración de las ofertas, habían convertido las licitaciones en subastas de facto, en las que ganaba el que estaba dispuesto a hacer el trabajo por menor dinero. Las quejas de empresas y patronales al respecto no han dejado de producirse a lo largo de toda la crisis.

Fuentes del sector explican que está siendo la aplicación directa de tres directivas, que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, la que está acabando con la “casi obligada” guerra de precios. Estas normas son la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública (deroga la Directiva 2004/18/CE), y la Directiva 2014/25/UE sobre la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. No pudieron ser transpuestas en tiempo y forma –el límite estaba fijado el 18 de abril de 2016–, debido a la disolución de las Cortes en octubre de 2015, y su aplicación ahora es directa.

La revolución ha arrancado en una decena de contratos de ingeniería de proyecto y control de obra. Si la regla, tal y como marca el artículo 85 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, era permitir ofertas hasta 10 puntos porcentuales por debajo del valor medio de todas las propuestas recibidas en un concurso, los pliegos colocan ahora el umbral de temeridad en 2,5 puntos porcentuales por debajo de la media. Rebasando esos niveles, las empresas entran en zona de descalificación.

Las fuentes consultadas comentan que fue la Subdirección general de Planificación y Proyectos la que dio el paso de endurecer los pliegos, siendo seguida por la Subdirección de Construcción del Ministerio de Fomento.

El de un mayor control a las bajas temerarias es uno de los grandes caballos de batalla de constructoras e ingenierías. Estas últimas, representadas por Tecniberia y Fidex, vienen afirmando que las adjudicaciones por precio desembocan en los habituales modificados en los contratos. Los servicios de ingeniería y consultoría suelen pesar del 3% al 5% en el presupuesto total de una obra pública, volumen que este tipo de empresas consideran insuficiente y comparan con el 10% destinado en otros mercados europeos.

En las últimas semanas se han dado procesos en los que han concurrido más de 40 empresas y de los que han quedado eliminadas más de una decena por bajas desmesuradas.

• Otros frentes

Las directivas europeas también hablan a las claras de que la práctica común en la contratación debe ser reconocer la aportación técnica en las ofertas sobre el apartado económico, como reconocimiento del valor del trabajo intelectual de ingenierías y constructoras.

Durante los últimos ejercicios ha sido especialmente el Adif, principal promotor de obras de Fomento, quien más ha tensado la cuerda en los concursos. La empresa responsable de la infraestructura ferroviaria daba un 75% de la puntuación a las ofertas económicas, por un 25% que pesaba la propuesta técnica. Además, acabó con la figura de la revisión de precios de las materias primas a pesar de que la tendencia en los contratos ha sido la de extender plazos de obra para reducir el montante de las certificaciones.

La batalla que pierden por el momento las ingenierías es la de evitar la subasta electrónica en la adjudicación de contratos. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha rechazado un recurso de la patronal Tecniberia, por un fallo de procedimiento, contra una adjudicación de Aena en el aeropuerto Tenerife Sur.